Consejo minero y eléctricas prevén agilización de proyectos con nuevo reglamento del SEA

Como un avance calificaron representantes de los gremios que agrupan a las empresas del sector minero y las generadoras eléctricas el nuevo reglamento del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que actualiza los procedimientos para evaluar los proyectos de inversión y mejora los plazos reglamentarios en materia ambiental.

El presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, estimó que "la promulgación del reglamento del SEIA es claramente un avance. Entre otras cosas, aporta claridad sobre cuándo corresponde presentar un Estudio de Impacto Ambiental y respecto a aspectos de su contenido"

Agregó que en la medida que se comience a aplicar la nueva regulación o "habrá más certezas, y consiguientemente debería reducirse la judicialización de los proyectos".

En tanto, René Muga, gerente general de la Asociación de Generadoras sostuvo "creemos que es un avance, hay plazos y procedimientos que se mejoran en el reglamento respecto de los actuales".

Si bien Muga afirmó que es difícil hacer una estimación de cuánto tiempo se reducirán los plazos, aseveró que éstos debieran acortarse de manera importantes.

El representante de las generadoras valoró que el nuevo reglamento establezca de mejor manera el rol de coordinador que tiene el SEA en el proceso de evaluación, que ordene toda la administración de los permisos ambientales sectoriales y que el diseño permita que haya un ejercicio más eficiente y eficaz de la labor del servicio como una ventanilla única.

En ese mismo sentido, Villarino destacó que los órganos de administración de Estado que participan en las evaluaciones de impacto ambiental deban pronunciarse exclusivamente respecto a materias del ámbito de sus competencias, porque "eso contribuye a la agilidad y al resguardo del carácter técnico de los procesos de evaluación de proyectos de inversión".

En tanto Muga advirtió que existen algunos puntos que podrían haber quedado mejor definidos. "Por ejemplo, que es lo que se entiende cuando se habla de cambio sustancial dentro de un proyecto, no quedó suficientemente claro", explicó.

Sin embargo recalcó que hay otras materias en que sí hay una mayor especificación.

"Por ejemplo, está mucho más preciso cuando se califica que un proyecto tiene que pasar por una evaluación ambiental o cuando basta con una declaración de impacto ambiental", apuntó.

CONSULTA INDIGENA

Otra materia que falta por quedar completamente definida tiene relación con la consulta indígena que deben hacer los titulares de proyectos de inversión cuando sometan sus planes ante el Servicio de Evaluación Ambiental.

Esto, porque si bien en el nuevo reglamento del SEA se estipula cómo y cuándo realizar la consulta, aún está pendiente la norma general que regulará todo el procedimiento de consulta indígena para todo ámbito de iniciativas en el país y que deber adecuarse al Convenio 169 de la OIT.

En este sentido, Villarino valoró que el reglamento señale en qué casos debe realizarse un proceso de consulta y cómo efectuarla, aunque "sin perjuicio que sus etapas sean las que en definitiva se establezcan en el reglamento general de consulta indígena".

En tanto, Muga calificó como positivo que de alguna forma en el reglamento del SEA se entregue mayor certeza de cómo se implementa la consulta para los proyectos de inversión, aunque sostuvo que todavía queda algún espacio de incertidumbre, porque la norma general aún no existe.

"Qué pasa cuando no existen acuerdo en el proceso de consulta, cuando se trata de realizar un proyecto de inversión, por ejemplo. Aspectos que deberían estar resuelto en este reglamento que todavía no existe", advirtió.

Aunque aclaró que la norma general de consulta indígena que será definida a futuro "de ninguna manera inhabilitará el actual procedimiento establecido, sino que probablemente lo fortalecería y daría más certeza de cómo se va aplicar".

La semana pasada la mesa de consenso, integrada por representantes de los 9 pueblos originarios del país y personeros del gobierno entregaron los resultados del trabajo para definir el nuevo Reglamento de Consulta Indígena, de acuerdo a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, y que reemplazará al actual Decreto Supremo 124, el cual es resistido e invalidado por los pueblos indígenas porque fue creado el año 2009 de manera inconsulta.

En dicha ocasión el ministro de Desarrollo Social, Bruno Baranda explicó que "hemos llegado a acuerdo en 17 de 20 artículos, pero hay 3 artículos donde hemos llegado a acuerdos parciales y esperamos seguir profundizando nuestro compromiso con los pueblos indígenas".