Controversia por frase de ex diputado español que dijo que las "leyes son como las mujeres, están para violarlas"

A principios de esta semana, en una reunión del Consejo General de la Ciudadanía en el Exterior, órgano consultivo y asesor perteneciente al Ministerio de Empleo español, el titular del consejo, el ex diputado del PP por Galicia, José Manuel Castelao Bragaño (71), estaba molesto porque no podía obtener el acta final de una reunión de la mesa de Educación y Cultura. Faltaba un voto para formalizar el documento y Castelao en su aputo dijo. "No pasa nada. ¿Hay nueve votos? Pongan diez… Las leyes son como las mujeres, están para violarlas", según explicaron varias de las personas que estuvieron ese día en la reunión.

Esta frase despertó el enojo e incomodidad de los asistentes quienes juntaron firmas y se las entregaron al director general de Migraciones, Aurelio Miras Portugal, en el que exigían a Castelao Bragaña disculpas públicas.

La cadena SER recogió posteriormente el argumento de Castelao: "Hice una referencia a la histórica frase que dice que la ley es femenina, está para violarla. Pero que quede claro, fue en una reunión privada y en un contexto que de ninguna manera apuntaba a lo que la frase expresa, justamente al revés. Yo estoy completamente en contra de cualquier tipo de violación, soy un admirador educado y respetuoso de la mujer. Soy hijo de mujer, esposo de mujer y soy de una tierra Galicia donde la mujer ha tenido un papel muy importante".

Durante esta jornada el diario El País informó que Castelao Bragaño presentará en las próximas horas su dimisión al cargo, aunque aclara que no tiene nada que ver con el episodio que generó controversia: "Nadie me ha pedido mi renuncia. Tengo una situación personal por la que no puedo afrontar el cargo. No tiene nada que ver con lo sucedido, aunque es cierto que todo suma", dijo por teléfono.

Es la segunda vez que el abogado gallego preside el Consejo General de la Ciudadanía en el Exterior "que agrupa a los españoles que viven en el extranjero y que tiene como objetivo garantizar su derecho al voto o a la participación en las administraciones públicas. En esta ocasión su nombre fue propuesto por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y votado después por el pleno del Consejo. Su mandato no duró una semana", apuntó El País.