Esposa de Assad podría ser incluida en lista negra de la Unión Europea
Este viernes en Bruselas los cancilleres de la UE formalizarán el listado de nuevas sanciones contra los regímenes de Irán, Siria y Bielorrusia. Asma Assad entraría en los registros, según fuentes diplomáticas.
Asma Assad, la esposa del presidente sirio, Bashar Assad estaría en la nueva lista negra de sanciones que prepara la Unión Europea y que será dada a conocer este viernes por los cancilleres de la UE en Bruselas.
Según fuentes diplomáticas citadas por Efe, en las últimas semanas Asma habría realizado compras de lujo en el extranjero a través de intermediarios, si bien las fuentes comunitarias no han querido confirmarlo a la espera de la decisión del viernes.
Si Asma Assad es sancionada, sus bienes y recursos económicos en la UE quedarán congelados y no podrá obtener visados para viajar a países europeos
Los Veintisiete seguirán aumentando la presión sobre el régimen de Bashar Assad con una nueva ronda de sanciones, que afectará a 12 individuos y 2 entidades que sirven de apoyo al gobierno, informó hoy otra fuente diplomática.
Tanto el presidente sirio como su hermano Maher, considerado el principal ejecutor de la represión contra las manifestaciones opositoras, son ya objeto de sanciones de la UE desde hace casi un año. Estos nuevos nombres se sumarán a las 114 personas y 39 entidades que ya han sido castigadas por considerar que son responsables o partícipes de la represión violenta de las protestas en el país.
La UE tiene además en vigor importantes sanciones económicas contra Damasco, incluido un embargo a las importaciones petroleras y un veto parcial a los intercambios con el Banco Central sirio. Además de aprobar las nuevas sanciones, los ministros repasarán la situación en el país y las ideas para facilitar asistencia humanitaria a la población, así como los esfuerzos diplomáticos para encontrar una solución negociada al conflicto.
Es probable también que se vuelva a discutir la presencia de embajadores europeos en Damasco, después de que seis países (España, Alemania, Holanda, Italia, Reino Unido y Francia) hayan decidido cerrar sus misiones, mientras que otros Estados miembros las mantienen abiertas. Según fuentes diplomáticas, en los próximos días otros países podrían sumarse al cierre de embajadas.
IRAN
En el caso de Irán, se espera que los Veintisiete añadan a 18 personas a su lista de sancionados por las violaciones de los derechos humanos perpetradas en el país, por la que se prohibirá su entrada en territorio comunitario y se congelarán los activos que puedan poseer en Europa. Además, prologarán durante un año las medidas ya existentes contra 61 personas, que fueron incluidas en esa "lista negra" a lo largo del pasado año.
Los ministros tienen previsto además prohibir la venta a Irán de programas informáticos que puedan ser utilizados por las autoridades para controlar comunicaciones electrónicas o telefónicas.
BIELORRUSIA
Por último, los ministros discutirán la posibilidad de ampliar las sanciones contra Bielorrusia y, en concreto, contra empresarios que apoyan al régimen. Estas nuevas sanciones llegarán después del fusilamiento, el pasado fin de semana, de dos opositores condenados por un atentado terrorista en Minsk.
En febrero, los Veintisiete aprobaron sanciones contra 19 jueces y dos mandos policiales bielorrusos en respuesta a la represión de la oposición en el país, pero no lograron un acuerdo para endurecer su postura con el sector empresarial.
En esta ocasión se espera que los ministros den luz verde a sancionar a una lista de empresarios que sostienen al gobierno de Alexandr Lukashenko, considerado el último dictador de Europa.
Por ahora, Letonia y Eslovenia se oponen debido a la presencia en la lista de Yuri Shish, un poderoso empresario bielorruso dueño de un conglomerado de entidades con intereses e inversiones en ambos países, aunque una fuente diplomática confió en que esas reticencias serán superadas y el viernes se alcanzará un acuerdo unánime. El objetivo de las sanciones europeas es lograr la liberación de los opositores encarcelados tras las elecciones de diciembre de 2010.
Actualmente, 227 individuos tienen ya prohibida su entrada en la UE y sus activos en Europa congelados.
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