Ejército peruano apoyará a policías en las calles en los próximos días de protestas

El Gobierno de Perú aprobó hoy la intervención de las Fuerzas Armadas, a nivel nacional, en apoyo a la Policía los próximos tres días, para los que están previstas jornadas de protesta y movilizaciones en todo el país.

Una resolución suprema, publicada en la gaceta de normas legales, precisó que la intervención militar busca "garantizar el normal funcionamiento de los servicios esenciales y establecimientos públicos y privados, tales como servicios de agua, luz, aeropuertos, vías de acceso y puentes".

Los principales sindicatos de trabajadores, apoyados por organizaciones amazónicas y andinas, convocaron a movilizaciones y a un paro de transporte público entre mañana y el jueves en rechazo al nuevo reglamento de tránsito.

Además, quieren reclamar cambios en el Gobierno por los violentos sucesos en la selva, que dejaron 34 muertos en junio último.

A raíz de la crisis con los indígenas amazónicos, el gabinete presidido por Yehude Simon se salvó de la censura del Congreso, aunque de todos modos presentó su renuncia y se asume que habrá cambios en él en los próximos días, según confirmó el primer ministro.

El control del orden interno permanece a cargo de la Policía Nacional del Perú, salvo en aquellos lugares que están bajo estado de emergencia y, por lo tanto, está en manos de las Fuerzas Armadas, agregó la norma.

Asimismo, la resolución añadió que, durante la intervención militar, no existirá restricción, suspensión ni afectación de los derechos fundamentales contemplados en la Constitución Política ni en los tratados internacionales sobre derechos humanos.

El Gobierno del presidente Alan García también publicó hoy una serie de medidas para garantizar la continuidad de las labores en las oficinas estatales, como la entrega de una asignación extraordinaria de 20 soles (6,66 dólares) para cada trabajador que asista normalmente a su centro de labores.

También la entrega de un bono extraordinario para transporte para los trabajadores del sector privado y una tolerancia de dos horas de tardanza en Lima y la vecina provincia del Callao.

El Ministerio de Justicia recordó hoy a la ciudadanía, en un comunicado, todos los actos que son penados con varios años de cárcel, como la extorsión, atentados contra la seguridad común, entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos y disturbios.

Quien incurra en extorsión usando la violencia para tomar locales u bloquear vías puede ser condenado a entre 5 y 10 años de prisión y, en el caso de que incluya la toma de rehenes, la sanción se eleva a la cadena perpetua.

De otro lado, el Ministerio de Educación publicó también un comunicado en el que pide a los profesores estatales, convocados también a parar, que le digan no "al paro político de (el movimiento izquierdista) Patria Roja".

"La paralización anunciada por el sindicato de profesores, controlado por la agrupación política Patria Roja, no tiene ninguna justificación y sólo responde a un interés político partidario que pretende aprovechar la coyuntura que vive nuestro país", considera el ministerio.