El protocolo que cambiará la constatación de lesiones de personas detenidas

La iniciativa impulsada por el gobierno está orientada a racionalizar dicho recurso, reservándolo para aquellos casos que realmente lo necesiten.




Hoy se firmó el protocolo de constatación de lesiones, por parte de las autoridades que conforman la "Comisión Nacional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal", encabezada por la ministra de Justicia, Patricia Pérez.
 
En la cuarta reunión del año, efectuada esta mañana en el Ministerio de Justicia, la secretaria de Estado firmó junto al presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros; el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán; el Defensor Nacional, Georgy Schubert; el general director de Carabineros, Gustavo González; el director nacional de la Policía de Investigaciones, Marcos Vásquez; el director nacional (S) de Gendarmería; Marco Fuentes  y la presidenta del Colegio de Abogados,  Olga Feliú,  el texto orientado a mejorar el procedimiento.
 
La iniciativa está orientada a racionalizar dicho recurso, reservándolo para aquellos casos que realmente lo necesiten.

De esta forma, el protocolo establecerá que no procederá realizar constatación de lesiones al detenido adulto, a menos que se den las siguientes condiciones:
-Cuando el detenido presente lesiones visibles.

-El detenido se encuentre enfermo, o exista antecedente de enfermedad.

-Cuando el detenido solicite por sí o tercero atención médica.

-El fiscal lo solicite.

-El funcionario policial estime necesaria la constatación.

-El detenido se niegue a firmar el acta de estado de salud.

-El detenido no pueda darse a entender o manifestar su voluntad claramente respecto a la constatación de lesiones.


Según las cifras revisadas por las autoridades, el 75% de los detenidos diarios no presenta lesiones y el 25% restante si las tiene. Pese a ello, actualmente la práctica de constatación de lesiones es generalizada.
 
De este modo, se pretende lograr una reducción en los tiempos que la policía invierte en el traslado y custodia de los internos a los centros públicos de salud, lo que se traducirá en ventajas tanto para el detenido como para las instituciones que conforman el sistema.

Entre otros avances, la iniciativa facilitará la entrevista de la persona detenida con su abogado defensor, además de la optimización de recursos de las instituciones involucradas.

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