Contraloría revisará decisión de Dipreca de mantener régimen previsional de Myriam Olate

La rebaja de la pensión de Myriam Olate, de $ 5,4 millones a $ 1,5 millón, tras el proceso invalidatorio realizado por la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca) concluido el lunes, está lejos de cerrar el capítulo de los denominados "jubilazos" en Gendarmería.

Ello frente a la existencia de posibles discrepancias entre Dipreca y la Contraloría respecto del cumplimiento por parte de Olate de los requisitos para imponer en esa caja de previsión. Esto ya que en varias ocasiones desde 2012 el órgano contralor dictaminó que Olate debería trasladarse y pensionarse en una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP).

Ayer, el organismo admitió que luego de recibir las resoluciones de Dipreca que pretenden dar término al procedimiento invalidatorio de 11 pensiones objetadas por Contraloría en su dictamen del 9 de agosto de 2016, incluida la de Olate, realizarán un "estudio detallado de juridicidad de las mismas, en virtud de sus facultades constitucionales (artículo 98 de la Constitución) y legales, informando sus resultados una vez que dicho examen de legalidad esté concluido". Pese a lo anterior, el director de Dipreca, Jaime Gatica, reafirmó la decisión de la entidad y señaló que "al revisar todos sus antecedentes laborales (de Olate), encontramos que había 20 años por los cuales ella debería pertenecer a Dipreca. Reconocemos que en esos 20 años ella cumple los dos requisitos: ser de planta y estar trabajando en un penal", sostuvo.

Discrepancias

De acuerdo a la resolución emitida el lunes por Dipreca, el cumplimiento de 20 años y 11 días de servicio activo en Gendarmería por parte de Olate explican la decisión de "mantenerla en este sistema previsional hasta el día 21 de mayo de 2014, fecha en la cual desempeñaba el cargo de profesional a contrata asimilado al grado 6° de la Escala Única de Sueldos (EUS)". Agrega que desde el 22 de mayo de ese año, cuando la ex funcionaria asumió como subdirectora técnica en forma transitoria y provisional grado 3° y pasó a formar parte de la planta directiva de Gendarmería, dejó de cumplir con "el requisito de desempeñar sus funciones de manera permanente en un centro penitenciario", y por tanto, dejó de pertenecer a la caja.

Sin embargo, la visión de Contraloría es diferente. En su dictamen del 9 de agosto del año pasado, el organismo cita antecedentes que evidencian que desde 2012 Olate no cumplía las exigencias para permanecer en esa caja previsional, básicamente en lo que se refiere a ser funcionaria de la planta de oficiales y desempeñarse en una unidad penal.

Así, precisa por ejemplo, que mediante la resolución N° 347 de 2015, de Dipreca, se otorgó pensión de retiro a Olate pese a que en diciembre de 2012 Contraloría realizó una auditoría a la entidad que planteó "que la señora Olate Berríos, entre otros funcionarios, no cumplía con los requisitos para ser imponente de esa caja previsional", instruyéndose "remitir las erogaciones recibidas de Gendarmería de Chile de esa servidora a la AFP que la Superintendencia de Pensiones señalase".

Asimismo, el mismo dictamen cita un documento del 7 de octubre de 2014 que afirma que "se dejó constancia que la objeción antes referida no había sido corregida, en la medida que Gendarmería no dió respuesta a las solicitudes de Dipreca respecto de la AFP a la cual estaba adscrita la funcionaria y en lo tocante a abstenerse de remitir las erogaciones de esta última".

Incluso, señala un oficio de 2012 dirigido a Gendarmería, en que Dipreca expresó que "con fecha 1 de octubre de 2012, se procedió a desvincular de este sistema previsional a los siguientes funcionarios de Genchim, por las razones que se señalan: Señora Ema (Myriam) Olate Berríos, toda vez que se encuentra erogando cotizaciones en esta institución desde octubre de 2010, fecha desde la cual, ostenta un cargo de contrata destinada a la dirección nacional, no cumpliendo así con ninguno de los requisitos exigidos por la Ley".

En su resolución del lunes, Dipreca fundamenta su decisión de mantener la pensión de Olate en la Caja con base al principio de conservación de propiedad del cargo, según el cual un funcionario, "aunque tenga la calidad de contrata, continúa sujeto al estatuto jurídico de ese cargo,y por lo mismo, afecto a los mismos derechos, obligaciones y prohibiciones, por lo que corresponde mantener la afiliación al régimen previsional.

Respecto del lugar de desempeño de las funciones, Dipreca argumenta que "la pregunta que debe hacerse es si resulta necesario que el funcionario preste efectivamente servicios en una unidad penal o si basta con que un acto administrativo así lo establezca".