El rol del creador de las cascadas en el esquema de negocios denunciado por la Superintendencia de Valores

ROBERTO Guzmán Lyon, abogado de 67 años, ya había sido cuestionado antes por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). Guzmán -acusado el 6 de septiembre pasado de dos infracciones a la Ley de Mercado de Valores por su rol en el caso cascadas- fue multado por la SVS casi trece años antes, por causas menos graves que ahora, pero que revelan su estrecha relación con Julio Ponce Lerou, presidente de SQM desde 1987 y controlador de la minera no metálica.

Guzmán recibió esa vez la multa más alta: UF 600 ($ 8,5 millones). Ponce fue sancionado con UF 400 y el fallecido Jorge Araya, ex gerente de las cascadas, con UF 200. Tanto a Ponce como a Guzmán la SVS les reprochó no haber informado "oportuna y cabalmente, debiendo y pudiendo hacerlo, la forma en que se ejercía el control" de las controladoras de la entonces Soquimich. Ello porque la compleja estructura de control de SQM sólo fue comunicada a la SVS en marzo de 2000, en circunstancias que seis años antes, en 1994, Ponce Leroule encomendó a Roberto Guzmán crear en el extranjero las sociedades Pacto Trust y Holywell Trust, controladoras de las cascadas.

Esa sanción ya era un antecedente de la prolongada vinculación de Ponce y Guzmán desde hace tres décadas. "Lo conozco hace 27 años por intermedio de un tío muy amigo mío, cliente y empresario Rubén Cruz Ponce, tío de Julio, hoy fallecido. Soy su abogado personal en algunas materias", declaró Guzmán a la SVS el 27 de marzo. El abogado participó en la creación, en 1988, de dos de las sociedades cascadas: Norte Grande y Oro Blanco. Pero también constituyó Inversiones SQ y ha actuado por SQ Grand Caymand Corp., Pacific Trading Corporation y The Pacific Trust, las sociedades que permiten a Julio Ponce ejercer el control de SQM (ver infografía).

Conocido por sus cercanos como buen lector y amante de los viajes, Guzmán es dueño de Inversiones Jaipur, Inversiones Silvestre e Inversiones del Parque, sociedades denominadas "vinculadas" por la SVS, esenciales para el esquema de negocios que consistió en comprar a las cascadas, entre 2009 y 2011, títulos bajo el precio de mercado y venderlos más tarde, a esas mismas firmas, a valores superiores a los de mercado.

Según la SVS, "no cabe sino presumir que Roberto Guzmán Lyon habría facilitado o estado en conocimiento que las sociedades bajo su control eran participantes de transacciones bursátiles que fueron funcionales a la generación de resultados favorables para las sociedades relacionadas, vinculantes e instrumentales y en contra de las sociedades cascada".

La SVS lo acusó de dos infracciones a la Ley de Valores que, además, son delitos penados con hasta 10 años de cárcel: el artículo 53, que prohíbe realizar transacciones o inducir o intentar inducir a la compra o venta de valores y el 52, que declara contrario a la ley el realizar transacciones de valores con el objeto de estabilizar, fijar o hacer variar artificialmente los precios.

LOS NUMEROS DE GUZMAN

La SVS afirma que Roberto Guzmán Lyon se habría visto "sistemáticamente favorecido con oportunidades de negocios" que no estaban disponibles para todo el mercado. Los minoritarios han calculado, comparando los precios de compra y de venta descritos en las formulaciones de cargo de la SVS, que Julio Ponce habría ganado US$ 155 millones; Roberto Guzmán, US$ 150 millones; Leonidas Vial, socio de LarrainVial, unos US$ 70 millones, y Alberto Le Blanc, un ex corredor, una cifra que no supera los US$ 5 millones.

Los denunciantes en el caso cascadas han puesto ahora su atención en Guzmán y si actuó con sus sociedades a beneficio propio o por encargo de Julio Ponce. Clave para dilucidarlo será determinar, afirman, cuál fue el destino de las utilidades obtenidas. Pero ello, afirma un abogado involucrado en el caso, está lejos de las atribuciones de la SVS: es la Fiscalía Nacional la que tiene facultades más intrusivas para pesquisar qué ocurrió con esos dineros. Para varios denunciantes que siguen el caso, la justicia debería investigar si en este caso se podría configurar la figura del lavado de activos, delito que consiste en ocultar el origen, ubicación y propiedad de dineros o bienes obtenidos ilegalmente.

El fiscal José Morales, a cargo de la investigación penal, declinó pronunciarse sobre esto hace dos semanas: "Por dos razones: una, es muy temprano y segundo, sería delito que le respondiera sobre la existencia o no de un delito de lavado de dinero", dijo a La Tercera.

La duda de los acusadores radica en la enorme capacidad financiera que demostró Guzmán en varias operaciones y la relación financiera que existía con Ponce: Inversiones SQYA, firma del presidente de SQM, garantizó créditos bancarios a Inversiones Silvestre.

La transacción de Guzmán que más llama la atención de los minoritarios es un remate de acciones de Pampa Calichera, saldos no colocados de un aumento de capital, en marzo de 2010. La operación fue por US$ 370 millones, con un descuento de 7% y en un remate en un solo lote. Las acciones se las adjudicaron Silvestre y Jaipur, de Roberto Guzmán. "Tanto el hecho que el remate se efectuase en un solo lote, como el tiempo de difusión limitado -que fue de 44 horas- en consideración al volumen a rematar, dificultaría que una sola persona asegurara contar con ese volumen de recursos o que un grupo de inversionistas se pudieran organizar para presentar una oferta conjunta", dice el documento. Agrega que este remate cumplió dos objetivos: repartir dividendos a Oro Blanco y "generar operaciones adicionales en términos convenientes" para Guzmán. En 2010, según los registros de la SVS, Guzmán compró y vendió el 46% de los títulos de Calichera-A que transaron ese año las sociedades intervinientes en el esquema de negocios denunciado. Casi la mitad.

En su declaración a la SVS, Guzmán explicó cómo operaba con sus sociedades: "En los remates yo participaba comprando barato, porque conocí la compañía, y pedía financiamiento con líneas de crédito, indicando el precio para tomarlas", dijo a la SVS.

La imputación por el artículo 52 de Mercado de Valores -fijar artificialmente precios- afecta hasta ahora sólo a Guzmán. ¿En qué se basa la SVS? En operaciones de noviembre de 2011 de Silvestre con acciones de Calichera-A y que, dada su distribución, horario de ingreso de las órdenes y precio de las ofertas de compra, habrían tenido por objeto "aumentar el precio de cotización" de los títulos, de forma que los precios a los que, en esos días, inscribieron remates otros actores del esquema de negocios no resultaran tan distantes de las condiciones aparentes de mercado, dice la SVS.

LOS ARGUMENTOS DE GUZMAN

La defensa de Guzmán, encabezada por Gabriel Zaliasnik, ha acusado que la SVS actúa de juez y parte y que el esquema de negocios denunciado no existe. En un recurso de ilegalidad presentado en octubre, el abogado dijo que "Guzmán aportaba de buena fe la información, sin que se le haya advertido mínimamente que se seguía una investigación en su contra". Con esto, añade, se afectaron "las garantías básicas del debido proceso en cuanto al derecho a la información y el principio de no autoincriminación".

Esta semana, los acusados respondieron las acusaciones a la SVS. Los descargos de Guzmán, según fuentes ligadas a la defensa, apuntan a que no se le puede sancionar por su relación de amistad o profesional con Ponce; que en las operaciones participaron terceros a quienes no se les ha formulado cargos; y que la SVS siempre ha sancionado por ilícitos bursátiles a los intermediarios y no a personas naturales.