Congreso boliviano cita a declarar a tres ministros por represión a indígenas

Tres ministros del gabinete del Presidente Evo Morales fueron citados al Parlamento boliviano, controlado por el oficialismo, para responder mañana sobre la violenta represión policial en la Amazonía de unos 1.500 indígenas que protestan contra una carretera financiada por Brasil que atravesará un parque natural, informó hoy esa institución.

Los ministros citados son el de la Presidencia, Carlos Romero; de Obras Públicas, Walter Delgadillo, y de Gobierno (Interior), Wilfredo Chávez, que juró el cargo el martes, tras la dimisión de su predecesor, Sacha Llorenti, por causa de la represión policial.

La interpelación fue planteada por tres parlamentarios del partido del Presidente Evo Morales, el Movimiento Al Socialismo (MAS), para investigar la actuación del medio millar de policías que intervino el domingo la marcha indígena en la Amazonía.

La represión contra los nativos amazónicos, de la que ninguna autoridad se ha hecho responsable hasta el momento, derivó en una oleada de protestas en todo el país contra Morales y desató una crisis en su gabinete de ministros.

Además de Llorenti, también renunció la ministra de Defensa Cecilia Chacón, pero por su desacuerdo con la operación policial.

El diputado oficialista Juan Carlos Sejas, uno de los que pidió la interpelación, dijo a los medios que no se puede justificar la violencia, "venga de donde venga", y anticipó que recomendarán "sanciones para los responsables que cometieron excesos".

Sin embargo, la diputada opositora Elizabeth Reyes, de Unidad Nacional (UN), dijo que la interpelación será "una reunión de amigos" porque el reglamento no da lugar al debate y sólo permitirá preguntas de los oficialistas que plantearon el interrogatorio.

El presidente Morales tildó de "imperdonable" el ataque policial, luego pidió perdón a los indígenas por la intervención, pero también negó que él o sus ministros hayan ordenado la misma, sin identificar a la autoridad responsable de la acción de los agentes.

El gobierno quiere volver a dialogar con las etnias, pero estas están decididas a reanudar su caminata y anunciaron que sólo se reunirán con las autoridades al llegar a La Paz.

Los indígenas y grupos ambientalistas rechazan la construcción de una carretera de más de 300 kilómetros, que está a cargo de la brasileña OAS, porque temen que cause daños ambientales en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) y promueva la invasión de cultivadores de coca, base de la cocaína. El Tipnis colinda con la región del Chapare, donde Morales todavía preside sindicatos de productores de coca a los que el mandatario ha prometido más tierras.