El Salvador semiparalizado por reclamo de pandillas

Tanto en las calles de la capital, San Salvador, como en el interior del país la mayoría de los transportistas acató la medida, según pudo comprobar BBC Mundo.

Durante el miércoles, la ciudad y las principales carreteras estuvieron militarizadas.

Y el ambiente de desolación sólo se vio interrumpido por las caravanas de peatones que desandaban el trayecto a su lugar de trabajo.

Aproximadamente 80% del transporte público suspendió sus labores, si bien algunos buses fueron sustituidos por camionetas que acercaron a los pasajeros a puntos intermedios a cambio de US$0,25 o US$0,50.

Y 70% del comercio también se paralizó por temor a represalias, luego de que la pandilla 18 empezara a hacer circular volantes en los que pidió a los comerciantes que cerraran sus establecimientos o, de lo contrario, "se atuvieran a las consecuencias".

Efectivos de la policía y del ejército fueron desplegados para vigilar las estaciones de autobuses u ofrecer protección a los improvisados transportistas.

Pero David Gallegos, administrador de la Terminal de Oriente en San Salvador, le aseguró a BBC Mundo "que todos los empresarios van a cumplir las 72 horas de paro" por miedo a las maras.

"Nosotros siempre sufrimos las consecuencias porque esto ya es demasiado", se quejó por su parte Magdalena Medrano, una usuaria.

A DOBLE VOZ
Los "mareros" explicaron que, con la medida de presión, quieren que el presidente Mauricio Funes vete la Ley de Proscripción de Maras, aprobada por el Congreso salvadoreño el 1º de septiembre.

La norma, que proscribe las pandillas y su financiamiento así como la existencia en el país de "grupos de exterminio" social, fue introducida por el gobierno de Funes en julio, poco después que integrantes de la 18 incendiaran un transporte público y causaran la muerte de 17 personas.

El anuncio del paro fue hecho poco después que los transportistas salvadoreños se movilizaran en protesta por el asesinato de sus empleados.

"Pedimos nuestras más sinceras disculpas por los inconvenientes causados (…) Queremos aclarar que dicha medida fue impulsada con el único objetivo de ser escuchados", le dijo a un canal de televisión local un pandillero con el rostro cubierto con un pañuelo.

El joven, que habló en nombre de la Mara Salvatrucha, explicó que "el nuevo gobierno del presidente Funes prometió ser inclusivo con todos los sectores y hace un par de meses llamó a una ronda de consultas con todos los sectores para tratar el tema de la violencia y nosotros no fuimos invitados".

El anuncio fue hecho en una casa ubicada en la periferia de la capital, con el "portavoz" de la MS rodeado por otros miembros de la "clica" (célula) que controla esa zona.

Por su parte, los pandilleros de la 18 leyeron el comunicado cubiertos con gorros pasamontañas color negro en un barrio de su "jurisdicción".

Las maras son responsables de buena parte de la ola de violencia que afecta a El Salvador, la que se cobra la vida de al menos una decena de personas al día.

Y aunque la 18 y la MS-13 son feroces rivales, ésta no es la primera vez que se ponen de acuerdo.

El 24 de septiembre de 2004, al final de la administración del ex presidente Francisco Flores -quien promovió el plan "Mano Dura" en su contra- las dos organizaciones pactaron una tregua que no tuvo éxito.

LLAMANDO AL DIALOGO
"Invitamos a iniciar un proceso transparente de diálogo con el fin de buscar solución a la violencia", afirmó el pandillero de la 18.

Los jóvenes también le exigieron a Funes "que incremente el sueldo mínimo y baje los precios de la canasta básica, que regule el precio del agua y de la energía eléctrica y que no suba el transporte público".

Mientras tanto, el párroco Antonio Rodríguez López, quien se presentó como interlocutor de las pandillas, acudió a otros canales de televisión para interceder en favor del diálogo.

Rodríguez, un sacerdote de origen español, administra la parroquia de Mejicanos, el barrio que fue el escenario de la masacre del autobús en julio.

El religioso dijo que los pandilleros están dispuestos a adquirir compromisos con la sociedad para "mejorar las condiciones en las cárceles y que los internos tengan formación laboral y puedan ayudar a sus familias".

En los últimos días, las prisiones también han sido objeto de enfrentamientos. El miércoles, la Dirección de Centros Penales decretó el estado de emergencia en seis centros penitenciarios donde los reos se declararon en rebeldía.

"Se están pisando muchos derechos en las cárceles. Ser pandillero no es sinónimo de ser violento", dijo el párroco.

¿NEGOCIAR?
Por lo pronto, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Carlos Ascencio, rechazó la idea del diálogo: "No estamos dispuestos a tener conversaciones con criminales".

"Nuestra labor como policía es revertir la situación de violencia y de prevenir el delito y combatirlo", afirmó Ascencio, al tiempo que elogió el espíritu de la ley de proscripción "porque es una herramienta que necesitamos para combatir este flagelo".

La ley penaliza la pertenencia y financiación de las maras y eleva a diez años la pena de cárcel.

En tanto, el Ministerio de Defensa informó que desplegó 2.000 soldados más y habilitó vehículos militares para enfrentar el paro al transporte.

"Las pandillas saben perfectamente a dónde va orientado este instrumento jurídico. No va dirigido contra estos niños y adolescentes que han sido inducidos por estos criminales a integrarse a la labor de las maras", aseguró el jefe policial.

"Aprovecho para decirles a los niños que retornen a sus casas con sus padres y que abandonen esta estructura criminal", agregó.