Familias de víctimas de régimen militar dicen que el gobierno les niega ayuda
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, exigió que se les liberen fondos correspondientes a un programa de subvención.
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) acusó este viernes al gobierno de Sebastián Piñera de no querer ayudarles económicamente, "en un intento por dar vuelta la página sobre las violaciones a los derechos humanos" bajo el régimen militar.
Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD, aseguró que el gobierno se ha negado a entregar los recursos que le fueron adjudicados a la entidad a través del programa de Subvención Presidencial, que el Ejecutivo entrega todos los años para diferentes ONGs y organizaciones sociales.
En declaraciones a Radio Bío Bío, Pizarro recordó que en el último año de gobierno de Michelle Bachelet a la AFDD le fueron adjudicados 39 millones de pesos.
"Sin embargo, la administración de Sebastián Piñera, pese a reconocer que los fondos están aprobados correctamente, no liberó los recursos el año pasado", enfatizó.
Lorena Pizarro sostuvo que esta negativa es parte de los esfuerzos del Ejecutivo por cerrar definitivamente el capítulo de las violaciones a los derechos humanos bajo el gobierno de Augusto Pinochet.
"Esto es muy grave, esto es una visión que tiene la actual autoridad política de coartar la subsistencia de las organizaciones sociales y de la sociedad civil, salvo aquellas que marquen y bailen al paso que el gobierno les pone. Es preocupante, porque es el reflejo de un gobierno autoritario", subrayó.
Por su parte, el diputado Tucapel Jiménez hizo un llamado al gobierno a rectificar y liberar estos fondos. "Esta decisión es un golpe mortal a esta lucha que ha sido por años histórica. Son recursos fundamentales para su subsistencia", apostilló el legislador PPD.
Durante el régimen militar unos 2.300 chilenos fueron ejecutados por agentes del Estado, de los cuales cerca de 1.190 permanecen aún en condición de detenidos desaparecidos, según consignó en 1991 el Informe Rettig, que certificó las violaciones a los derechos humanos cometidas en ese periodo.
En tanto, la Comisión Valech certificó en el 2004 que en Chile se registraron 27.255 casos de tortura cometidos durante el gobierno de Pinochet.
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