Emplazan a empresas de telefonía a indemnizar a clientes afectados por irregular servicio tras el terremoto

El diputado PS Marcelo Díaz llamó al gobierno a hacer cumplir la normativa que obliga a las empresas de telefonía fija y móvil a indemnizar a los usuarios que se vieron afectados por la suspensión o alteración del servicio tras el terremoto y tsunami del 27 de febrero.

El parlamentario, junto a sus pares Fidel Espinoza y Alfonso de Urresti, solicitaron mediante oficio información respecto a los derechos de los consumidores en este sentido.

La respuesta fue entregada esta semana por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, mediante la cual se informan los alcances de la Ley 18.168 General de Telecomunicaciones que sostiene que "toda suspensión o alteración del servicio telefónico que exceda las 12 horas por causa no imputable al usuario, deberá ser descontada de la tarifa mensual de servicio básico a razón de un día por cada 24 horas o fracción superior a seis horas. En caso que la suspensión, interrupción o alteración que exceda tres días consecutivos en un mismo mes calendario y no obedezca a fuerza mayor, el concesionario deberá indemnizar al usuario con el triple del valor de la tarifa básica diaria por cada día de suspensión".

Frente a estos datos, Díaz apuntó a las empresas de telecomunicaciones que, argumentando la existencia de un caso de fuerza mayor, han evadido el pago de indemnizaciones y optaron por hacer compensaciones voluntarias a los usuarios.

"Es necesario cubrir los vacíos legales, de manera de empoderar con más fuerza a los consumidores, eso es efectivo, pero las empresas tienen que hacerse cargo derechamente indemnizando y no compensando. El negocio de la telefonía celular es uno de los más rentables en Chile –basta constatar que tenemos cerca de 1 celular por persona en el país– por lo que los resguardos para esos millones de consumidores deben estar también a la altura de ese flujo", planteó el parlamentario PS.

En este sentido, Díaz recalcó que es responsabilidad del Estado hacer cumplir la ley con toda su fuerza. Y calificó como vergonzosa la respuesta pública de la Asociación Chilena de Telefonía Móvil (Atelmo), que a través de su presidente Guillermo Pickering, ha dicho las empresas del rubro "no son un mecanismo de emergencia" del Estado.  Y que el marco regulatorio vigente no establece la obligación de las compañías de compensar por (la) congestión que se producirá siempre que 16 millones de personas hablen por teléfono".