Diputados piden pena de cárcel para lucro en educación superior

Este viernes el gobierno ingresó la indicación sustitutiva a la reforma a la educación superior, que se votará en general el martes en la Comisión de Educación de la Cámara. En términos generales, su contenido dejó satisfechos a los parlamentarios oficialistas de la instancia, excepto por dos puntos: lucro y acreditación.

El nuevo proyecto señala que quien transgreda las normas relativas a la prohibición de lucrar será sancionado con reclusión menor en su grado medio, lo que significa entre 541 días y 3 años y un día de presidio. ¿Por qué la molestia? Porque esta pena generalmente no se cumple con privación de libertad.

"Hay que fortalecer las multas y las sanciones penales, no puede ser que no haya cárcel efectiva para quienes causan daño al sistema lucrando, algo que impacta fuertemente en la calidad de la educación y en la sociedad", dijo Rodrigo González (PPD), presidente de la Comisión de Educación de la Cámara.

Similar es la opinión del diputado Mario Venegas (DC), quien aseguró que el punto más débil de la indicación sustitutiva es la regulación en torno al lucro. "Cuando se lucra en la educación superior finalmente se deteriora el servicio educativo y el Estado debe dar garantías de que esto se sancionará fuertemente. Con irreprochable conducta anterior, cualquiera que transgreda la ley va a tener penas alternativas y seguiremos con delitos de cuello y corbata que tienen una penalización muy baja", aseguró Venegas.

"Si queremos mover las cosas en otra dirección, las penas tienen que ser adecuadas al daño potencial que se produce. Hay que endurecer las sanciones", dijo el diputado falangista.

En tanto, Cristina Girardi (PPD) señaló que "es necesario establecer una gradualidad. Se entiende que si te robas $ 10 no sea grave, pero si pones en peligro el servicio educativo de miles de jóvenes, como pasó con la U. del Mar, la sanción debe ser concordante con ese daño".

Explicó que esta materia no es solo potestad del Ejecutivo. "Hay acuerdo entre los parlamentarios oficialistas de la comisión de que este tema debe ser fuertemente regulado, por tanto, si el Ejecutivo no lo modifica, lo podemos hacer nosotros", aseguró Girardi, quien agregó que "en casos de fraude al Fisco de parte de universidades debe haber pena de cárcel efectiva".

Para los legisladores la acreditación es otro punto débil y se mostraron en desacuerdo con que las universidades que se certifiquen por tres años queden condicionales. "El sistema de acreditación tiene que ser estricto y riguroso. Que existan universidades condicionales se contradice con ese principio", dijo González, cuya postura es compartida por Girardi y Alberto Robles (PR).

Sin embargo, Venegas se mostró en desacuerdo. "Algunos quieren un sistema binario (que apruebe o rechace la acreditación) pero hay que considerar que los sistemas de acreditación son complejos, requieren tiempo. Además, el impacto de una certificación binaria se traduciría en cierre inmediato de instituciones, ¿qué hacemos con esos alumnos?", dijo.

Con todo, los parlamentarios señalaron que aprobarán la idea de legislar y buscarán los cambios en la discusión en particular.

Sin embargo, para Giorgio Jackson (RD), el aspecto del lucro es solo un pequeño ejemplo de lo insatisfactoria que es la actual reforma a la educación superior. "Es un proyecto minimalista, absolutamente insuficiente para el diagnóstico de crisis en la educación superior. No se hace cargo ni de la calidad del sistema ni de la promesa de gratuidad y tampoco revisa las eventuales crisis que pueden ocurrir en el sistema, casos como los de la U. del Mar", señaló el diputado y ex dirigente estudiantil.

Según Jackson, algunas demostraciones de que este proyecto es peor que el anterior son que se eliminan los principios rectores que originalmente estaban en la primera parte de la iniciativa o que no hay cambios a la ley de administrador provisional. "Le comuniqué a la ministra, que dados los cambios y retrocesos desde la propuesta inicial, no hay espacio para aprobar un proyecto de estas características. Es lamentable que el gobierno esté forzando la votación de un proyecto que puede fracasar", añadió Jackson.

En tanto, el diputado Jaime Bellolio (UDI) acusó que en la reforma solo se piensa en las instituciones del Consejo de Rectores (Cruch). "El proyecto es tan burdo que se olvida de lo clave: la calidad de las instituciones y los estudiantes".