Expertos de México y Uruguay entregan sus experiencias en aborto

Luego de la promulgación y posterior publicación de la Ley que Despenaliza la Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres Causales y tras dos años y 18 meses de discusión parlamentaria, el Ministerio de Salud trabaja a toda máquina en las normas técnicas y reglamentos para hacer operativa la nueva normativa, que se espera esté implementada antes de fin de año.

Un proceso que ya implementaron Uruguay y México, algunos de los países latinoamericanos que cuentan con esta legislación. En el primer caso, la interrupción a voluntad de la madre existe desde 2012, mientras que en el país azteca es desde 2007.

En ambos, las tres causales existían previo a las ampliaciones que tuvieron sus respectivas normativas, que fijaron que el aborto se hiciera a voluntad de la madre.

En el caso de México, se "permite a demanda de la mujer hasta las 12 semanas de gestación. De hecho, define el aborto a partir de las 13 semanas, antes de ese periodo es interrupción legal del embarazo (ILE) y, por ende, no implica responsabilidades penales", explicó Raffaela Schiavon, gineco-obstetra y directora de Ipas México, una ONG que promueve la defensa de la salud y los derechos reproductivos de la mujer.

En Uruguay, en tanto, cuando se solicita la interrupción después de las doce semanas comienza a operar la legislación, donde se hace asesoramiento, disminución de riesgo, pero no se le entrega la medicación para realizar el aborto, y es la misma mujer la que debe conseguirlo en el sector privado, según explicó Ana Labandera, obstetra y directora ejecutiva de la ONG Iniciativas Sanitarias de Uruguay.

La experta agregó que en ese país predomina la autogestión en caso de aborto, es decir, que mayoritariamente lo realiza la madre y con fármaco. "La mujer se siente muy segura, y está informada de la ley, la conoce bien y en cada servicio de donde ella es usuaria hay un equipo de referencia en esta temática y se le hace todo el proceso. Cuando elige la autogestión, se va con la medicación (...) sabe bien lo que le va a pasar, y como es una medicación con alto nivel de éxito, se siente confiada de llevar adelante el proceso", indicó.

Según agregó Labandera, el proceso consta de cuatro consultas: en la primera, donde se toma contacto con el sistema de salud. La segunda, 24 horas después, donde un equipo interdisciplinario realiza entrevista a la mujer para conocer motivos y las redes de apoyo social con las que cuenta. Luego de esa segunda consulta la mujer tiene cinco días de reflexión, mientras se hacen los estudios y exámenes. Tras eso, se genera la tercera consulta con un ginecólogo, que es quien prescribe la medicación.

"La mujer puede elegir entre autogestionarse el aborto medicamentoso, a través de la explicación clara y completa de cómo hacerlo, o puede elegir hacerselo internada", dijo Labandera.

En tanto, la última consulta es un encuentro con una matrona donde se le dan herramientas de anticoncepción y se verifica si es necesario una derivación para atención psicológica.

En 2013 se hicieron seis mil abortos, mientras que el último reporte ministerial dio cuenta de nueve mil abortos por año, en un país de tres millones de habitantes.

A diferencia de Chile, donde tras promulgar la ley el Ministerio de Salud tendrá 90 días para elaborar los reglamentos y normas técnicas para la implementación de la ley, en México ésta comenzó de forma inmediata. Allí las autoridades de Salud "asumieron un compromiso político y técnico muy claro y sin ambigüedades", añadió Schiavon. Un plus fue que había trabajo previo de capacitación de profesionales y prestadores en las causales existentes previamente, lo que facilitó la implementación.

Sin embargo, la demanda de servicio aumentó dramáticamente, lo que tensionó los centros, según detalló Schiavon. "En los cuatro años previos al cambio de la ley, se habían realizado 66 abortos legales. Sin embargo, en estos 10 años de la nueva ley se han realizado más de 183.000 abortos legales solo en los servicios públicos de la ciudad", indicó.

Leonel Briozzo, médico y ex subsecretario de Salud Pública de Uruguay, quien se encuentra en Chile invitado por la Asociación de Protección de la Familia (Aprofa), describe que una de las dificultades en la implementación fue que "no habían los suficientes profesionales de la salud para implementarla, entonces tuvimos que entrar en un proceso de capacitación y estructuración de los equipos", dijo.

Respecto a la objeción de conciencia, en ambos es un derecho personal, individual y en ningún caso grupal, a diferencia de Chile, donde quedó estipulada como institucional. Si bien en México hubo declaraciones masivas de objeción en algunos hospitales, el gobierno "trabajó con los profesionales que estaban disponibles, sin obligar a ninguno. No se exigió una definición, por lo que no hay una lista de objetores", explicó Schiavon,

Mientras, Briozzo añadió que al momento de hacer la reglamentación "se buscó el menor impacto posible de la objeción de conciencia y planteamos en la reglamentación que siempre el aborto se comenzara con medicamentos (...) y por eso se logró que hubiera gran adherencia, porque no implicaba que el profesional hiciera el aborto. Lo que hacía era asesorar y acompañar a la mujer prescribiendo fármacos, pero era ella la que decidía y hacía el aborto".