El 60% de las comunas ha utilizado algún tipo de consulta ciudadana en últimos tres años

Más de 45 mil personas se han pronunciado en la consulta ciudadana que hasta hoy realiza el municipio de Santiago, proceso que busca conocer la opinión de los residentes y usuarios de la comuna sobre temas como el uso de bolsas plásticas en el comercio, estacionamiento de vehículos en la vía pública, horario de cierre de las botillerías y el cambio de nombre al cerro Santa Lucía por el de Welén, entre otros.

Aun cuando este último punto ha generado mayor debate, por el carácter histórico que el ícono representa, la participación ciudadanía sobre las decisiones de las autoridades no es nuevo. De hecho, se ha ido consolidando en los últimos tres años en los municipios, pero también en otros órganos del Estado, como el Congreso, ministerios y subsecretarías, donde también han implementado instancias de participación. Un ejemplo de ello son los 21 diálogos ciudadanos que la comisión de Pro Movilidad Urbana realizó este año para conocer la opinión de las personas sobre las propuestas para mitigar la congestión vehicular en 25 ciudades del país.

"Es una realidad que aún es muy dispar dentro de nuestro país, pero que ha ido tomando cada vez más fuerza. Sin embargo, hay limitaciones legales para darle más peso a la ciudadanía, que incluso fueron discutidas en la comisión de descentralización. No está validada la participación ciudadana del todo y faltan algunos avances más", comentó el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcalde Maipú, Christian Vittori. El edil detalló que actualmente un 60% de los 345 municipios que existen en Chile tiene algún mecanismo de participación ciudadana en su estructura, entre ellas las consultas de índole masivo, desde 2011.

Ese año se aprobó la Ley 20.500, que entre otras cosas  modifica la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado, donde se establece el derecho de los chilenos de participar en la gestión pública a través de tres herramientas: las cuentas públicas participativas, los Consejos de la Sociedad Civil (Cosoc) -formado por organizaciones sociales sin fines de lucro- y las consultas. Estas tres vías fueron exigidas a los organismos públicos, quienes antes sólo  tenían instancias de participación ciudadana de forma voluntaria.

"Además, existen otros mecanismos no sujetos a la ley, pero también utilizados, como presupuestos participativos, cartas ciudadanas, mesas territoriales, Pladecos participativos, parlamentos ciudadanos", agregó Vittori.

CONSULTAS Y PLEBISCITOS

En el caso de las consultas, las temáticas más comunes están acotadas para que responda un grupo reducido de vecinos, como la entrega de patentes de alcoholes en un determinado barrio. Los procesos masivos, en cambio, están ligados con proyectos urbanos de gran escala, tanto públicos como privados. Un ejemplo de esto fue la consulta de Castro por la instalación del controvertido centro comercial en 2012, donde el 92% de quienes votaron estuvieron de acuerdo en su construcción.

"La ley no establece muchas reglas de cómo deben llevarse a cabo y cada municipalidad las debe regular en una ordenanza propia", explica María Jaraquemada, investigadora de  Ciudadano Inteligente, ONG que realiza un catastro de consultas. El resultado en estos procesos no es vinculante, por tanto debe ser ratificada por el concejo municipal.

Además de las consultas, los municipios tienen otra herramienta: los plebiscitos: estos están normados por la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades e incluye la presencia de las Fuerzas Armadas en los locales de votación y actas del Servicio Electoral para poder llevarlos a cabo. Pueden ser convocados por el alcalde, 2/3 de los concejales en ejercicio, 2/3 de los miembros del Cosoc e incluso  el 10% del padrón que sufragó en la elección municipal anterior.

"Los municipios tienen normas especiales para convocar a plebiscitos, los cuales son vinculantes cuando votan más del 50% de los ciudadanos habilitados para hacerlo en la comuna. Sin embargo,  se realizan con menos frecuencia que las consultas", aseguró Jaraquemada.

Las primeras experiencias de consultas masivas se remontan al 2001, cuando el intendente metropolitano, Sergio Galilea,  sometió a consulta pública la restricción a los vehículos catalíticos en la capital en el marco del Plan de Descontaminación. Luego de 60 días en que duró el proceso, se resolvió restringir dos dígitos de las patentes de automóviles con sello verde en preemergencias y cuatro en emergencias.

Ocho años más tarde se realizó el primer plebiscito comunal. El municipio de Vitacura preguntó sobre la aprobación o el rechazo a tres cambios en el plano regulador de la comuna. El resultado dio por ganador al "No" con casi un 80% en todos los sectores. (Ver consultas).

El otro plebiscito comunal realizado hasta la fecha se efectuó en 2011 en Peñalolén para dirimir sobre cambios al plano regulador, entre ellos, la utilización de la Comunidad Ecológica para la construcción de viviendas y la apertura vial del canal Las Perdices. Ahí, también se inclinó el rechazo de los ciudadanos, quienes en esta ocasión fueron los que le solicitaron al alcalde de la época, Claudio Orrego, que se realizara la consulta. La negación se impuso con un 52.1%.

"Es una necesidad de las autoridades comunales y de quienes estamos en el Estado para mejorar la puntería de lo que se hace. Es positivo que la gente participe y valide lo que se está haciendo. Nosotros como gobierno regional queremos realizar, de aquí a final de año, una consulta abarcando las 52 comunas de la región", señaló el ahora intendente de Santiago, Claudio Orrego.

CRÍTICAS Y COSTOS

Según la Asociación Chilena de Municipalidades, una consulta ciudadana puede tener un costo que fluctúa entre los 10 y los 40 millones de pesos. Sin ir más lejos, la organizada esta semana por Santiago tiene un costo de 36 millones de pesos según la municipalidad. Esta diferencia depende de los mecanismos en que se ejecutan: presencial, virtual o electrónica. En el caso de los plebiscitos, el costo puede ser el doble.

"Varía mucho del carácter barrial o territorial y como nadie se ha sumado a crear una ley homogénea, es complejo darle una consistencia común", afirmó el urbanista Genaro Cuadros.

Para que sean consideradas exitosas, según Vittori, debe sufragar el 10% de la población de la comuna. Y para que eso suceda, la difusión es fundamental. "El que preguntas y el cómo informas los distintos proyectos que se consultan es clave", comentó el director de la escuela de Ciencias Políticas de la U. Diego Portales, Claudio Fuentes. Aunque recalcó que las consultas son herramientas valiosas, "porque legitiman a la democracia", añadió que hay que tener cuidado "pues pueden generar frustración en la ciudadanía si es que un concejo revoca la votación de las personas".

Según detalló María Jaraquemada "faltan mayores estándares para fijar las consultas, relacionados con el tiempo de duración del proceso, los medios de difusión, el lenguaje en el cual se realiza, ya que algunas son muy técnicas y dificultan que la ciudadanía en general pueda participar". La profesional agregó que estos procesos "debiesen regularse para no dejarlos a la discreción de la autoridad y se trate de consultas útiles, informadas, participativas y transparentes".