Fiscal dice que testimonio de Bachelet generó nuevas diligencias
Sergio Moya tomó la declaración de la Mandataria el 24 de mayo a primera hora en La Moneda.
Fue el fiscal de Rancagua Sergio Moya quien tomó la declaración que, en calidad de testigo, prestó la Presidenta Michelle Bachelet el martes 24 de mayo en el marco del caso Caval.
"Fue una diligencia que se dio en términos muy normales. Se obtuvo toda la información que estábamos buscando. Hubo un claro ánimo de cooperación (de la Presidenta), declaró sin la asesoría de nadie, declaró sola", explicó ayer Moya a La Tercera sobre el interrogatorio que se efectuó a primera hora de ese día en el Palacio de La Moneda.
La diligencia, que buscaba conocer de primera fuente si la Mandataria tuvo conocimiento de la operación inmobiliaria de la empresa de su nuera, Natalia Compagnon, con tres terrenos en Machalí a partir de un crédito del Banco de Chile por $ 6.500 millones, fue revelada por el propio gobierno la tarde del viernes.
Ese día el ministro del Interior, Jorge Burgos, explicó que si bien la idea era mantener en secreto la diligencia hasta que la fiscalía determinara cuándo hacerla pública, se quiso anticipar la información para no generar la sensación de que se relacionaba con las interceptaciones que Carabineros hizo de conversaciones telefónicas del operador inmobiliario Juan Díaz. En una de estos diálogos, Díaz le aseguraba a una tercera persona no identificada que Compagnon le había señalado que Bachelet debía ser una de las personas beneficiadas con la compra de terrenos en la Sexta Región.
Sobre las afirmaciones de Juan Díaz interceptadas por la policía, el fiscal Moya dijo a este diario que "no hay ningún antecedente que respalde la credibilidad de esa escucha".
Con todo, señaló que la "declaración (de la Presidenta) generó nuevas diligencias" y que por eso fue decretada bajo reserva durante cuarenta días.
La idea, comentan en fiscalía, es seguir agotando la investigación en el caso Caval, donde ha sido formalizada una docena de imputados, entre ellos la nuera de la Presidenta, el otro socio de Caval, Mauricio Valero, el síndico de quiebras, Herman Chadwick, Juan Díaz y la ex asesora de la Municipalidad de Machalí, Cynthia Ross Wiesner.
Sobre la determinación de dejar en reserva el testimonio entregado por la Mandataria, el fiscal Moya dijo que era para no afectar el curso de las indagatorias, advirtiendo que cuando las diligencias son liberadas para las partes se corre el riesgo de que sean filtradas, como, a su juicio, ocurrió con las escuchas telefónicas a Díaz.
"Adoptando los resguardos adecuados, se puede asegurar una reserva como la de esta diligencia (declaración de Bachelet) y de otras. Cuando perdemos el control es cuando les entregamos las copias a los intervinientes. Y al día de hoy hay más de 40 abogados habilitados y de ahí perdemos el control de la información, que es lo que pasó con la famosa escucha (telefónica)", afirmó Moya.
"La transcripción de esa escucha fue entregada a principios del mes de enero de este año, está en poder de muchas personas y recién ahora se publicó. Ahí no hay ninguna situación irregular de parte ni de la fiscalía ni de Carabineros", agregó.
Abogados querellantes y defensores de la causa también reaccionaron ayer a las novedades de la investigación.
El querellante Mario Zumelzu valoró la decisión de la fiscalía de tomar declaración de la Presidenta Bachelet "para completar todas las aristas de la investigación".
Zumelzu ya había solicitado que el Ministerio Público interrogara a la Mandataria, pero el entonces fiscal a cargo de Caval, Luis Toledo, lo había desestimado. "Nosotros estimamos que la declaración sí era necesaria y va a ser muy interesante conocer su contenido", agregó el jurista.
A su turno, el abogado defensor de Natalia Compagnon, Antonio Garafulic, señaló que la declaración de Bachelet "es una diligencia que me parece que es normal dentro del proceso, y además es una diligencia que es voluntaria".
Sobre la conversación de Juan Díaz interceptada por Carabineros y en la cual señala que Compagnon le refirió que Bachelet debía estar entre los beneficiados del negocio inmobiliario de Caval, Garafulic dijo que la credibilidad de ese imputado tiene "cero relevancia". "No existe ningún elemento del proceso que avale las acciones de Juan Díaz", agregó, junto con no descartar acciones legales en su contra.
En tanto, el abogado de Díaz, Carlos Astorga, dijo que están estudiando posibles diligencias a solicitar.
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