Directorio de IGR Confianza evalúa acciones tras cobranza de Corfo

El directorio de la IGR Confianza está evaluando las acciones legales a seguir luego que Corfo iniciara este jueves la cobranza judicial de una línea de liquidez por $783 millones entregada a la firma. Al ser consultado al respecto, el directorio -presidido por Marcelo Trivelli-, dijo escuetamente que "un estudio de abogados está asesorando a Confianza en el proceso de reorganización". El equipo de Stitchkin abogados, liderados por Nicolas Stitchkin, asesora a la firma.

La acción de Corfo se da luego que se filtrara el inicio de una investigación por el eventual desvío de los fondos prestados a Confianza, hacia fines distintos a los comprometidos con Corfo. En particular, a gastos de administración, según cercanos al proceso.

Según Corfo, su decisión obedece a la calificación en categoría B dada a Confianza por la Superintendencia de Bancos, a una propuesta informal de reorganización y al resultado insatisfactorio de la junta extraordinaria de accionistas, en que, según afirma, "se acordó no realizar un aumento de capital para dar cumplimiento a sus obligaciones". Corfo aportó a los Fondos de Garantía de Confianza $ 15 mil millones entre 2009 y 2012. En 2013 sumó una cobertura de riesgo por los certificados emitidos para garantizar operaciones de crédito. Hoy sus coberturas alcanzan unos $ 13 mil millones, con una línea de liquidez por el monto que hoy es objeto de la cobranza judicial.

El ente estatal agregó que "realizará todas las acciones legales (...) para recuperar los fondos públicos comprometidos" y anunció cambios reglamentarios para incentivar la gestión eficiente de las IGR y elevar su liquidez, durante este mes.

Luis Felipe Illanes, analista de Humphreys -la clasificadora que bajó la nota a Confianza a categoría D, destapando la situación en octubre de 2017-, indicó que ésta se mantiene pues "refleja que la empresa está en incumplimiento". Sobre la capacidad de la IGR de seguir operando agregó que "el gran problema, es que Confianza no genera ingresos para soportar los gastos de administración y, por ende, no podría hacer frente a una liquidación de contragarantías".