Congreso colombiano retoma hoy discusion de proyecto que permitiría reelección de Uribe

La Cámara de Representantes (diputados) de Colombia retomará hoy la discusión del texto final del proyecto de ley que cita a un referendo popular mediante el cual se habilitaría la candidatura del Presidente Alvaro Uribe para un tercer mandato consecutivo.

Anoche se discutió y hoy proseguirá el debate del texto que pasará a revisión de la Corte Constitucional para convocar la consulta, ya que el contenido se cambió -durante los meses que duró su aprobación- para permitir que Uribe pudiera estar entre los candidatos en 2010.

La discusión de la noche del martes en la Cámara giró sobre los impedimentos que pesan sobre varios de los congresistas.

Algunos de ellos, 86 en total, están siendo investigados de manera preliminar por la Corte Suprema de Justicia debido a que durante los debates de aprobación de la norma -que anoche cumplía el trámite de conciliación del texto final- votaron en favor sin que se hubiera certificado por parte de la autoridades electoral las cuentas con las que se financió la recolección de firmas que avalaron el proyecto de ley.

Para blindarse ante la investigación, los congresistas, todos afines al gobierno, usaron una estrategia que implicó someter a votación de la plenaria de la Cámara, uno por uno, los impedimentos para lograr con ello cierto respaldo institucional.

Hasta la media noche del martes sólo se votaron 10 de los 92 impedimentos y hoy los congresistas retornaran a las discusiones a partir de las 15 horas locales en una nueva jornada que promete ser extensa como la anterior.

El gobierno confía en tener como mínimo 84 votos para que el texto final de referendo sea aprobado y se inicie así el control constitucional en el tribunal correspondiente.

Los partidos de oposición, entre tanto, denunciaron anoche supuestos ofrecimientos de puestos burocráticos por parte del gobierno a los congresistas de la coalición para asegurarse los votos que avalen el trámite final del referendo, lo que fue rechazado por el ministro de Interior y Justicia, Fabio Valencia.