Exigen subsidios y aumento de fiscalización para evitar muertos por emisiones de monóxido de carbono

El concejal de Santiago, Ismael Calderón, hizo un llamado a otorgar subsidios y un aumento de fiscalización para evitar más muertos por emisiones de monóxido de carbono.

Según las estadísticas, el año pasado fallecieron 95 personas producto de la inhalación de monóxido de carbono. Este gas imperceptible es emitido por calefones o estufas en mal estado, y en estos últimos días ya han muerto tres personas por esta causa en la comuna de Santiago.

Según la PDI las muertes por este tipo de problemas van en aumento y se remonta al 31% más los hechos de esta naturaleza en lo que va del año 2011.

"Analizando estas pavorosas cifras no hemos percatado de que quien debe realizar la fiscalización de artefactos domiciliarios, según la ley, es la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), la cual no cuenta con los fiscalizadores que corresponde para realizar dicha importante tarea", declaró el concejal.

El aumento sostenido de muertes por inhalación de este peligro gas se presenta en su mayoría en los meses más fríos, cuando las personas requieren de una calefacción de sus habitaciones. La utilización de estufas con mala combustión o los calefones puesto en los baños son armas letales que condenan a la asfixia a los moradores de departamentos que no cuentan con las medidas de seguridad necesarias para garantizar una combustión limpia.

En ese sentido el edil de Santiago, propone que se genere un subsidio para aquellas personas, " teniendo en consideración que en la Comuna de Santiago existen una gran cantidad de edificios antiguos y que en su mayoría los vecinos son de extracción socioeconómica media baja que no tienen los recursos para enfrentar los arreglos que en más de alguna ocasión la administración de sus edificios le solicitó realizar a pedido de la SEC.  Estas familias requieren de un subsidio estatal que les permita realizar estos trabajos de seguridad y cumplir con las normas exigidas en cada caso."

"El Estado puede garantizar, a través de la Ficha de Protección Social, la entrega de dicho subsidio y por intermedio de los municipios poder calificar a las personas que requieran de la entrega de este beneficio, lo cual permitiría una mayor seguridad para todos en el futuro", argumentó el concejal Calderón.