Fiscal de La Araucanía: "Debemos acortar la brecha entre el caso policialmente aclarado y el judicialmente resuelto"

Cristian Paredes asumió como fiscal regional de La Araucanía en agosto de 2013 y desde esa fecha ha debido llevar adelante la persecución penal de los atentados en la zona. La semana pasada ocurrieron varios ataques que involucraron a un funcionario de la Conadi, cuya casa fue quemada por encapuchados. Acá, en entrevista con La Tercera, Paredes cuenta las dificultades para detener con los culpables de estos ilícitos y la necesidad de convertir en evidencia la información de inteligencia de las policías.

¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta la persecución de estos atentados?

Existen una serie de elementos  que se presentan en forma exclusiva en los delitos relacionados a la violencia rural en nuestra zona. El fenómeno criminal que vivimos acá es inédito. A eso hay que sumarle el contexto en que se desarrollan estos hechos. Hablo de delitos cometidos fuera de radio urbano, generalmente sin testigos o cuando los hay están muy atemorizados, con evidencia de que existe preparación, conocimiento de campo y coordinación de  quienes los cometen.

¿Qué otro factor influye?

Adicionalmente, se presenta la imposibilidad de contar con elementos tecnológicos comunes en zonas urbanas como cámaras de seguridad que ayudan significativamente a la hora de aclarar hechos delictivos. Es muy difícil que en estos casos se proceda en flagrancia por la conjugación de factores que menciono, por tanto son escasos los casos de detenidos en tiempo inmediato.  Debido a lo anterior, el trabajo investigativo junto a las policías se hace doblemente complejo.

¿Hay problemas con la información de inteligencia que manejan Carabineros y la PDI?

En lo relativo a la información de inteligencia que manejan las policías puedo señalar que es relevante que seamos capaces de traspasar y convertir esos antecedentes que reúna la inteligencia policial —cuando los hay—  en evidencia concreta, válida y con el estándar requerido por nuestros tribunales. No es un problema de coordinación, ya que ésta existe entre las policías y la Fiscalía, sino que de validar jurídicamente la información obtenida. Hay un desafío en esta materia.

¿Qué medidas está tomando la fiscalía?

En materia interna, nuestro equipo de fiscales de alta complejidad se reúne regularmente, y trabajan analizando los casos, sus fortalezas y debilidades, y aportando  su experiencia en materia de diligencias útiles.  En relación a las policías, hace poco tiempo, y luego de un trabajo de meses, firmamos junto a los mandos de ambas policías un Protocolo de Trabajo del Sitio del Suceso único en el país ¿Por qué? Con las dificultades expuestas anteriormente, el trabajo del sitio del suceso cobra mayor relevancia.  Es clave y crucial preservarlo y trabajarlo profesionalmente para contar con medios que nos permitan establecer quienes participaron en los hechos.

En materia de inteligencia, el diálogo es fluido con los jefes de Inteligencia de ambas policías y juntos tenemos que encontrar la fórmula que haga que ese gran cúmulo de información que manejan estas unidades de elite pueda ser traspasada, validada y con un alto estándar que nos permita presentarla en los tribunales. En definitiva, debemos acortar la brecha entre el "caso policialmente aclarado" y el "caso judicialmente resuelto".

¿Se busca mejorar el análisis de la información de inteligencia?

Quisiera dejar en claro un punto, la fiscalía no forma parte del sistema de inteligencia.  Pero no desconocemos que en este ámbito existe información que puede ser valiosa, no sólo para prevenir, sino que para aportar luces en la investigación de los delitos.

¿Usted cree que es necesaria una propuesta por parte del gobierno para llegar a un acuerdo para evitar la violencia en la zona?

Ese es un tema que escapa a nuestras atribuciones. La Fiscalía solo investiga delitos, interviene cuando un ilícito ya ha acontecido.  Nuestro mandato constitucional se limita solo a perseguir delitos, independiente de quiénes los cometan y dar protección a víctimas y testigos.