El informe Aleuy

En el aeropuerto de Santiago, donde poco después tomaría un vuelo rumbo a México -uno de sus lugares habituales de vacaciones-, el futuro subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, realizó la noche del sábado 8 sus últimos llamados a varios parlamentarios y dirigentes de la Nueva Mayoría.

Desde el martes 4 que Aleuy -militante socialista, 56 años, casado- no había tenido un minuto de descanso, tratando de desactivar la crisis que se había desatado tras una serie de cuestionamientos a las designaciones de ministros, subsecretarios e intendentes del futuro gobierno de Michelle Bachelet.

Esa mañana, de acuerdo a la versión de sus cercanos, el dirigente socialista se incomodó al enterarse por teléfono de la renuncia de Claudia Peirano a la Subsecretaría de Educación.

Como varios en la Nueva Mayoría, Aleuy encendió la TV y vio cómo Peirano -escoltada por el futuro titular de la cartera, Nicolás Eyzaguirre- anunciaba que "daba un paso al costado", a sólo una semana de ser convocada por Bachelet para trabajar en su segundo mandato.

Fue entonces que el futuro subsecretario del Interior tomó las riendas de la crisis y dio curso a una completa revisión de los antecedentes de las autoridades designadas, que derivó en un informe con el listado de los casos que presentan problemas para asumir el 11 de marzo.

Cuatro días después, y desde la terminal aérea, Aleuy comentó parte de las conclusiones de su trabajo a los jefes de partido y dirigentes de la Nueva Mayoría que han enfrentado la crisis: Fuad Chahín, de la DC; Alejandro Bahamondes, del PPD; Juan Carlos Paillalef, del PR; Juan Andrés Lagos, del PC, y Osvaldo Andrade, del PS, además de algunos parlamentarios con los que tomó contacto.

En el señalado llamado telefónico, Aleuy no sólo les ratificó que había dado término a su labor, sino que también les advirtió que se incluyeron nuevos casos de autoridades que podrían ser objeto de cuestionamientos (ver nota secundaria).

Aunque el futuro subsecretario del Interior se guardó los detalles de la nómina de funcionarios que tendrían problemas para asumir el 11 de marzo, sí les informó que cada caso iba acompañadode una propuesta de vía de acción,cuya ejecución quedará en manos de la presidenta.

Aleuy remató las conversaciones señalando que la minuta con los antecedentes sería enviada directamente a Bachelet y que "no habría novedades" hasta el regreso de las vacaciones de la mandataria electa -quien se encuentra en Caburgua-, previsto para el 24 de febrero.

Aún más, en la Nueva Mayoría señalaron que el trabajo del personero socialista definirá un nuevo estándar de revisión para los nombramientos todavía pendientes. Y es que el proceso de designaciones para cargos en la futura administración aún no finaliza. Por ejemplo, aún resta elegir a los destinatarios de 53 gobernaciones, 230 secretarios ministeriales regionales (seremis), embajadores y jefes de servicio.

CORTAFUEGOS DE BACHELET

La rápida reacción de Aleuy frente a la crisis de las nominaciones, afirman en la Nueva Mayoría, se debe no sólo al perfil del futuro subsecretario -a quien se considera un hábil operador político- o a la ausencia del futuro comité político de Bachelet, integrado por Rodrigo Peñailillo (Interior), Ximena Rincón (Segpres), Alvaro Elizalde (Segegob) y Alberto Arenas (Hacienda), quienes se encuentran de vacaciones.

Lo cierto es que por esos días el personero socialista trabajaba con un mandato mayor: la elaboración de un catastro de todos los eventuales focos de conflictos que deberá enfrentar el segundo gobierno de Michelle Bachelet a contar de marzo. Un trabajo para el cual Aleuy ya había encabezado algunas reuniones y se había coordinado con otras futuras autoridades.

Desde que fue oficializado su nombramiento como futuro subsecretario del Interior, Aleuy abrió una ronda de conversaciones con un amplio espectro de líderes de la Nueva Mayoría, entre ellos, alcaldes, diputados y senadores.

El propósito era generar una radiografía de potenciales problemas con el objetivo de anticipar soluciones al futuro gobierno. El propio Aleuy ha comentado a algunos personeros del futuro oficialismo que el documento ya tiene un nombre tentativo -"matriz de conflictos"- y será la base del trabajo del Ministerio del Interior a partir del 11 de marzo.

Quienes han participado de la ronda de conversaciones liderada por el personero socialista aseguraron que éste ha clasificado los potenciales conflictos en tres áreas.

La primera está rotulada como "inminente" y contiene aquellas situaciones que pueden generar problemas durante los primeros tres meses de instalación del gobierno.

En esta área, por ejemplo, se ubica el reciente acuerdo suscrito por el gobierno de Sebastián Piñera con los portuarios, en el que se comprometió a enviar en marzo un proyecto de ley con cargo al Fisco para una compensación por hasta $ 6 millones para aquellos trabajadores que hayan cumplido con faenas durante los últimos años.

El acuerdo fue criticado por la propia Bachelet, durante el encuentro realizado a fines de enero en Termas de Jahuel, y en el que reunió por primera vez a su futuro gabinete.

El segundo ítem del informe elaborado por Aleuy contiene los "posibles conflictos" que se pueden activar durante el primer año de gestión de la mandataria electa.

Y una tercera fase del documento contempla aquellos problemas que "podrían transformarse en conflictos".

La recopilación realizada por Aleuy, en todo caso, también discrimina entre conflictos de carácter nacional o regional y aquellos de índole pública o privada.

Además del tema portuario, en la lista de preocupaciones que maneja el futuro gobierno se encuentran tópicos como el conflicto de algunas regiones con el sistema de salud pública, potenciales rebrotes de movimientos regionales (Calama, Aysén, Magallanes, Freirina, entre otros), las demandas de subcontratistas de la minería, así como la tramitación de proyectos energéticos que generan resistencia entre grupos ambientalistas (especialmente HidroAysén).

El trabajo del personero socialista -que mantuvo coordinación durante los últimos días con el futuro jefe de gabinete, Rodrigo Peñailillo- es considerado clave en las filas de la Nueva Mayoría.

Para nadie es un misterio que las altas expectativas generadas respecto de un segundo mandato de Bachelet son un tema de preocupación incluso para la propia presidenta electa. A ello se agregan el empoderamiento de los movimientos sociales y el interés de algunos sectores de la Nueva Mayoría por sintonizar con las demandas de la calle, lo que genera un escenario de especial complejidad para el gobierno que se estrena en marzo.

El escaso tiempo del que se dispone, además, para implementar las reformas prometidas -a la educación, tributaria y a la Constitución- hace aún más complejo el escenario.

TRABAJO DE INTELIGENCIA Y "LEY MORDAZA"

Son todos estos factores los que han alimentado otra de las obsesiones de Aleuy: el fortalecimiento del sistema de inteligencia dependiente de Interior para anticipar conflictos.

En privado, el PS ha comentado que una de las fallas de origen de la actual administración fue su Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), a la que se atribuye haber demostrado total incapacidad en la detección de antecedentes para prevenir y detener oportunamente la evolución de focos de problemas.

A la espera de lo que serán sus primeras acciones como subsecretario del Interior en el reforzamiento de la ANI, el problema suscitado con las nominaciones ratificó el estilo con el que se pretende enfrentar los conflictos: mano dura y discreción total.

Además de conformar un equipo especial para revisar los antecedentes de todas las autoridades designadas, el propio Aleuy contactó a personeros de distintos partidos para hacer consultas, invitó a varios cafés en los alrededores del PS a otros tantos y preguntó directamente a las autoridades designadas si vislumbraban alguna situación que pudiera alimentar cuestionamientos a sus nombramientos.

Una de sus mayores preocupaciones fue evitar que los cuestionamientos terminaran produciendo dimisiones por "goteo", lo que -según transmitió- podría generar un daño mayor. Por ello, administró personalmente los dos casos que aparecen más complejos: los designados subsecretarios de Bienes Nacionales, Miguel Moreno (PR), y de Agricultura, Hugo Lara (DC).

Moreno, quien ha sido cuestionado luego de ser condenado en 2011 en una causa por ofensas al pudor, indagada por la Fiscalía de Ñuñoa, recibió la llamada del socialista apenas estalló su caso.

Si bien en el PR eran partidarios de que el ex candidato a diputado por San Felipe hiciera una intervención pública para defenderse de las imputaciones, el futuro subsecretario de Interior le pidió evitar cualquier tipo de pronunciamiento sobre el tema.

Y aunque Moreno le hizo llegar porcorreo electrónico todos los antecedentes legales de su caso, el futuro subsecretario del Interior se encargó de cotejarlos datos con varios otros dirigentesradicales.

El caso del DC Hugo Lara supuso, sin embargo, un escenario más complejo para el personero socialista, ya que el designado subsecretario de Agricultura alcanzó a redactar una carta de renuncia para Bachelet.

Apenas fue advertido de la carta, Aleuy tomó el teléfono y se comunicó con él para transmitirle la necesidad de mantener la política de silencio definida por la presidenta electa. Después de dicha conversación, Lara viajó hasta la Región del Maule, para refugiarse en la residencia de sus padres.R