El caso Provoste vuelve a manos de Bachelet

VIERNES 10 de octubre. La diputada Yasna Provoste (DC) recibió una carta firmada por la secretaría ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ese mismo día, una copia de la misiva también llegó a las oficinas de sus abogados y amigos, Roberto Garretón y Luis Eduardo Thayer. Una carilla y cuatro párrafos, donde el organismo notifica que su petición, de más de 50 páginas, redactada en primera persona y que fue recibida por la CIDH hace casi exactos seis años -el 16 de octubre de 2008-, luego de su destitución tras una polémica acusación constitucional, entraba en la recta final de su tramitación.

"Se han remitido las partes pertinentes de su petición del gobierno de Chile y se ha fijado un plazo de tres meses, contados desde la fecha de transmisión de la presente comunicación, para que presente sus observaciones, conforme al artículo 30 del reglamento del CIDH", dice uno de los párrafos de la carta del organismo con domicilio en Washington y que es parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) que encabeza José Miguel Insulza.

Para Provoste y su equipo, la notificación de la CIDH se sintió como un triunfo, aunque en estricto rigor constituye recién el primer gran paso en su búsqueda de una restitución por el episodio que amenazó con sepultar de manera definitiva su carrera política.

La hoy diputada por Vallenar envió en octubre de 2008 una petición al organismo persiguiendo tres objetivos: que se retire de la Constitución chilena la inhabilidad por cinco años para ejercer cargos públicos que se impone a las autoridades destituidas por el Congreso, dejar sin efecto la sanción en su contra -que ella de todos modos cumplió el 16 de abril de 2013- y que exista una restitución "de su honor y reputación". No hay una solicitud de reparación de carácter monetario.

Para Provoste y su equipo, más allá de una reivindicación a su honra, lo indispensable es sentar las bases para modificar la Constitución y eliminar las inhabilidades que van adjuntas a la sanción política en la destitución del cargo de ministro. En especial, la que les prohíbe ocupar cargos públicos por cinco años que, en el caso de la diputada, y que también ocurrió en el proceso que terminó con la salida de Harald Beyer en 2013, se aplica sin existir delito ni juicio penal previo.

La petición reabre el debate en el Parlamento respecto de la modificación de la Carta Fundamental, algo que en 2008, sin éxito, intentaron los entonces senadores Jorge Pizarro (DC) y Ricardo Núñez (PS) a través de un proyecto que finalmente quedó archivado.

Y, de paso, abre un complejo escenario para la Presidenta Bachelet, que durante su primera administración optó por respaldar hasta el final a su ministra de Educación, a pesar de las voces en el oficialismo que le aconsejaron pedir su renuncia y evitar de ese modo un proceso que algunos consideran el punto decisivo para la pérdida de poder de la Concertación tras 20 años en La Moneda.

"Espero que la oposición actúe con altura de miras, con madurez cívica, pensando en Chile y que ayude a cuidar la institucionalidad que tanto nos ha costado establecer", dijo Bachelet en la víspera de la presentación del libelo presentado por la Alianza, que terminó con su ministra destituida, en abril de 2008.

Tras la notificación del organismo internacional, la Presidenta y su gobierno deberán ejercer ahora como la contraparte de la diputada por Vallenar. La duda está en si Bachelet mantendrá el respaldo que entregó en su minuto a la ex ministra, o si -apelando a los intereses del Estado- refutará los argumentos esgrimidos en la demanda ante la CIDH.

LA PELEA POR LA INHABILIDAD

Fuentes de la CIDH explicaron que, con la carta, que el mismo 10 de octubre también fue enviada a la Cancillería y luego derivada a la dirección de Derechos Humanos de la cartera, lo que comenzó fue la "apertura de tramitación".

Vencido el período de observaciones, la secretaria ejecutiva de la comisión reúne los antecedentes, elabora un informe y decide sobre su admisibilidad. Si hay un resultado positivo, en marzo los comisionados iniciarán la revisión del caso, fase final y que podría tener una resolución definitiva en un año más.

El retraso, señalan en el organismo, se debe a que sólo hay tres abogados y algunos pasantes revisando más de ocho mil causas que aún siguen pendientes. En promedio, la CIDH recibe alrededor de dos mil peticiones cada año.

A pesar de la lentitud del proceso, luego del inicio de tramitación de su petición, Provoste les ha manifestado a sus cercanos -en privado- su satisfacción y alegría. Mal que mal pasaron casi seis años sin tener una certeza del caso, a pesar de que cada cierto tiempo los abogados -aprovechando viajes por otras causas- iban monitoreando el estado de avance y aportando nuevos antecedentes para argumentar que la inhabilidad es "una pena aberrante y degradatoria".

La diputada basó su argumentación en los mismos antecedentes que fundaron la acusación constitucional que la Alianza levantó en el Parlamento, por una supuesta negligencia en el pago de subvenciones escolares descubiertas por la Contraloría. Los fondos involucrados alcanzaron los $ 262 mil millones.

En esa oportunidad, tras ser aprobada por la Cámara de Diputados, el Senado, por 20 votos a favor y 18 en contra, consideró a Provoste culpable en uno de los cinco capítulos del libelo acusatorio. La entonces destituida ministra de Educación, minutos después de la decisión del Congreso que la inhabilitó de cargos públicos hasta 2013, acusó una persecución política en su contra.

Fue en ese momento que la hoy diputada, vicepresidenta y consejera nacional de la DC dejó entrever que su caso no terminaría allí, que no sólo volvería a la vida pública; también daría la pelea para terminar con la inhabilidad.

La presentación en la CIDH fue acompañada de varios recortes de prensa de la época, que mezclaban las críticas sobre la supuesta corrupción durante su gestión al frente del Mineduc, con declaraciones que a juicio de Provoste demuestran que los parlamentarios de la Alianza -y algunos del oficialismo- no actuaron con la objetividad que demanda la Constitución en una acusación constitucional.

En especial algunos integrantes  del Senado, que no habrían ejercido el rol de jurados y que ni siquiera mandaron el libelo acusatorio posteriormente a la justicia como se demanda en casos de supuestas irregularidades.

Un antecedente adjunto a la denuncia fue un extracto del libro El desalojo, de Andrés Allamand, senador clave al momento de la destitución de Provoste, y que en el texto fija ese hito como "el comienzo" del desalojo de la Concertación de La Moneda.

Todo esto fue recordado en 2013 por Garretón y Thayer cuando el mecanismo se utilizó en contra de Harald Beyer, que también terminó destituido del cargo de ministro. A la fecha, el director del CEP ha cumplido poco menos de la mitad de los cinco años de inhabilidad.

"Sin duda, la acusación constitucional que se dirigió en mi contra fue planeada y elaborada sin fundamentos serios, sino que perseguía derechamente, ni más ni menos, que mi "degradación cívica", la muerte cívica de una ministra de Estado. En efecto, mi defensa demostró ante ambas ramas del Congreso que esta acusación venía precedida de una campaña comunicacional muy fuerte, coincidente con las elecciones municipales que se venían por delante", dice uno de los argumentos del texto que Yasna Provoste envió a la CIDH.

En el círculo de la diputada señalan que, hasta el momento, ni ellos han querido acercarse al gobierno ni desde La Moneda se han generado señales en torno al tema. "Pero aún queda un rato", dicen. No quieren poner en una situación difícil a la Presidenta en medio del debate de la reforma educacional y ad portas del anuncio de la agenda laboral.

Fuentes de Palacio confirmaron que la notificación de la CIDH que llegó a la Cancillería comenzará a ser analizada por un equipo jurídico en los próximos días. El primer paso es pedir los antecedentes a los organismos que están involucrados en la petición que levantó la ex ministra de Educación.

Quienes conocen de la conducta del gobierno en la materia afirman que, por lo general, frente a casos de este tipo, el Estado no reconoce responsabilidades y levanta observaciones. En todo caso, la conducta a seguir aún está en una etapa de definición, en especial, por el lazo que une a Bachelet y Provoste.

Si es que el Estado no presenta sus descargos al organismo internacional en el plazo impuesto, la comisión acoge su admisibilidad automáticamente y da continuidad al proceso que -en caso de ser acogido- decantará, al menos, en un acto reparatorio a Provoste

Por mientras, la diputada DC ha preferido mantenerse en silencio. La ex ministra espera que la petición siga su curso y que, luego de su larga espera para volver a la vida pública, Chile resuelva terminar con la pesada carga que recae sobre quienes son enjuiciados por el Congreso.