Convocan para febrero el llamado a juicio por matanza que provocó destitución de Fernando Lugo en Paraguay

Un juez paraguayo convocó para el 14 de febrero próximo la audiencia para definir el llamado a juicio en el proceso por la matanza de Curuguaty (nordeste), que provocó la destitución en junio pasado del entonces presidente, Fernando Lugo, informó hoy la agencia pública IP Paraguay.

El juez José Benítez convocó esa audiencia preliminar que se llevará a cabo en la sede regional del Poder Judicial, en la ciudad de Coronel Oviedo, a 130 kilómetros al este de Asunción, detalló la fuente.

El magistrado decidirá en esa ocasión si eleva a juicio oral el proceso que afrontan 14 campesinos, dos de ellos menores de edad, como presuntos responsables de la matanza de Curuguaty.

Los procesados fueron imputados por los delitos de homicidio doloso, asociación criminal e invasión de inmueble, tras el enfrentamiento a tiros en el que murieron seis policías y once campesino el 15 de junio pasado en esa localidad rural.

El tiroteo se produjo durante una operación policial de desalojo de campesinos "sin tierras" de la finca que se disputan el Estado y la familia del recientemente fallecido político y empresario Blas N. Riquelme, en Curuguaty.

Esa masacre, sin precedentes en la lucha por la tierra en el país, fue el principal detonante del controvertido juicio político promovido por el Legislativo, que concluyó con la destitución de Lugo y la asunción a la Presidencia del entonces vicepresidente, Federico Franco, el 22 de junio.

La Fiscalía, en su informe final tras la investigación, sostuvo que los policías "cayeron en una emboscada preparada y planificada previamente por ocupantes armados", mientras que los abogados de los procesados aseguran que hay pruebas que demuestran que los agentes fueron asesinados por "expertos tiradores" y no por los campesinos.

Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como representantes en Asunción de las Naciones Unidas y grupos civiles y activistas de los derechos humanos locales exigieron en su día el esclarecimiento de esos hechos.