Corea del Sur vigilará a 37 mil ex convictos
800 efectivos de las fuerzas de seguridad se abocarán a vigilar a 37 mil ex convictos con el argumento de que la mayoría de los crímenes violentos acaecidos en las pasadas semanas estuvieron protagonizados por personas con antecedentes penales.
La policía de Corea del Sur ha decidido crear un equipo especial para prevenir delitos violentos y sexuales tras varios casos de agresiones, asesinatos y violaciones que han conmocionado a la sociedad surcoreana, informó hoy a Efe una fuente policial de Seúl.
El equipo, que contará con 800 efectivos de las fuerzas de seguridad, se centrará en vigilar a 37.000 ex convictos con el argumento de que la mayoría de los casos acaecidos en las pasadas semanas estuvieron protagonizados por personas con antecedentes penales.
Los agentes se desplegarán en las estaciones de policía de las zonas donde hay viviendas de ex delincuentes y llevarán a cabo reuniones personales con quienes se considere plantean mayor riesgo para la seguridad pública a juzgar por sus antecedentes.
Además, la policía reforzará las patrullas en las zonas más golpeadas por la delincuencia y promoverá actividades para formar a los ciudadanos sobre cómo protegerse ante agresiones.
Las nuevas medidas han sido anunciadas solo un día después de que un hombre hiriera a dos antiguos compañeros de trabajo y dos transeúntes con un arma blanca en una calle muy transitada de Seúl, en el tercer caso similar en menos de una semana.
El pasado sábado otro sujeto apuñaló a siete pasajeros en un andén de metro en la periferia de la capital y el martes un incidente parecido en un bar se saldó con un muerto y cuatro heridos graves a manos de un ex convicto que llevaba un mes en libertad.
Los recientes sucesos han adquirido una gran relevancia entre la opinión pública surcoreana, sacudida el mes pasado por dos sonados casos de asesinato con presuntos móviles sexuales cometidos por reincidentes.
Actualmente, la policía lleva a cabo tareas regulares de control sobre ex convictos en intervalos de uno a tres meses, aunque se han planteado dudas sobre la eficacia de esta medida, ya que en ocasiones no es posible localizar a los sujetos y no existe un marco legal específico que regule tales actividades.
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