Experto en educación de la UC: "El riesgo de cierre o transformación se mantiene en un sub grupo (de colegios) que entrega mayor calidad"

Hoy las comisiones de Hacienda y de Educación del Senado comenzarán a discutir en particular el proyecto de inclusión que busca eliminar el lucro, la selección y el copago en todos los colegios que reciben subvención de parte del Estado. En la jornada, será el mismo ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, quien se encargará de explicar las 35 indicaciones presentadas a la misiva legal que espera ser despachada a fin de mes.

Para muchos, las modificaciones del Ejecutivo parecen marcar cambios drásticos al proyecto. Sin embargo, para el economista y experto en educación de la U. Católica, Ricardo Paredes, se trata de mociones que responden a las necesidades. "Me parece bien que haya mayor grado de flexibilidad y plazos, que las restricciones sean menores a la compra de inmuebles, que se abran espacios para la expulsión y que se suavicen los requerimientos para  la apertura de nuevas escuelas".

Una de las indicaciones del Ejecutivo apuesta a aumentar los plazos para cambiar de estructura jurídica a los colegios que cuenten con una matrícula igual o  menor a 400 alumnos. ¿Le parece bien esta diferencia?

Me parece una respuesta al diagnóstico que se fue generando al improvisado  proyecto de ley. En el andar, se fueron percatando que el lucro no es un problema generalizado y que esta es una ilusión en muchos colegios, particularmente en los de menor tamaño. Que ello sería simplemente devastador. El problema es que los colegios más grandes, los que tienen mayor potencialidad de lucro, suelen ser sustancialmente mejores. Entonces, lo que tenemos es que el riesgo de cierre o transformación se mantiene en un sub grupo (de colegios) que entrega mayor calidad.

¿Le parece que los cambios son drásticos?

No, creo que muchos de los cambios propuestos están dando una respuesta casi improvisada a problemas evidentes, pero la magnitud y consecuencia de esos mismos problemas que se procura resolver con las indicaciones es aún desconocida y las consecuencias negativas sobre la preservación de proyectos educativos buenos y sobre la inversión son posibles.

El Ejecutivo propone una mayor fiscalización e integra en ésta  tarea al Servicio de Impuestos Internos (SII) y a la Superintendencia de Educación. ¿Cuáles son los beneficios y complicaciones que le podrían traer al sistema  de rendición de cuentas?

Cuando hay reglas generales y sobre esas se aplica fiscalización, los sostenedores saben que su deber es, aparte de cumplirlas, entregar educación de calidad y que, de proveerse mala calidad, están sujetos a cierre, a sanciones y al retiro de los padres. Cuando todo parece manejable desde las oficinas centralizadas, eso es ingenuo, se le carga toda la responsabilidad al ministerio y éste a los funcionarios. Cuando el funcionario tiene, además, poder de interpretar, de sobreinterpretar, y las sanciones son elevadas, la incertidumbre para el trabajo y los espacios de corrupción aumentan.

Las indicaciones también proponen castigos monetarios y hasta punitivos ante el mal uso de fondos entregados vía subvención escolar. ¿Qué le parece esta medida, es aplicable?

Las sanciones penales son disuasivas, pero también aumentan los estándares de prueba. Esto quiere decir, que son más difícilmente aplicables. Por su parte, sanciones penales, en contextos donde el funcionario interpreta, donde el funcionario puede ser corrupto, aumentan la incertidumbre para un desarrollo razonable de proyectos amplios, visionarios, novedosos. Es, sin duda, un riesgo de hacer menos atractiva la educación subvencionada y saltar a la escuela particular, más selectiva, menos integradora.

El Senado y el gobierno repusieron la indicación de arrendar, proponiendo que el costo del inmueble  no sobrepase el 11% del avalúo fiscal. ¿Es justo, a su juicio, llegar a esa cifra?

Me parece correcto en principio. Lo que me parece complejo, es que lo relevante es el valor comercial no el avalúo fiscal. En este sentido, es un avance que algunos colegios debieran resolver ajustando sus terrenos y otros revaluándolos.

También cambió el plazo de los contratos de arriendo: pasó de 20 a ocho años. ¿Cuáles, a su juicio, son las ventajas y complicaciones del período propuesto?

Un plazo de arriendo de ocho años parece razonable. Ningún sostenedor serio desarrolla un proyecto sin un plazo razonable de arriendo. Mientras, 20 años me parecían absolutamente excesivos y una dificultad insalvable para el arriendo.

Algunos de los temores de los senadores es la pérdida de matrícula municipal cuando los subvencionados se hagan gratuitos durante los primeros años.  ¿Esto es una amenaza real considerando que el Ejecutivo ya comprometió recursos para dichos establecimientos y cómo se podría evitar la fuga?

Es un riesgo, es consecuencia de un mal diseño, de un mal orden. La fuga se podría evitar haciendo de la fiscalización a los privados algo asimétricamente exigente. Creo que eso no sería virtuoso y que ojalá el proyecto de desarrollo de lo municipal sea convincente para los padres. Sobre ello, no tengo gran expectativa, aunque siempre alguna esperanza.