DC valora medidas de Piñera pero critica falta de plazos concretos

Más como "promesas de campaña" que anuncios presidenciales. Así calificaron el discurso que Sebastián Piñera emitió en su primera cuenta pública, el presidente de la Democracia Cristiana (DC), Juan Carlos Latorre; y el jefe de bancada de diputados del partido, Gabriel Silber.

Pese a ello, ambos parlamentarios agradecieron el "tono conciliador y el llamado a la unidad" efectuado por el Mandatario, y el reconocimiento que éste hizo a los ex jefes de Estado de la Concertación. Además, destacaron que Piñera haya "reconocido" que la emergencia aún no termina, tal como lo había planteado la Concertación

A su vez, valoraron varias de las iniciativas propuestas por el gobierno. Entre ellas, el ingreso ético familiar de 250 mil pesos para las personas más vulnerables y la idea de terminar con el 7% que afecta a los jubilados en sus cotizaciones de salud.

Frente a esta última y otras iniciativas planteadas por el Mandatario que anteriormente habían sido propuestas por la Concertación, Latorre aseguró que "para nosotros es positivo que el Presidente Piñera acoja propuestas de la Concertación, las haga suyas y las reenvíe al Parlamento para su aprobación".

Sin embargo, el parlamentario  confidenció que le habría gustado que la eliminación del 7% en las cotizaciones de los jubilados hubiese sido una iniciativa legal de los gobiernos de la Concertación.

"La Democracia Cristiana en muchas ocasiones se lo planteó a los presidentes de los partidos de la Concertación y a la presidenta Michelle Bachelet en el último período, nos hubiese gustado que fuera nuestro gobierno el que planteara esta iniciativa", explicó.

En tanto, el diputado Silber criticó que Piñera no estableciera fechas para concretar las propuestas, por lo que aseguró que el Ejecutivo le está endosando la responsabilidad a los próximos gobiernos.

Por otra parte, el timonel de la DC volvió a cuestionar que en el discurso no se hiciera mención al "conflicto de intereses" que, a su juicio afecta al Mandatario y a sus colaboradores, "muchos de los cuales aparecen con un vinculación histórica a grupos económicos que la ley expresamente los inhibe de participar en cierto tipo de decisiones".