Congelan licitación de brazaletes electrónicos por disputa legal

Mantener vigilados a los condenados por delitos de connotación sexual, supervisar a los autores de violencia intrafamiliar y, a la vez, tener la posibilidad de alertar a las víctimas si es que un agresor está cerca de sus viviendas. Estos son algunos de los usos que se busca dar a los brazaletes electrónicos en el país.

Su utilización se enmarca en una iniciativa gubernamental, que actualmente se encuentra detenida. El motivo: la licitación del dispositivo está congelada desde hace casi tres meses, luego de que una de las empresas que participó en el proceso, presentara una demanda de impugnación ante el Tribunal de Contratación Pública.

En esta acción se planteó que en el proceso, encabezado por Gendarmería, se incurrió en actos arbitrarios. La causa sigue abierta, pero, según sostuvo ayer el subsecretario de Justicia, Juan IgnacioPiña, ya hay un acercamiento entre las partes.

La medida afecta a una iniciativa destacada por el Presidente Sebastián Piñera en el discurso del 21 de mayo del año pasado, cuando afirmó que estos dispositivos se utilizarán con "internos de baja peligrosidad", para que puedan "trabajar y someterse a programas eficaces de rehabilitación, siempre con brazaletes electrónicos, para poder proteger a las chilenas y chilenos".

PROYECCION DE DEMANDA

El origen del conflicto se remonta a la primera de dos licitaciones, cuando se invitó a las empresas a participar en la contratación del sistema de "Monitoreo Telemático de Condenados".

En esa primera licitación, que concluyó en mayo pasado, se entregaron detalles inéditos acerca de las expectativas del uso que se daría a estos dispositivos que, a través de un sistema de monitoreo GPS, permiten conocer la ubicación exacta de los condenados y así vigilar que cumplan con las restricciones impuestas por la justicia.

Según la proyección de Gendarmería, el próximo año habría 6.670 reos con reclusión parcial y otros 1.073 condenados con libertad vigilada intensiva y pena mixta, por lo que los usuarios serían 7.743, en 2014. El análisis económico de la licitación agrega que para 2015 se proyecta que 9.813 reos usarían el brazalete electrónico.

PRESUPUESTOS

La licitación del dispositivo indica que el presupuesto total para el servicio es de $ 35.153.352.000 . Asimismo, detalla que el costo por cada monitoreo continuo (para los condenados a libertad vigilada intensiva) es de $ 3.500. Para los monitoreos de arrestos domiciliarios, el presupuesto es de $ 2.450.

Para la instalación y desinstalación de los aparatos de monitoreo continuo se destinaron $ 15.000 por unidad, mientras que el mismo proceso, para los que están con arresto domiciliario, alcanzó los $ 30.000.

De las tres empresas que se presentaron para esta licitación, la única que cumplió con los requisitos e hizo una propuesta formal fue la empresa estadounidense SecureAlert, que finalmente no fue considerada, ya que, según los cálculos de Gendarmería, se excedían en cerca de $ 6.000 millones en el presupuesto otorgado. La licitación, por ende, fue declarada desierta. El 23 de mayo, Gendarmería presentó en Mercado Público, un nuevo llamado a licitación al sistema de "Monitoreo Telemático de Condenados".

El 5 de junio, el abogado Jaime Puyol, representante de SecureAlert, presentó un recurso ante el Tribunal de Contratación Pública, donde pide que "se deje sin efecto los actos ilegales y arbitrarios dictados por Gendarmería en la evaluación de la licitación y, en consecuencia, que se proceda a reevaluar y admitir la oferta económica emitida por mi representada".

Según el escrito, al indicarse que la propuesta se excedía del presupuesto "no se contempló la implementación gradual del monitoreo, se proyectó de forma arbitraria una estimación del número de dispositivos que se iban a requerir y se concibió a los precios referenciales como máximos, dando inicio a una cadena de errores".

Otro de los argumentos presentados por la empresa, que dieron pie a un segundo recurso, fue que los precios unitarios fijados por Gendarmería son inferiores a los del mercado internacional.

Este medio se contactó con el abogado de la empresa, pero declinó referirse al caso.

VERSION DE GENDARMERIA

La respuesta al tribunal por parte de Gendarmería fue firmada por el director de la entidad, Marco Fuentes, quien indicó que "si el referente estima que el precio referencial era 'irreal, sin relación alguna con el precio del mercado internacional', conociendo la importancia que dicho parámetro tenía en la evaluación, debió hacerlo presente en la instancia y oportunidad correspondiente".

Agregó que la estimación de usuarios se hizo en base a la información estadística con que cuenta el servicio y que, incluso, en las bases técnicas se indicó que "el sistema debe dimensionarse para manejar holgadamente una capacidad de 10.000 usuarios monitoreados de forma simultánea.

Por su parte, el subsecretario de Justicia, sostuvo ayer que "las discrepancias que se habían producido con el proponente se solucionaron a instancias del propio tribunal".

Añadió que, si bien se perdió la "holgura" de tiempo con que se contaba inicialmente, "los brazaletes van a estar operando, y a disposición (de los organismos) en este período presidencial".