Ex médico de Michael Jackson apela a su sentencia por la muerte del artista

El médico Conrad Murray, condenado por la muerte de Michael Jackson en noviembre de 2011, recurrió a la sentencia de cárcel que se le impuso por considerar que fue víctima de un juicio injusto condicionado por la fama del "rey del pop".

La documentación entregada en una corte de apelaciones californiana consta de más de 230 páginas en las que el galeno y su abogada Valerie Wass, argumentan que el proceso judicial estuvo mediatizado y que, a pesar del fallo condenatorio, no se demostró que realmente Murray matara al cantante. 

Wass insistió en la versión esgrimida en el juicio por el entonces equipo defensor de Murray que planteó la hipótesis de que, en un descuido del doctor, Michael Jackson se inyectara una dosis letal de medicamentos y pusiera fin a su vida sin querer.

Murray era el médico personal de Jackson en el momento de su fallecimiento, el 25 de junio de 2009, y el encargado de suministrarle los anestésicos que la autopsia determinó como causa de su muerte, entre ellos uno de uso hospitalario de nombre propofol.

En los dos meses que duró el juicio en 2011 se demostró que Murray había actuado de forma negligente en el cuidado de Jackson y el jurado popular consideró que sus faltas a la hora de cuidar de la salud de su paciente fueron suficientemente graves como para considerarlas constitutivas de delito penal.

Murray fue condenado a cuatro años de prisión por el homicidio involuntario de Michael Jackson. 

Desde entonces cumple condena en California a pesar de haber intentando conseguir salir bajo fianza, algo rechazado por el magistrado Michael Pastor por entender que Murray abandonaría el país si salía de la cárcel.

Según las leyes penitenciarias de California, Murray estaría en disposición de abandonar la cárcel a finales de octubre una vez cumpla la mitad de su condena.

Murray quedaría en libertad condicional, si bien su salida podría adelantarse en virtud de las normativas que autorizan a dejar salir a reclusos no peligrosos que hayan cumplido parte de su pena con el fin de reducir la sobrepoblación carcelaria en el estado.