Detienen al alcalde de Venecia y otras 34 personas por corrupción
La construcción del sistema de diques para frenar las inundaciones en la ciudad permitió la proliferación de delitos de corrupción, malversación de fondos y lavado de dinero.
La Policía financiera italiana arrestó hoy al alcalde de Venecia, Giorgio Orsoni, y a otras 34 personas bajo la acusación de corrupción relacionada con la construcción de "Moisés", el sistema de diques para frenar las inundaciones regulares en la ciudad.
El faraónico proyecto, que comenzó hace siete años y que cuenta con una financiación pública de 5.000 millones de euros, era una ocasión ideal para obtener un beneficio, según las conclusiones avanzadas por la fiscalía de Venecia, que ordenó las detenciones.
Más de 300 agentes de la Guardia di Finanza (la policía financiera italiana) han participado en la operación que concluyó con el arresto de 25 personas y la orden de detención domiciliar de otras 10 bajo la acusación de corrupción, malversación de fondos y lavado de dinero, así como más de 100 investigados y la confiscación de cerca de 40 millones de euros.
Entre los que recibieron la orden de detención en su domicilio se encuentra el alcalde de Venecia, del Partido Demócrata (PD, del primer ministro Renzi) y elegido en 2010 en las filas de una coalición de centro-izquierda.
Otros detenidos son los empresarios Franco Morbiolo y Roberto Meneguzzo y los concejales de la región del Veneto, cuya capital es Venecia, Renato Chisso, y Giampiero Marchese.
También se ha enviado una petición de arresto al Parlamento para el diputado Giancarlo Galan, que fue ex presidente de la Región del Veneto y ex ministro de Agricultura.
Al alcalde de Venecia se le acusa de haber recibido cerca 110.000 euros de financiación ilegal a su campaña para las elecciones municipales por parte de esta red de corrupción que se había creado en el seno del consorcio Venecia Nueva, del que formaban parte las empresas encargadas de la construcción de esta enorme obra.
Sobre Galan pesa el presunto delito de corrupción por haber recibido cerca 200.000 euros por parte del presidente del consejo de administración de la empresa de construcción Mantovani, Piergiorgio Baita, para que acelerase los procedimientos de aprobación de financiación a su empresa, además de que también se hizo reformar gratis su chalet.
Los abogados de Orsoni, Daniele Grasso y Mariagrazia Romeo, expresaron en un comunicado que las acusaciones "no son creíbles, pues se atribuyen conductas que no son compatibles con su cargo ni con su estilo de vida".
Las detenciones de hoy responden a una investigación que comenzó hace tres años sobre la posible red de corrupción en la construcción del "Moisés".
En el marco de estas pesquisas, el año pasado ya se había arrestado al presidente del consejo de administración de la empresa de construcción Mantovani y a uno de sus colaboradores, Nicolò Buson, por haberse apropiado de fondos destinados a la obra.
También fueron detenidos por irregularidades en la construcción de obra Giovanni Mazzacurati, uno de los dirigentes del consorcio Venezia Nuova, y otros dos miembros de este grupo.
La Policía financiera había descubierto entonces que al menos 20 millones de euros habían sido desviados a cuentas extranjeras y las pesquisas continuaron para saber quiénes eran los beneficiarios.
En una rueda de prensa el fiscal de Venecia, Luigi del Pino, explicó que tras la primera fase de la investigación sobre el lavado de dinero se comenzaron las pesquisas para conocer dónde se empleaban estas cantidades y se ha comprobado que "servían para corromper a políticos y funcionarios".
El general de la Guardia di Finanza que ha dirigido la operación, Bruno Buratto, explicó que en estos años se han localizado 25 millones de euros en fondos ocultos en Suiza y San Marino y que han podido ser vinculados al consorcio Nueva Venecia.
Estos fondos se creaban falseando facturas de operaciones o asesorías inexistentes y servían para alimentar la corrupción de políticos y funcionarios para recibir favores, explicó Buratto.
Las obras del proyecto "Moisés" comenzaron hace siete años y se había previsto 2016 como fecha de finalización.
El proyecto requería una inversión cercana a los 5.000 millones de euros y no ha estado exento de polémica por su impacto en la naturaleza de la zona y por las dudas acerca de su eficacia.
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