Diputados proponen restringir asesorías legislativas externas

Actualmente, cada legislador cuenta con $ 2,5 millones mensuales para contratar a expertos, estudios o encuestas. Sin embargo, gran parte del dinero se destina para emplear a personal que cumple labores de oficina de los parlamentarios.




Cambios y una mayor fiscalización al sistema de asesorías externas se encuentra trabajando la Cámara de Diputados.

El tema fue analizado en una reunión de Régimen Interno de la Cámara, entre el presidente de la Corporación, Aldo Cornejo, y representantes de las distintas bancadas políticas. La inquietud surgió a raíz del gasto en que habían incurrido en meses del pasado verano diputados salientes en asesorías, en un periodo en que hay receso legislativo. Para ello se acordó realizar una auditoría especial con las organismos encargados del Congreso. No obstante, algunos diputados plantean ir más allá y proponen reestructurar las asesorías para restringir y reorientar el uso de dineros destinados para esta área.

Este ítem hoy es financiado con recursos fiscales (asignaciones parlamentarias) que entrega el Congreso a los distintos legisladores. En la actualidad, los diputados cuentan con $ 2.542.275 mensuales para contratar estudios, investigaciones, encuestas o expertos en distintas disciplinas para la labor legislativa. 

Sin embargo, hoy parte del dinero se destina para emplear a personal de oficina -profesionales y técnicos- de los diputados, lo que no se traduce necesariamente en estudios o informes de "expertos". 

A juicio de algunas autoridades del Congreso, que prefieren mantenerse en el anonimato, los dineros no se están usando en forma correcta.

Desde marzo de este año, los diputados han gastado o firmado contratos por más de $ 236 millones en asesorías comunicacionales, de imagen y de prensa, por ejemplo. A ellos se suma la contratación de personas que, según detalla la página web de la Cámara, trabajan en temas de agenda del diputado o coordinan encuentros con la ciudadanía.

En el Congreso explican que estos profesionales o colaboradores pueden ser contratados con la asignación de "personal de apoyo", pero no con la carátula de "asesorías externas", que tienen otra finalidad.

El tema fue investigado meses atrás por Ciper, que mencionó dentro de estos casos al actual ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio.

"Las asesorías legislativas cumplen un rol importante, son fundamentales. Se requiere permanentemente la opinión de expertos para la tramitación legislativa, por lo que debe ser reestructurado el mecanismo de evaluación que actualmente existe de este ítem. Debemos ser más restrictivos con las personas que son contratadas como expertos, que esté garantizada su idoneidad", dijo el diputado PPD Marco Antonio Núñez, quien a partir de marzo del próximo año asumirá como presidente de la Cámara.

El subjefe de la bancada comunista, Daniel Núñez, defendió la existencia de las "asesorías externas", pero coincidió en que hay que endurecer su fiscalización. "El Congreso tiene que fiscalizar permanentemente y tener una mirada muy rigurosa con los recursos públicos. En lo que ha sido mi experiencia, he hecho uso satisfactorio de la asesoría parlamentaria, que a través de un instituto de investigación me ha permitido tener trabajos en los temas de pesca, agua y comisiones investigadoras. Yo lo encuentro útil", dijo Núñez.

"Hay que tener un riguroso control en lo que se gasta en asesoría. Probablemente hay que tener mecanismos adicionales para los parlamentarios que se van", comentó el jefe de bancada de la DC, Matías Walker.

"La gran mayoría de los parlamentarios hacemos buen uso de las asignaciones parlamentarias. Si hay algunos casos puntuales que han hecho mal uso, nos tiene que llevar a regular esos casos. Una revisión más exhaustiva", dijo el jefe de diputados UDI, Felipe Ward.

"Si hay algo que el Parlamento debe mejorar, es que las asignaciones se usen correctamente", expresó el jefe de bancada de RN, Nicolás Monckeberg.

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