A dos años del caso Caval: Un golpe en tres actos

Parecía una de las tantas denuncias sin fundamentos que se reciben cada cierto tiempo en los medios de comunicación. El periodista Juan Pablo Sallaberry recibió el correo rebotado por su jefe, el director de la revista Qué Pasa, José Luis Santa María, el martes 20 de enero a las 8.30. "Tengo valiosa información (...) de alguien que trabaja cercano a la Presidenta", prometía el remitente, un hombre llamado Sergio Bustos. Sallaberry no se sintió demasiado impresionado hasta que se puso en contacto con Bustos y este le adjuntó unos archivos que explicaban un poco mejor el tema. Se trataba de documentos judiciales que daban cuenta de una demanda laboral interpuesta por Bustos en contra de Exportadora y de Gestión Caval Ltda., una empresa controlada por Mauricio Valero y Natalia Compagnon, la esposa de Sebastián Dávalos Bachelet, es decir, la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet. El nombre de la sociedad no era extraño para él, ya que dos años antes había publicado un artículo titulado "Los negocios de Dávalos Bachelet" respecto de las actividades de esta y otras empresas, que es recordado por el dato de los cuatro autos de lujo (Lexus negros) que Caval tenía inscritos como patrimonio.

En los documentos adjuntos se explicaba el rol de Bustos en una millonaria operación de compraventa de tres predios en la comuna de Machalí, de 44 hectáreas en total, que había sido concretada por Caval a través de un préstamo del Banco de Chile. Según el demandante, su trabajo "implicaba mantener vigente mediante prórrogas una opción de compra sobre los referidos predios, suscrita por la demandada con el síndico a cargo del convenio judicial preventivo que administraba la venta de los mismos y la obtención de un préstamo bancario del orden de las 260.000 UF en algún banco de la plaza para concretar la compra". Después de poco más de un año colaborando a honorarios con Caval, Bustos se molestó al no recibir el pago que él entendía se había pactado y comenzó a presionar a sus interlocutores dentro de la empresa, el encargado de informática Victorino Arrepol, el gerente de finanzas Marcelo Carreño y el gerente general Mauricio Valero. Ninguna de las respuestas pidiendo paciencia satisfizo a Bustos, quien había decidido demandar y luego revelar a la prensa todo el negocio en el que había participado.

"Contundente todo", respondió esa misma tarde Sallaberry, que rápidamente se comprometió a viajar a Chillán un par de días después para entrevistarse con Bustos y conocer el resto de los antecedentes. "Eso sí, para mí es importante que usted no converse con otros medios", le advirtió el periodista, para asegurar la exclusividad de la historia. En ese momento, en Qué Pasa no sabían que Bustos también había enviado correos a la radio Bio-Bio alertando de la misma situación.

Allí comenzó un trabajo de dos semanas y media en el que Sallaberry se dedicó a revisar los cientos de documentos entregados por Bustos, recorrer notarías y conservadores de Bienes Raíces para certificar los contratos y la inscripción de los sitios, y finalmente buscar la versión de los demandados para completar la historia. Era un artículo difícil de publicar por el alto cargo que Dávalos desempeñaba por esos días como director sociocultural de La Moneda, aquella parcela tradicionalmente reservada para las primeras damas, pero también por los indicios que la revista tenía respecto a cómo se había obtenido el crédito. Bustos le había asegurado a Sallaberry que después de fracasar con varios bancos, él mismo agendó una reunión entre Natalia Compagnon, su marido y el empresario Andrónico Luksic, vicepresidente del Banco de Chile, que se llevó a cabo el 6 de noviembre de 2013, apenas 11 días antes de la primera vuelta presidencial en la que competía Michelle Bachelet. La alta resonancia pública de los involucrados motivó que Santa María, director de Qué Pasa, consultara a los abogados del Grupo Copesa (del cual forma parte también La Tercera) por las implicancias del asunto. Le contestaron que cada línea del artículo debía ser indesmentible.

El reportaje estaba pensado para ser publicado el viernes 30 de enero de 2015, pues Sallaberry ya había corroborado la historia con otras fuentes de Caval además de Bustos, salvo la presencia de Dávalos en la reunión por el crédito. Faltaba una versión oficial de la familia de la Presidenta que, a pesar de los intentos, no había podido ser contactada. Santa María recurrió -entonces- al ex diputado Marcelo Forni, gerente de Asuntos Corporativos de CorpGroup, un conocido de Sebastián Dávalos a quien el hijo de la Mandataria había recurrido en otras ocasiones para manifestar sus quejas por publicaciones anteriores.

Forni habló con Dávalos para plantearle la necesidad de tener alguna declaración de su parte. Fue así, más de una semana antes de la publicación del reportaje, que el director sociocultural y su esposa se enteraron de la investigación periodística de la que eran objeto. Dávalos se rehusó a hacer cualquier comentario para el reportaje, pero le comentó a su jefa de gabinete, Erika Silva, sobre la publicación antes de que esta se fuera de vacaciones a Chiloé.

"Andate tranquila", le escuchó decir. Como Silva no lo vio particularmente preocupado, no le preguntó mayores detalles sobre esos negocios. Los conocería recién una semana después, al leer el artículo. A dos años de ese momento, Silva cree que si hubiera tenido más antecedentes sobre lo que se revelaría en esas páginas, no habría salido de Santiago.

La edición del 6 de febrero de 2015 de revista Qué Pasa traía una entrevista a Camilo Escalona en la portada. El reportaje titulado "Un negocio Caval", escrito por Juan Pablo Sallaberry (actualmente editor del área investigativa de La Tercera), estaba adentro, sin más promoción que una línea en la parte inferior de la tapa. Contaba todo el negocio de Machalí con detalle, incluyendo la reciente venta del terreno al empresario Hugo Silva a un precio de $ 9.500 millones. En aquella primera entrega no se revelaba la asistencia de Dávalos ni de Luksic a la reunión por el crédito, pese a que Bustos había entregado antecedentes sobre la participación de este último. Este dato finalmente salió publicado en un segundo artículo que se subió unas horas después a la página web de la revista, luego de que asesores comunicacionales del Banco de Chile confirmaran que uno de los ejecutivos presentes era Luksic.

El artículo original terminaría ganando el Premio Periodismo de Excelencia de la Universidad Alberto Hurtado al año siguiente y revelando una situación que asestaría un fuerte golpe político y familiar a la Presidenta Bachelet.

Durante la mañana del viernes 13 de febrero, el ministro del Interior Rodrigo Peñailillo llegó hasta la casa del matrimonio Dávalos Compagnon en La Reina para visar el discurso de renuncia a la dirección sociocultural de La Moneda del hijo de la Presidenta. Había recelo de uno y otro lado. El diálogo fue áspero y comenzó a subir de tono cuando ambos se enfrascaron en una discusión acerca de dónde se haría efectiva la dimisión. Peñailillo sugería que lo hiciera de inmediato, afuera de su casa, pues los diversos medios de comunicación tenían a sus periodistas esperando en el exterior del condominio; Dávalos, en tanto, creía que tenía derecho a renunciar en La Moneda. En un momento, Compagnon perdió el control e hizo amague de abalanzarse sobre Peñailillo, pero fue detenida a tiempo por su esposo. Solo una persona podía zanjar la disputa. Desde el lago Caburgua, Bachelet autorizó a su hijo a renunciar en el lugar donde había trabajado casi un año. A las 18 horas, Dávalos hizo efectiva su salida. Terminaba así una semana extremadamente complicada para el gobierno.

Siete días antes, cuando el reportaje fue publicado, pocos sabían en La Moneda. Ni el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, que por esos días reemplazaba a Álvaro Elizalde como vocero; ni el subdirector de la Secretaría de Comunicaciones (Secom), Carlos Correa, que subrogaba a Paula Walker; ni el ministro Peñailillo, como asegura en privado hasta hoy, que hacía de máxima autoridad del gobierno con Bachelet de vacaciones.

La mañana de la publicación, Correa estaba preocupado por un eventual ataque de Camilo Escalona al gobierno en su entrevista a Qué Pasa cuando se encontró con el artículo de Caval. Sacó una copia y se reunió con Gómez, pues Peñailillo estaba de visita en la Región de Los Lagos. Anticipando una conferencia difícil, Correa decidió mover el punto de prensa del patio al salón, para que Gómez pudiera perderse en el edificio en caso de que las preguntas se tornaran complejas, pero ningún periodista consultó por el tema. El vocero subrogante se molestó por la innecesaria puesta en escena. El primero en referirse al tema públicamente sería Peñailillo, algunas horas después en el sur. Este decidió no responder directamente, ya que no contaba con toda la información a pesar de haber hablado brevemente con Correa. Todavía faltaba una conversación con la familia presidencial para tener el panorama completo.

Ese mismo día, el matrimonio Dávalos Compagnon viajaba con sus hijos hacia Caburgua para reunirse con la Presidenta y el resto de la familia. La publicación ya estaba en los kioscos cuando ellos salían de Santiago. Su auto estaba en la ruta al sur cuando comenzaron a recibir desesperados llamados telefónicos de Erika Silva y Mauricio Valero alertando sobre el reportaje. Aunque los dos sabían desde hace una semana que la revista andaba detrás del tema, la fecha de publicación los tomó por sorpresa.

En principio, ambos creían que la respuesta de sus cercanos era exagerada. Esta percepción fue reforzada por la propia Presidenta cuando finalmente llegaron al lago. Allí los esperaban la hermana menor de Dávalos, Sofía Henríquez, y su abuela, Ángela Jeria. Por la casa también se asomaban amigos y colaboradores cercanos de la Jefa de Estado que se estaban quedando en el balneario, como Estela Ortiz y Mauricio Muñoz. De acuerdo a fuentes cercanas a la familia, no hubo una conversación profunda sobre el negocio de Caval en esas primeras horas. "Pensaban que esto iba a durar un par de días", dice una fuente allegada.

Antes de que se acabara el día, Peñailillo se comunicó directamente con la Presidenta, sin ninguno de los problemas de señal que otras personas aseguran haber tenido al llamar a celulares. Ni siquiera fue necesario llamar al teléfono satelital o usar el teléfono que los carabineros tenían en su garita. En esa primera conversación prevalece la opinión de la Mandataria respecto a que el negocio era totalmente lícito. "Ella tomó la posición de la familia. Dijo 'aquí no hay nada raro: el crédito se solicitó como corresponde. Y por lo tanto todo lo que se dice o hace es exagerado. Es un aprovechamiento político'", señala un funcionario de Palacio que supo de aquellas discusiones.

Sobre estos diálogos entre las dos máximas autoridades del país existen versiones encontradas. Mientras desde la familia presidencial señalan que Peñailillo siempre "le bajó el perfil" a la gravedad de la situación y aseguró que podía manejar la crisis por sí solo, en el entorno del ex jefe de gabinete comentan que este transmitió su preocupación desde el primer momento, pero que Bachelet decidió creerle a su hijo.

Los antecedentes más importantes se fueron conociendo en las 48 horas siguientes, cuando Qué Pasa publicó que Luksic recibió a Natalia Compagnon en la reunión del 6 de noviembre de 2013 y luego el Banco de Chile replicó que no solamente estuvieron ellos dos, sino que también estuvo Dávalos.

El domingo 8 de febrero, unas horas antes de emitir ese comunicado, Luksic llamó personalmente al ministro Peñailillo para informarle de su decisión de revelar la participación del director sociocultural. El entonces vicepresidente le comunicó a Bachelet de la presencia de su primogénito en la cita, pero ella no le dio crédito a esta versión hasta que se lo consultó directamente a su hijo y este se lo ratificó. El hecho dio pie a la primera conversación seria sobre el tema en Caburgua y a que se comenzara a barajar la eventual renuncia de Dávalos a su cargo en La Moneda.

Los cercanos a la familia presidencial -en todo caso- afirman que la Mandataria no sabía que el Banco de Chile liberaría públicamente ese antecedente.

A pesar de la preocupación, el lunes no había muchas más autoridades en La Moneda. Peñailillo, Gómez y Correa seguían a cargo de la crisis. Ana Lya Uriarte se había puesto en contacto con Compagnon desde México a través de mensajes para brindarle su apoyo, pero no conseguiría regresar a Santiago por varios días más. La única que interrupió inmediatamente sus vacaciones fue Erika Silva, la jefa de gabinete de Dávalos, quien percibía que sus superiores estaban dando señales de normalidad que eran absurdas. Tampoco entendía por qué no habían regresado figuras importantes como Paula Walker o Álvaro Elizalde. "Me duele que Elizalde no haya vuelto. No tuvo la capacidad de reaccionar rápido. Siendo PS, me genera dudas su capacidad de liderar el partido", dice Silva.

Peñailillo mandó llamar a Silva a la reunión que sostenía con Gómez y Correa para que coordinara la entrega de las declaraciones de patrimonio e intereses de Dávalos. Según Silva, estas se habían redactado mucho antes, a pesar de que no eran obligatorias, pero Cristián Riquelme, entonces administrador de La Moneda y cercano colaborador de Peñailillo, no las había retirado ya que no las consideraba necesarias. La jefa de gabinete buscó esos antiguos formularios en la oficina, pero no los encontró. Entonces Dávalos tuvo que llenar nuevos papeles, que fueron enviados por fax con ayuda de los carabineros de la guardia personal y que solo se pusieron a disposición de la prensa durante la noche del martes 10, tanto en la página de la Dirección Sociocultural como en un sitio espejo habilitado por la Secom.

A esas alturas, Silva ya intentaba hacerle ver a Dávalos que el ministro del Interior no estaba manejando bien la crisis y que ahora era la imagen de su madre la que estaba en juego. Incluso pidió hablar con Bachelet y le dijo llorando que sopesara la gravedad de lo que estaba pasando. Sin embargo, al final de la conversación recibió la misma instrucción que había escuchado durante los días previos: debía seguir las órdenes de Peñailillo.

Aunque públicamente las vocerías de Gómez insistían en que este era un negocio "entre privados" y que Dávalos "no tiene ninguna razón para no seguir en su cargo", internamente no se veía otra salida que no fuera la renuncia.

Esta definición se tomó el miércoles 11 en Caburgua, tras dos ásperas conversaciones de la Presidenta: primero con Peñailillo, su "hijo político", quien la instaba a hacer un análisis más político que emocional de la situación, y luego con Dávalos, su verdadero hijo, que veía malas intenciones detrás de la actuación del ministro del Interior. En medio de este último debate, Ángela Jeria intercedió en favor de su nieto, pero ya era muy tarde: el mismo había ofrecido renunciar. El matrimonio Dávalos Compagnon llegó a Santiago el jueves de madrugada con la idea de reunirse con Peñailillo, pero este les dijo que estaría fuera de Santiago. No se verían hasta el viernes 13 en casa de Dávalos, cuando se dio aquella tensa negociación de los términos de la renuncia.

Ese fin de semana, Dávalos dio una entrevista a El Mercurio con la que terminó de incomodar a Peñailillo, cuya estrategia era sacar a Dávalos de La Moneda y de la agenda para terminar con la crisis. El ministro volvió a enfrentarse a la Mandataria al enterarse que ella le había dado su venia para dar esas últimas declaraciones. La relación entre ambos se resintió a partir de ese momento.

Con el paso de los meses, Dávalos y Compagnon harían pública su desconfianza de Peñailillo en sucesivas declaraciones judiciales. Como el ministro ya había caído en desgracia tras conocerse su papel en la precampaña de Bachelet, financiada por SQM y varias otras empresas, había dejado de ser un intocable. Su salida del gabinete marcó el inicio de una serie de ataques en su contra. "Peñailillo no enfrentaba el tema con suficiente fuerza, por lo que estimo que él dejó que se descontrolara", dijo Dávalos en diciembre de 2015 a Fiscalía, luego de ser consultado por el formateo de su computador en La Moneda.

Pese a que los cercanos a Peñailillo niegan que haya dejado caer a Dávalos intencionalmente, no ocultan la desconfianza que el hijo de la Presidenta y su esposa le producían por la información que tenía sobre su "desarrollo profesional".

Durante el año 2014 habían surgido al menos dos alertas sobre las actividades comerciales de Compagnon que generaron soterrada inquietud en La Moneda.

La primera era el dato de una investigación del diario electrónico El Mostrador sobre los negocios de la nuera de Bachelet que mantuvo -a mediados de octubre- en alerta a la Secom. Pero -sobre todo- una visita de Juan Díaz, uno de los intermediarios en el negocio de Caval en Machalí, a La Moneda, para reclamar por $ 240 millones que Compagnon supuestamente le adeudaba por sus trabajos para CCU y por un préstamo personal.

Quien recibió a Díaz fue el ex administrador de La Moneda Cristián Riquelme. "No se lo comenté a nadie. No lo hablé con el ministro del Interior de la época, Rodrigo Peñailillo", aseguró Riquelme en su testimonio judicial, pese a ser, históricamente, uno de los hombres de confianza de Peñailillo.

Erika Silva mantiene sus dudas hasta hoy sobre la actuación del ministro. El mismo Dávalos ya comentaba incluso antes que la convivencia con Peñailillo "se le había hecho difícil" . Su sensación sobre lo ocurrido hace dos años sigue siendo amarga, pero ella se consuela al recordar la salida de Peñailillo del gabinete tras aparecer investigado en el caso SQM. "Se hizo justicia", opina Silva.

Fuera de la órbita de La Moneda había una serie de personajes que se vieron aún más sorprendidos por la publicación de Qué Pasa y que habían participado de diferentes formas en la compraventa del terreno en Machalí.

El misterioso informático de Caval, Victorino Arrepol, se encontraba en Colombia trabajando para Gonzalo Vial Concha, situación que cambió después de la publicación del artículo; la arquitecta Cynthia Ross, que había trabajado en la Municipalidad de Machalí y aportado con sus estudios para la venta del terreno, leyó la noticia en la playa, se sorprendió con la intervención de personajes que no conocía, como Sergio Bustos, y se puso en contacto inmediato con quienes había trabajado; Patricio Wiesner, el antiguo dueño de los tres predios de Machalí, se sorprendió al leer que su campo había sido vendido por $ 3.000 millones más y comenzó a sospechar de la actuación del síndico Herman Chadwick; a su vez, Chadwick recibió en su oficina de El Golf a varias personas que le habían colaborado en el marco del convenio preventivo judicial de Wiesner para asumir una suerte de vocería en su calidad de figura pública.

Por último, Juan Díaz, el "Gatito", intermediario entre Chadwick y Caval, se coordinó telefónicamente con Valero, quien esperó hasta el regreso de Compagnon para concretar una reunión. Se juntaron en una oficina de Tobalaba con Eliodoro Yáñez, que estaba a nombre de Caval, y hablaron de seguir adelante con el negocio, ya que, pese a todo, el terreno se había vendido.

En una reunión posterior con Valero y Patricio Cordero (otro intermediario) en el Ritz, Díaz se llevó dos cheques por los $ 812 millones que había acordado embolsarse por sus gestiones, pero jamás pudo cobrarlos. Hasta la fecha continúa en una doble batalla legal con Mauricio Valero por el protesto de los documentos, pero también por su eventual falsificación.

Salvo Wiesner, todos los personajes mencionados fueron formalizados por algún delito por la Fiscalía de O'Higgins, que recibió la investigación de una denuncia presentada por los diputados Nicolás Monckeberg (RN) y José Manuel Rojo Edwards (hoy independiente), 10 días después de la publicación del artículo. El fiscal regional de entonces, Luis Toledo, suspendió sus vacaciones para iniciar diligencias que terminaron destapando irregularidades que no se vislumbraban al inicio.

La lenta reacción de La Moneda intentó ser superada a medida que se normalizaba la rutina de Palacio. Un grupo de autoridades comenzó a desempeñar discretos roles, en particular respecto de las defensas de Dávalos y Compagnon. Los abogados de ambos fueron recomendados desde La Moneda porun improvisado grupo de crisis liderado por Ana Lya Uriarte y Mahmud Aleuy.

La jefa de gabinete fue la designada a mantener contacto permanente para la contención de Compagnon, labor en la que fue secundada cada cierto tiempo por la entonces ministra de Justicia, Javiera Blanco.

En el plano penal, el ex ministro de Justicia Isidro Solís tomó las riendas de la defensa de la nuera de la Presidenta, hasta que los intereses de su clienta y de Palacio comenzaron a chocar. A partir de entonces, sintiéndose perjudicada, Compagnon declaró la guerra a su vieja amiga Ana Lya Uriarte y tensionó aún más su relación con la Mandataria.

En el caso de Dávalos el elegido fue Francisco Feres, un cercano a Aleuy, que ya a fines de febrero estaba tomando contacto con varios de los otros implicados, entre ellos un viejo conocido como Juan Díaz.

Dos años después de la publicación que desató la polémica, sus principales protagonistas parecen seguir caminos diferentes y tener intereses excluyentes. A estas alturas, lo poco que parecen tener en común es que cada uno de ellos está algo más solo.