Exportadores en alerta por impuesto en ley de puertos

Los ecos de la última paralización de los trabajadores portuarios, en enero de este año, siguen escuchándose.

La denominada "ley corta de puertos", que permitirá el pago retroactivo de media hora de colación a los trabajadores del sector, implicará que, durante cuatro años, las empresas portuarias privadas y estatales paguen un impuesto de US$ 0,3 por tonelada de carga transferida, según consta en el proyecto que hoy reside en la Comisión de Hacienda del Parlamento. El tributo pretende recuperar los recursos que el Estado desembolsará para pagar el compromiso adquirido con los trabajadores.

Dicho aporte encendió las alarmas en el sector exportador, luego de que algunas empresas del rubro fueran notificadas por las portuarias de un reajuste en el precio de sus exportaciones, comentaron fuentes del sector.

El presidente de Fedefruta, Juan Carolus Brown, manifestó su preocupación y molestia con la situación: "Me parece insólito que los operadores portuarios quieran compartir con nosotros las pérdidas, cuando nuestro sector ha sido el que más ha perdido por la inoperancia de la estructura portuaria chilena, de la que ellos son los principales actores".

Agregó que los principales afectados serán nuevamente los productores, "que no pueden traspasarle el precio a nadie, sólo a su chequera".

Consultado sobre las acciones a seguir, Carolus indicó que analizarán la situación para determinar el proceder.

El presidente de la CNC, Ricardo Mewes, se sumó a la preocupación en torno al impuesto, indicando que "incluso podría transformarse en un problema constitucional, porque no puede haber impuestos que sean específicos para un uso determinado".

Indicó que el tributo va en dirección opuesta a lo señalado por el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, sobre que Chile tiene altos costos logísticos. "Esto atenta contra la productividad y la competitividad de las empresas que están peleando en el mercado mundial. Me gustaría que esta ley se alineara con los objetivos del Ministerio de Economía, en términos de hacer más eficientes y competitivos los costos logísticos".

Mewes agregó que también falta saber cuál será la política de desarrollo de largo plazo para el sector portuario.

Indicó que si bien aún no han recibido consultas por parte de exportadores e importadores respecto de un eventual traspaso de precios, sostuvo que "estamos trabajando y le pedimos a la propia Cámara Marítima, que es socio nuestro, que nos informe cuál es su posición".

INCERTIDUMBRE

Mewes agregó que el impuesto de US$ 0,3 también adiciona un nivel de incertidumbre jurídica a las concesiones portuarias, punto en el que coincide Rafael Durán, abogado experto en temas marítimos del estudio Araya y Cía.: "Esto significa una clara modificación a las reglas del juego de los privados, que participaron en una licitación, adjudicaron, celebraron un contrato y por vía indirecta se les está incorporando este gravamen".

Durán agrega que si los importadores o exportadores no están de acuerdo con financiar directamente el impuesto, "lo van a hacer de forma indirecta, porque les van a subir los costos. Al final del día, los mismos perjudicados con el paro van a ser los perjudicados de pagar las consecuencias de la compensación a los trabajadores".