Congreso peruano debate si censura a primer ministro y a titular de Interior
Las mociones de censura fueron presentadas el jueves por diversas agrupaciones políticas.
El Congreso peruano comenzó hoy el debate de sendas mociones de censura contra el primer ministro, Yehude Simon, y la titular de Interior, Mercedes Cabanillas, por los hechos violentos en la Amazonía peruana, que se saldaron el pasado 5 de junio pasado con la muerte de 24 policías y 10 civiles.
El presidente del Congreso, Javier Velásquez, explicó hoy que los legisladores debatirán por 90 minutos las dos mociones, aunque aclaró que las censuras contra Simon y Cabanillas se votarán por separado, al dar inicio a la sesión del pleno, que comenzó cerca de las 10.00 hora local (11.00 horas de Chile), media hora después de lo previsto.
Las mociones de censura fueron presentadas el jueves pasado por diversas agrupaciones políticas después de las interpelaciones de Simon y Cabanillas, quienes aseguraron que respetarán la decisión del Parlamento.
De acuerdo al reglamento del Congreso, para que progrese una moción de censura se necesitan 61 votos de los 120 miembros del Legislativo peruano.
La eventual censura a Simon, que implica la caída del Gabinete, contaría hasta el momento con el apoyo de 53 legisladores.
El apoyo a esta medida viene principalmente del Partido Nacionalista Peruano (PNP), del ex comandante Ollanta Humala, así como de la conservadora alianza Unidad Nacional y de la Alianza por el Futuro (AF) del ex presidente Alberto Fujimori, según el diario La República.
Este rotativo también publicó hoy que los fujimoristas votarían a favor de la censura de Simon, pero le darían su respaldo a Cabanillas.
El fin de semana pasado, Simon anunció que "seguramente" dejará el cargo "en las próximas semanas", pero se negó a dimitir antes de la moción de censura.
Las comunidades amazónicas iniciaron el 9 de abril una gran protesta contra varios decretos legislativos, que duró dos meses y degeneró el pasado 5 de junio en violentos enfrentamientos con la Policía que dejaron 34 muertos.
Tras esto, el Gobierno dio marcha atrás en la aplicación de dichas leyes y logró que el Congreso las derogara.
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