Estado de Florida apela ante juez federal para respaldar ley que prohíbe negocios con Cuba y Siria

El estado de Florida apeló ante una corte federal de Miami la decisión emitida por un juez, el mes pasado, que bloqueaba la entrada en vigor de una ley estatal que prohibe negocios con empresas que tengan vínculos con Cuba y Siria.

El gobernador republicano de Florida, Rick Scott anunció la apelación sobre esta ley que afecta al gigante brasileño de la construcción Odebrecht. La empresa sudamericana había logrado, a finales de junio pasado, que un juez federal evitara que entrara en vigor la norma que iba a estar funcionando el 1 de julio.

"Como he dicho antes, los gobiernos de Castro y Asad son sin lugar a dudas represivos, y es importante que los contribuyentes de Florida no respalden a  dictadores que suprimen la libertad", dijo Scott en su anuncio de la apelación  este martes ante la corte federal.

"Creo firmemente que esta ley es adecuada para Florida y la seguiré  defendiendo en el futuro", agregó el gobernador del estado, donde vive el mayor  número de exiliados cubanos en Estados Unidos.

A inicios de junio Odebrecht USA demandó al estado de Florida por esta  controvertida ley estatal que busca prohibir a los gobiernos locales cerrar  contratos con empresas que mantengan negocios con Cuba y Siria.

La demanda alegó que la ley es inaplicable e inconstitucional porque se  inmiscuye en asuntos de política exterior, una facultad que pertenece  exclusivamente al gobierno federal.

La ley busca prohibir a las agencias gubernamentales estatales y locales la adjudicación de contratos por valor de al menos un millón de dólares a empresas  como Odebrecht Construction, Inc, que cuenta con una filial que en este momento avanza en trabajos de construcción en el puerto cubano del Mariel.

"Creemos firmemente que esta nueva ley de la Florida viola la Constitución de Estados Unidos", dijo entonces un comunicado de Odebrecht USA, que es subsidiaria de Odebrecht SA, una empresa multinacional diversificada de Brasil,  con operaciones en más de 20 países, incluida Cuba.

El gobernador republicano Rick Scott había provocado en mayo una sonada  polémica en Florida al firmar la nueva ley en una ceremonia llena de simbolismo para la comunidad cubana de Miami.

Pero después de la firma ante las cámaras, su oficina emitió un comunicado  que sugería que la ley era inconstitucional y que la última palabra la tendría  el gobierno federal, algo que exasperó a los cubano-americanos que habían  estado presentes en el acto y que obligó al gobernador a retractarse.