Enel y Colbún concretan fin de HidroAysén y disuelven sociedad

A las 8.30 de la mañana de este viernes, el directorio de Centrales Hidroeléctricas de Aysén sesionó por última vez. Sus integrantes, entre ellos su presidente, Juan Eduardo Vásquez; el gerente general de Colbún, Thomas Keller y el gerente de producción hidráulica de Enel Generación, Carlo Carvallo; plasmaron en el papel y notificaron al regulador sobre una definición que tiempo atrás habían tomado los controladores, Enel y Colbún: disolver la firma y dar por finalizado el polémico proyecto.

La decisión, adelantada por La Tercera hace casi dos semanas, obedece a que HidroAysén, frente a alternativas más competitivas como la producción a gas natural o renovable no convencional, había perdido competitividad. A eso se suma el rechazo de las comunidades, cuyo discurso había permeado a nivel político, en forma transversal. Ninguno de los dos socios estaba dispuesto a asumir ese costo.

Según lo acordado hoy, ambas empresas se dividirán a prorrata -Enel es dueña del 51% de la sociedad y Colbún, el restante 49%- los terrenos y ambas devolverán los derechos de agua. En el caso de la eléctrica ligada al grupo Matte, fuentes de la compañía confirmaron que su idea es crear allí una zona de conservación, en los mismos terrenos que, paradójicamente, formaban parte de la zona de inundación. En total, HidroAysén tenía unas 10 mil hectáreas en su poder. Algunas de ellas con vecinos emblemáticos como Andrónico Luksic o el fallecido Douglas Tompkins.

También se definió no persistir en ningún proceso judicial, como el caso del reciente fallo del Tribunal Ambiental de Santiago, que respaldó la decisión del Comité de Ministros de junio de 2014, en que revirtió el otorgamiento del permiso ambiental.

HidroAysén, herencia de la antigua Endesa -cuando era estatal- data de los años 40, cuando Corfo realizó las primeras prospecciones para evaluar el potencial hidroeléctrico de la zona. En 1974 se realizó el estudio de factibilidad y en 2004, cuando Endesa ya estaba en manos privadas, decidió actualizar la iniciativa para construirla. Dos años después se sumaría Colbún y en 2008 presentarían el estudio de impacto ambiental.

La iniciativa levantó gran polémica, surgiendo una oposición a nivel local y nacional, agrupada bajo Patagonia sin Represas, que sirvió como modelo para otras agrupaciones ambientales que se oponían a grandes proyectos eléctricos. Pese a ello, HidroAysén consiguió en 2011 su autorización ambiental, el que fue revertido en 2014 por el Comité de Ministros (a meses de instalada Michelle Bachelet como Presidenta), decisión que después ratificara el Segundo Tribunal Ambiental.

Para el académico de la Universidad Católica y socio de Systep, Hugh Rudnick, la decisión es correcta. "Ese proyecto, además del rechazo ambiental que había enfrentado, se había hecho no rentable frente a otras alternativas de generación", señala, aludiendo a la baja de costos que ha tenido la generación solar y eólica, además del descenso del precio del gas natural luego que Estados Unidos desarrollara nuevos métodos de extracción como el shale gas.

Pese a ello, Rudnick cree que esta situación es histórica. "Esto es tremendamente simbólico, porque por muchos años consideramos que la energía hidroeléctrica de la Patagonia podía hacer un importante aporte a la matriz eléctrica chilena", apunta.

"Sin embargo los cambios tecnológicos en el ámbito energético están desplazando los recursos que considerábamos fundamentales para nuestro abastecimiento eléctrico: hidroelectricidad y carbón. Se ha producido una baja notable de los costos de inversión de las tecnologías solar y eólica, que están claramente desplazando a las tecnologías tradicionales. Es cierto que estas son energías variables y no están siempre presentes, pero se están también produciendo avances importantes en el almacenamiento de energía, que ayudarán a la transición energética", admite.

El fallido complejo hidroeléctrico, que intervendría los ríos Baker y Pascua, consideraba una potencia de 2.750 MW -que lo convertiría en la mayor central del país- y tenía la ventaja de alimentarse de aguas de régimen glacial, sin depender de las lluvias, operando a un nivel cercano a su máximo todo el tiempo.

La inversión total informada en 2008 era de US$ 3.200 millones, pero esa cifra nunca se actualizó. Fuentes cercanas al proyecto indican que su costo hoy bordearía los US$ 10.000 millones, cifra que lo hacía totalmente inviable.