Defensa de Julio Ponce: "Nuestra querella es un grito desesperado frente al abuso de la autoridad"

Con una tesis de defensa clara y sin el afán de cambiar su estrategia, los abogados del empresario Julio Ponce Lerou, Raimundo Labarca (RL) y Jorge Bofill (JB) explican los argumentos con los que quieren probar ante la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS ) y ante el fiscal José Morales que su representado es inocente de todos los cargos que le ha formulado la SVS en el denominado caso cascadas. La defensa enfatiza que Ponce nunca se concertó con terceros para configurar el supuesto esquema que detalla la entidad fiscalizadora. Aclaran además, que el empresario recurrirá a la fiscalía, el próximo 7 de marzo -y no antes por estar de vacaciones- en calidad de testigo y, por lo tanto, no tendría por qué ejercer su derecho a silencio. "Él irá a responder las preguntas que le haga el fiscal José Morales. No va con una tesis", explica Jorge Bofill.

Los abogados se defienden de las expresiones emitidas en este medio por  Paula Vial y Mario Vargas -abogados de Fernando Coloma, Hugo Caneo y Hernán López- y aseguran que no han abusado del sistema judicial ni menos que sus acciones, como la querella presentada contra Coloma por prevaricación administrativa y perjuicios particulares, tienen como finalidad dilatar, amedrentar y distraer el fondo del proceso. "Nuestra querella es un grito desesperado frente a un abuso sin precedentes de una autoridad de este país", dice Raimundo Labarca. 

Junto con esto, adelantan que parte del plan de la defensa será pedir, como parte de las diligencias probatorias, que se sume a los años de análisis del proceso, las operaciones que en 2008 concretaron las sociedades ligadas al Presidente Sebastián Piñera, que sumarían cerca de US$ 300 millones. "Si el Presidente de la República realizó unas operaciones, que en su minuto fueron válidas y que son muy similares a aquellas operaciones que se nos está reprochando, la conclusión es muy simple: o las operaciones son válidas para todos o no son válidas para nadie", dice Labarca.

¿Julio Ponce es inocente de los cargos que hoy se le hacen?

RL: Él es totalmente inocente de los cargos que le ha formulado la superintendencia. Así va a quedar demostrado. Nuestro cliente jamás se ha concertado con terceros para configurar esta teoría del esquema que se le imputa. Esta es una teoría que se basa, como lo hemos dicho, en especulaciones. No tiene ningún sustento, antecedentes ni razonamientos lógicos. Por lo tanto, está destinada al fracaso.

¿Cómo van a probar su inocencia?

JB: No tenemos que probar su inocencia. Eso significa probar que alguien no hizo algo. Lo que sostiene la defensa de Julio Ponce es que acá no hay ninguna infracción a la Ley de Mercado de Valores ni hay un delito, porque las operaciones cumplen estrictamente la ley. Son operaciones legítimas y que aquello que se sostiene de haber actuado concertadamente, no es legítimo. Tanto así que hay muchas otras personas que terminaron haciendo lo mismo y respecto de ellos la operación se considera legítima. Punto. Ese es nuestro caso.

¿Y cómo van a demostrar eso?

RL: Se va a demostrar a través de los medios probatorios que alleguemos al proceso en la etapa procesal correspondiente. Vamos a presentar informes de terceros, declaraciones de testigos, presentaciones de documentos, solicitudes de oficio y peritajes, entre otras cosas.

¿Qué responsabilidad tiene Julio Ponce en estas operaciones al ser el controlador?

RL: Julio Ponce tiene responsabilidad en relación con las operaciones que están cuestionadas en su carácter de director de estas compañías. Sostenemos que él no tiene ningún tipo de responsabilidad. Participaba en los directorios tal como participaban los directores nombrados por estos terceros (AFP) y en esos directorios muchas veces las operaciones fueron ratificadas por unanimidad. Por lo que atribuir una responsabilidad personal a Julio Ponce respecto de todo este sinnúmero de operaciones que se habrían concertado con más de la mitad del mercado de capitales, resulta por decirlo de alguna manera, aberrante.

JB: Es importante que esto no suene a que la defensa esté intentando trasladarle la responsabilidad a otros. Intentamos aclarar que la forma en que el superintendente presenta los cargos, tergiversa la forma en que opera el mercado de valores. Ese es todo el punto. Sus cargos ponen a Julio Ponce como el centro del universo.

¿Se podría concluir que todas las operaciones son impecables?

RL: La Superintendencia de Pensiones dijo que había revisado más de cuatro mil operaciones de este período investigado y sacó dos conclusiones. La primera, que todas estas operaciones habían sido hechas a precios de mercado. Y que no habían causado perjuicios a los afiliados de las AFP.

Entonces, ¿echan por tierra el argumento de colocar barreras a la entrada de nuevos inversionistas?

RL: Por supuesto. En estas operaciones participaba el mercado completo. No solamente las sociedades de la línea de control de SQM, ni las denominadas sociedades instrumentales, relacionadas y vinculadas, participaba todo el mercado. 

JB: Lo que no tiene explicación es que Moneda o AFP Habitat se hayan querellado si ellas mismas participaban en estas operaciones. Si alguien tiene que dar explicaciones son ellas, porque no se entiende que alguien se presente como víctima de determinadas operaciones, habiendo sido parte de al  menos algunas de ellas. Ellos habrían contribuido a provocar el prejuicio que reclaman a los accionistas minoritarios. Eso no es sostenible. La única forma en que se sostiene es colgándose de la tesis del esquema del superintendente que dice que los terceros, que pese a que participaron de las operaciones e hicieron lo mismo que nosotros, no son parte del esquema y uno se sigue preguntando ¿por qué?

¿Quién actuó mal en este proceso?

JB: Estas operaciones las estructuran las corredoras de Bolsa. Ellas tienen reglamentos que cumplir y si hay algo que está reconocido en esta causa, incluso por el Comité de Bolsa de Comercio, es que todas las operaciones han sido formalmente impecables en el sentido de que han cumplido todas las reglamentaciones que rigen estas operaciones.

Pero el comité las está revisando.

JB: Para ver si las cambia, pero con las reglas vigentes a la fecha,  fueron todas esas normas cumplidas. Lo peculiar de este caso es que mediante un abuso del lenguaje, el superintendente ha construido un caso completamente artificioso, usando palabras del lenguaje común como si fueran palabras con un sentido técnico. De alguna manera, ha logrado que terceros le crean a esa tesis. Habla de un esquema, pero si se busca la palabra, no hay nada que se parezca a su definición: una especie de organización de personas que se coluden para actuar de determinada manera. Habla de sociedades estructurales, relacionadas e instrumentales como si fueran un término definido, pero ese tipo de sociedades no existen.

Opinión pública

Esos son los argumentos que han presentado desde el primer día. Con el avance que ha tenido el caso, ¿habrá un cambio en la estrategia de la defensa?

 JB: Se va a mantener hasta el final. Uno no va renovando sus argumentos.

¿No sienten que su estrategia está desacreditada por la defensa de Coloma ante la opinión pública?

JB: No elaboramos tesis para la opinión pública. Lo que hacemos es levantar nuestra defensa para que los tribunales, la superintendencia o el Ministerio Público decidan lo que tengan que decidir. Si estamos pensando en la opinión pública, tendríamos un problema.  Lo que resulta difícil de transmitir como defensa, es la impotencia que a uno le genera, como abogado, el tener que argumentar como si fuera algo difícil, algo que es tan elemental como que el superintendente no tiene ninguna prueba para sus cargos, pero a pesar de eso, lo sustenta. Si no se quiere escuchar un argumento como que el superintendente tomó una decisión previa de a quién quería cargarle los dados, de modo que investigó algunas cosas y otras no, a pesar de que lo pedimos y su rechazo fue porque supuestamente no eran parte del esquema, la verdad que no se me ocurre una manera más clara de que este es un caso inventado. No se hablar más claro que eso.

Vuelco en los actos

¿Les favorece finalmente que la SVS haya realizado una segunda formulación de cargos?  

RL: Lamentamos que el superintendente, con sus nuevas formulaciones de cargos, haya involucrado a más de la mitad del mercado de capitales en algo que no tiene ni pies ni cabeza. Pero a nosotros, al final de día nos resulta indiferente.

¿Han conversado con los abogados de las partes para ver una unión de defensas, dado que los cargos son similares?

RL: No. Ellos tienen las defensas nuestras que es un privilegio que no tuvimos, gracias a la tozudez del superintendente. Este es un procedimiento que se debiera haber suspendido cuando lo pedimos, lo que fue hace tres meses. El superintendente se negó. El fundamento de la suspensión era el debido proceso y nuestro ejercicio legítimo del derecho a nuestra defensa, porque había una investigación que no se había agotado, como el propio superintendente lo había indicado y como terminó siendo ratificado con esta nueva formulación de cargos.

Pero la suspendió ahora...

RL: La suspensión de ahora desmiente inequívocamente que todas las actuaciones que realizamos con el propósito de que se suspendiera el procedimiento, formaba parte de una estrategia dilatoria, o de una batería de acciones que no tenían ningún fundamento. Los propios abogados de la defensa de Coloma han confesado que todos los derechos que ejercimos en su oportunidad, tenían asidero, al extremo que el superintendente nos hizo caso después de tres meses. ¿Por qué? Tengo la impresión que fue por el dictamen de la Contraloría. El contralor lo que le dijo en su dictamen a la SVS era que se tenía que ceñir a la Ley 19.880. Una vez que lo hizo, el superintendente entendió el mensaje, que al parecer fue bastante claro, y suspendió nuestro procedimiento.

JB: No lo quiso hacer hasta que la Contraloría le dijo que lo hiciera.

¿Aún sienten que es necesario que sea otra autoridad la que resuelva el caso?

RL: Siempre hemos dicho que queremos que los cargos formulados en contra de nuestro cliente sean resueltos por una autoridad que sea imparcial. Entendemos que Fernando Coloma no lo es.

¿En qué los podría beneficiar? ¿Podría haber un quiebre en el proceso?

RL: Esperamos que el nuevo superintendente aplique la ley, por lo tanto, lo que pedimos son los requisitos de imparcialidad que debe tener cualquier autoridad que tiene que resolver un conflicto.

A la nueva autoridad, ¿le pedirán que retome el proceso e investigue las acciones de sociedades ligadas entonces a Sebastián Piñera en el proceso?

RL: Nunca hemos dicho que esas operaciones no son legítimas. Son tan legítimas como las demás operaciones que están siendo cuestionadas en este proceso y tan legítimas como las que han hecho las AFP o idénticas a las que se cuestionan en esta investigación. Lo único que queremos es que se nos mida con la misma vara. Si el Presidente de la República realizó unas operaciones, que en su minuto fueron válidas y que son muy similares a aquellas operaciones que se nos está reprochando, la conclusión es muy simple: o las operaciones son válidas para todos o no son válidas para nadie.

RL: Pueden ser objeto de diligencias probatorias de todas maneras.

JB: Nos interesa que quede demostrado que si esas operaciones son idénticas a las nuestras y que estas sí son legítimas, las nuestras también lo sean.

En el ámbito penal, ¿están viendo una conciliación?

JB: El objetivo no es que el proceso penal termine con una salida temprana. Apuntamos a que termine porque aquí simplemente, ninguno de los cargos es justificado  y terminará con el sobreseimiento o con una decisión del fiscal de no perseverar o archivar. Pero ahora estamos en una etapa demasiado temprana para que alguien pueda sostener hacia dónde va el proceso.

¿Y qué esperan con la querella de prevaricación?

JB: La ley dice suspensión del empleo. Eso nos parece una sanción importante.

Pero él ya va a estar fuera de la SVS...

JB: No importa. Tendría un valor muy relevante para el funcionamiento de las instituciones que un tribunal declare que una persona con tanto poder como el superintendente de Valores y que abusa de él, pueda ser sancionada. El efecto específico que tenga nos resulta completamente irrelevante. Más que la señal que se dé, es el valor implícito de una decisión que declara que hay una actuación contraria a los deberes funcionarios. Eso para nosotros tiene mucho valor en un caso como éste.