Congreso peruano deroga leyes que provocaron protesta indígena

El Congreso de Perú derogó hoy dos leyes rechazadas por las comunidades indígenas del Amazonas por considerarlas lesivas a sus derechos y que fueron motivo de una violenta protesta que dejó un saldo de 34 fallecidos.

Las leyes 1090 y 1064, aprobadas en 2008 para regular el uso y explotación de los recursos naturales de la selva, fueron anuladas con 82 votos a favor, 12 en contra y cero abstenciones, al cabo de un debate parlamentario de más de dos horas.

Según los indígenas, dichos decretos contravenían su derecho a la consulta contemplado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Específicamente, la ley 1090 buscaba regular y supervisar el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, incluyendo concesiones de ecoturismo y de conservación, a través de una autoridad dependiente del Ministerio de Agricultura.

Su aprobación respondió a las modificaciones realizadas a la legislación peruana para adecuarla a los pedidos de sectores ecologistas de Estados Unidos previos a la ratificación del Tratado de Libre Comercio con Perú.

Por su parte, la norma 1064 establecía que las tierras de uso agrario quedan sujetas a la servidumbre del paso de oleoductos, gasoductos e instalaciones para la exploración y explotación minera y petrolera.

El legislador Raúl Castro Stagnaro, de la opositora Unidad Nacional, defendió el voto en contra de la derogación de esta alianza conservadora, al afirmar que las referidas leyes estaban orientadas a regular y atender a las necesidades de los pueblos amazónicos y proteger su medio ambiente.

El presidente peruano, Alan García, invocó ayer a la reconciliación, en mensaje televisado, tras afirmar que "es mejor una rectificación valerosa que una obstinación".

"Por ello, pido públicamente que el parlamento apoye (la derogación)", señaló García, quien aseguró que "la tala ilegal y el contrabando de la madera, la siembra ilegal de la coca y la minería ilegal han destruido más de diez millones de hectáreas".

En tal sentido, el jefe de Estado defendió que el Gobierno quería "poner orden, una exigencia también de los sectores progresistas y ecologistas de Estados Unidos para la firma del Tratado de Libre Comercio".

El gobernante admitió que nunca se consultó a los dirigentes de las comunidades indígenas sobre estos decretos, lo que consideró como el inicio de la "sucesión de errores y exageraciones" que han vivido todos y de la que sale perdiendo el país.

Esta mañana el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, declaró que "hoy día la noticia es la unidad y la reivindicación del Estado peruano con los nativos".

"Primero es el Perú, la paz y la tranquilidad; yo quisiera que se le pregunte a los ciudadanos si no están contentos con la tranquilidad y la pacificación, aunque pueda significar para algunos una derrota del Estado", manifestó.

El Parlamento aprobó también una interpelación contra Simon y la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, para el próximo miércoles, por los violentos sucesos ocurridos en Bagua el pasado 5 de junio, que se saldaron con la muerte 24 policías y diez civiles, entre ellos indígenas.

Sobre esa interpelación, el primer ministro comentó que él no está ocupado "en el ruido político que no produce, sino en la que sí produce: la lucha contra la pobreza y la unidad nacional".

No obstante, agregó que está dispuesto a responder a "200 pliegos interpelatorios".

El jefe del gabinete manifestó su tranquilidad por tener el respaldo de la población y del mandatario peruano, quien le extendió ayer su apoyo en el mensaje a la nación.

Simon ha anunciado que renunciará a su cargo en unas semanas, cuando la tranquilidad retorne al país, después de haberse sentado a dialogar con un grupo de líderes nativos y proponer la derogatoria de las llamadas leyes de la selva.