Defensoría lanzará portal con 30 casos de inocentes que estuvieron en prisión

Había pasado poco más de una semana del tsunami del 27/F, cuando la familia Chacano Sepúlveda decidió visitar a sus parientes en Talcahuano, en la Región del Biobío. Pero lo peor no había pasado para Ana Sepúlveda, su pareja Bruno Chacano y sus hijos Héctor y Jorge. Todos fueron detenidos por la policía militar en un operativo que se hizo a esa casa, en momentos de una serie de saqueos tras el maremoto. La fiscalía los acusó de receptación y acopio ilegal de mercadería por $ 5 millones y de portar $ 1,7 millones. Por este hecho estuvieron 17 días en prisión preventiva en la Cárcel El Manzano. Finalmente, el tribunal local los absolvió, pues se determinó que sólo estaban de visita en el lugar y que el dinero que portaban correspondía a sus propios sueldos.

Hechos como este son considerados como errores por parte del sistema judicial, por lo que la Defensoría Penal Pública lanzará -a mediados de 2013- un portal web donde se revelarán casos donde la entidad considera ha habido diversas fallas por las que se juzgó a personas por ilícitos que no cometieron. "Hay al menos 30 personas que han sido absueltas por los tribunales, pero se debe restablecer su dignidad", explica el defensor nacional Giorgy Schubert.

El jurista sostiene que con estos testimonios también se conocen "errores" en los procesos que llevan a culpar a personas inocentes. Sostiene que entre éstos se encuentran "testigos que identifican erróneamente a los sospechosos, confesiones que no se ajustan a la realidad de los hechos, personas que hacen falsas confesiones, o bien hay pericias que no tienen el valor que se les atribuye". Schubert añade que a estos factores se suma "el comportamiento indebido de los agentes del Estado: las policías, de los fiscales. También hay malos defensores que no hacen su trabajo".

Al publicar estas historias, se espera también que el sistema pueda adoptar nuevos procedimientos.

Según la defensora de Santa Cruz, Carolina Alvarado, el campesino Arturo González vivió una prisión "dolorosa y eterna", al ser acusado de estrangular y luego robar a un anciano, en Marchigüe, en 2010, por lo que estuvo recluido 395 días. "La fiscalía presentó como prueba el testimonio de una persona que estaba en estado de ebriedad. El había escuchado que González era el autor y se lo declaró a Carabineros. Luego, ya sobrio, se retractó", sostuvo. A juicio de la abogada, "se requieren investigaciones más acuciosas. A la hora en que sucedió el asesinato, él estaba en otro lugar, con otras personas, lo que quedó acreditado". Sostuvo que González luego fue absuelto, pero que "para él estar en prisión fue duro: estaba deprimido, manifestó que quería suicidarse porque lo involucraron en un hecho falso".

Examen
La defensoría considera que también son débiles algunas pruebas técnicas presentadas. Jaime Moraga, obrero de la construcción, cuenta que estuvo en prisión 23 meses luego de que le imputaran un homicidio, violación y robo a una anciana de 78 años. Se trató de un caso de alta connotación pública en Ancud, Chiloé, por lo que "rápidamente se me acusó, porque supuestamente encontraron una huella, lo que técnicamente no es válido". Además, sostiene que se presentaron "rastros de un calzado de número 38 en el lugar del crimen, y mi número es 42". La fiscalía solicitó cadena perpetua para Moraga, pero luego se descubrió que el ADN hallado en el cuerpo de la víctima correspondía a otro hombre. "Pero en la cárcel de Puerto Montt me agredieron, me tildaron de violador. Varias veces me corté para quitarme la vida", dijo. En el juicio oral fue absuelto debido a falta de prolijidad de las pruebas.

Propuestas
A pesar de la situación que vivieron estos afectados, sus defensas plantean que el sistema no les entrega una reparación.

El defensor regional de la VIII Región, Osvaldo Pizarro, señala que se les debe reparar, pues "existe un menoscabo, estigmatización, problemas sicológicos y todos los perjuicios asociados a personas que pierden su libertad".

En el caso del imputado de Marchigüe, la defensora Alvarado sostiene que se le condenó al Ministerio Público a "pagar costas por la mala investigación realizada. Podría ser un precedente para exigir indemnización en lo civil".

Por su parte, el defensor Schubert agrega que a la luz de los casos analizados, se deben mejorar los protocolos de las policías a la hora de reconocer a posibles autores. También considera necesario "grabar las declaraciones de los imputados, lo que hasta ahora no se hace". De esa manera, explica que se pueden revisar los antecedentes con mayor detalle.