Corte Suprema de EEUU debate durante tres días reforma sanitaria de Obama

Tres días de debates se vivirán en la Corte Suprema de EEUU donde se analizará la reforma estrella del gobierno del Presidente Barack Obama: la ley de seguro de salud. Una normativa que ha levantado polémica en el país.

La ley pretende que todos los estadounidenses tengan cobertura sanitaria mediante la obligación de contratar un seguro médico y ha despertado pasiones entre quienes la consideran una intromisión gubernamental y quienes defienden  la universalidad del acceso a los servicios de salud.

La Corte inicia las audiencias para la sobrevivencia de la ley,  que si es considerada contraria a la  Constitución, podría afectar la reelección presidencial, según consigna Afp.

Se prevé que la audiencia de este lunes dure 90 minutos, destinada a  debates técnicos. Los nueve jueces, cinco nombrados por un presidente  republicano y cuatro por uno demócrata, deberán primero decidir si son  competentes para juzgar una medida que todavía no entró en vigencia.

"Se necesita un seguro médico para todo el mundo, es muy importante", dijo  a Afp Jasper Johnson, un técnico informático de 26 años, llegado a Washington desde San Francisco. Johnson forma parte de una quincena de personas que acampan desde el  viernes cerca de la Corte Suprema para asegurarse un lugar en la sala de audiencia. 

No lejos de ahí, los simpatizantes del movimiento ultraconservador Tea  Party se manifestaron el sábado para oponerse a la ley y otros adversarios del  texto aguardan, como Johnson, tratando de hacerse con un lugar en las  audiencias. 

La más alta juridicción del país no emitirá un veredicto hasta junio pero  -en señal de la importancia del asunto- consagrará seis horas de audiencia en  total a este documento colosal, todo un récord en 45 años, porque en general no  brinda más de una hora a cada demanda. 

La ley, que dotará de un seguro médico a 32 millones de estadounidenses sin asistencia en la actualidad, será examinada por una Corte de tendencia  conservadora, cuyo pronunciamiento fue requerido por el propio gobierno demócrata, por más de la mitad de los estados estadounidenses, todos  republicanos, por una organización patronal y por particulares.

El abogado de la administración Obama ante la Corte Suprema, Donald  Verrilli, "va a demostrar por qué esta ley es constitucional y por qué es importante", declaró ayer David Plouffe, alto consejero de la Casa  Blanca, a la cadena CNN.

El defensor de los 26 Estados, Paul Clement, dijo por su parte que  procurará demostrar que el Congreso ha sobrepasado sus prerrogativas constitucionales con esta legislación. "No hay precedentes", anunció este  anciano abogado de la administración de George W. Bush, deplorando también "la  incapacidad del gobierno para establecer límites". 

El centro de la controversia es la obligatoriedad para todos los  estadounidenses de dotarse de una cobertura de salud antes de 2014, bajo pena  de sanciones.  La Corte suprema abordará mañana ese aspecto y, al día siguiente, la  posibilidad de que la ley sobreviva sin esa medida.

En este intercambio jurídico, la Corte debería comenzar este lunes por  preguntarse si las multas que los estadounidenses que se nieguen a dotarse de  un seguro de salud deberán pagar, constituyen un impuesto.

Si la Corte responde afirmativamente, podría tener que acabar declarándose incompetente y retrasar el debate hasta 2015, porque en Estados Unidos no se  puede llevar un impuesto a la justicia hasta que no se ha pagado.

Retrasar el debate hasta 2015 tendría por lo tanto la ventaja de eludir  esta cuestión sensible en términos electorales hasta después de las elecciones  del 6 de noviembre, en la que el Presidente Obama buscará la reelección.

Sin embargo, el veterano abogado del gobierno Neal Katyal, que defendió la  ley en instancias inferiores, dijo que prefieren que el asunto se  resuelva ya.

"Hemos dicho a la Corte que es preferible para el gobierno y para el país  tomar una decisión ahora, cuando todo el país la desea, más que en cualquier  otro año", afirmó. "Es un tema de derecho, la elección no debería tener nada  que ver con esto".

Para el analista Ilya Shapiro, del centro de reflexión conservador Cato,  este documento bien puede costar el puesto al presidente Obama. Según Shapiro,  "si la ley es invalidada, la más grande realización de la administración Obama  desaparecería".