Crece presión sobre Peña Nieto por caso de estudiantes desaparecidos

"¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!". "¡Si no hay paz para el pueblo, que no haya paz para el gobierno!", decían a coro las miles de personas que salieron el miércoles a las calles de distintas ciudades en México para protestar por la desaparición de 43 estudiantes en la localidad de Iguala, en el estado de Guerrero. Las consignas eran el reflejo de la molestia contra el gobierno de Enrique Peña Nieto, criticado por su tardía reacción.

Los jóvenes desaparecieron la noche del 26 de septiembre, cuando algunos de ellos se enfrentaron con policías locales que los acusaron de robar los buses en que se transportaban. Según la fiscalía de Guerrero, la situación se agravó a los pocos minutos y los policías dispararon contra los estudiantes. La prensa ha señalado que sicarios también les dispararon a los jóvenes. En esos tiroteos murieron seis personas, incluidos tres estudiantes, y decenas de jóvenes fueron vistos por última vez en patrullas policiales.

El temor de los familiares sobre el paradero de los estudiantes creció la semana pasada, después de que las autoridades encontraran 28 cadáveres en fosas clandestinas. Estos aún no han sido identificados y ya se advirtió que el proceso puede demorar semanas. Las autoridades encontraron esas tumbas por las declaraciones judiciales de dos sicarios de los Guerreros Unidos que confesaron haber ejecutado a 17 de los 43 estudiantes desaparecidos.

Por los ataques producidos la noche del 26 de septiembre hay más de 30 detenidos, de los cuales, 22 son policías municipales presuntamente vinculados con Guerreros Unidos, un grupo que surgió en 2011 como una escisión del cartel de los hermanos Beltrán Leyva. Ante esto, el gobierno federal tomó el lunes el control de la seguridad de Iguala.

A la vez, crecen las sospechas contra el alcalde, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Angeles Pineda, prófugos tras las balaceras. Según un reporte del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), obtenido por el diario El Universal, la mujer ordenó al director de Seguridad Pública municipal que no permitiera que los estudiantes llegaran hasta una plaza donde ella iba a dar un discurso. Para ello debía implementar un operativo que frenara su avance y los replegara.

Pineda tenía dos hermanos, que ya están muertos, incluidos en la lista de los narcotraficantes más buscados como cabecillas del cartel de los Beltrán Leyva, del cual surgieron los Guerreros Unidos. Contra el alcalde también se presentó una demanda a mediados de 2013, por asesinar a un activista, lo que llevó a la fiscalía general a defenderse por no haber actuado antes en Iguala.

El gobierno de Peña Nieto afronta una creciente presión, no sólo nacional sino que también internacional, para esclarecer las desapariciones de los estudiantes, con pedidos explícitos de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y Estados Unidos y severas críticas de Human Right Watch.

"Ojalá que esto sea una llamada de atención, un tirón de orejas tan fuerte al gobierno actual, que les obligue a tomar este tema con la seriedad que merece", dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la organización.