DC da libertad de acción ante norma que penaliza el lucro

"En la DC no hay dos opiniones respecto al fin al lucro con fondos públicos". El presidente de ese partido, Ignacio Walker, recurrió nuevamente el viernes a esta frase -que ha buscado remarcar durante la discusión de la reforma educacional- para reafirmar el compromiso de la falange con esa medida que impulsa el gobierno. Pero lo hizo consciente de la resistencia que hay en su colectividad ante la indicación que busca penalizar con cárcel a quienes retiren utilidades de los colegios subvencionados.

Consultado por La Tercera, el senador agregó, a continuación, que "la ley penal es ultima ratio ("última razón" o "último argumento", en latín): sólo debe operar en última instancia, y este no es el caso".

Así, por primera vez, el líder DC manifestó públicamente su postura ante la indicación presentada, entre otros, por los diputado Giorgio Jackson (independiente) y Camila Vallejo (PC), que pese al rechazo inicial que generaba en el gobierno y entre los timoneles del PS, PPD y PC, terminó contando con la venia del ministro Nicolás Eyzaguirre.

En este contexto, en la directiva de la DC sostienen que se decretará libertad de acción para que cada parlamentario vote, según su parecer, ese aspecto específico de la reforma. Esto, ya que no existe una postura única al interior de la colectividad.

Si bien la enmienda es apoyada en la DC, entre otros, por el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara, Mario Venegas, existe un amplio número de dirigentes que no está de acuerdo con esa norma o que, al menos, tienen profundas dudas al respecto.

La indicación plantea una multa, además de la devolución del dinero retirado como utilidades. Y en caso de que éste no se restituya, se propone una pena de presidio menor en su grado medio a máximo, es decir, desde 541 días a cinco años y un día, lo que puede traducirse en pena remitida o efectiva.

El jefe de bancada Matías Walker sostuvo que "es un tema absolutamente opinable si es que el Derecho Penal es la herramienta más idónea como sanción". Y agregó que "no hay un acuerdo de partido y no puede haberlo, porque nosotros hemos respaldado un principio: que no haya lucro con fondos públicos".

En la misma línea, el jefe de los senadores, Jorge Pizarro, dijo que "hay que tener sanciones duras, pero no necesariamente sanciones penales", junto con recalcar que "se requiere un estudio más acabado" y que "cada cual debe formarse su propia convicción".

En tanto, el diputado y primer vicepresidente de la DC, Fuad Chahín, reafirmó que "va a haber libertad de acción", y planteó, como alternativa, "decretar la disolución de la corporación educacional".

La libertad con la que actuarán los parlamentarios contrasta con la postura unitaria que buscarán adoptar en el resto de la reforma educacional, lo que fue acordado tras un trabajo realizado por una comisión político-técnica del partido. Esa instancia fijó los lineamientos a seguir y generó propuestas para perfeccionar los distintos proyectos, que serán de carácter vinculante para todos los diputados y senadores del partido.