Fiscal Gajardo advierte posible configuración de fraude al Fisco por asesorías a parlamentarios

Luego del remezón que provocó un reportaje de radio Biobío sobre los pagos que efectuó el senador Alejandro Guillier por informes encargados a asesores externos y que contenían plagios de información gratuita disponible en los portales del mismo Congreso -y que derivó en una pugna entre el Senado y la fiscalía por la intención del Ministerio Público de abrir una investigación a fondo en esa corporación-, ayer los cuestionamientos se ampliaron a la Cámara.

Según se afirmó en reportajes de Ciper Chile y de T13, alrededor de un tercio de los diputados ha pagado por informes que contienen plagios parciales o totales, abarcando a legisladores de prácticamente todos los partidos políticos.

Sobre estas denuncias, el fiscal Carlos Gajardo -que justamente indaga una causa sobre estas asesorías en la Cámara- señaló en T13 que "si en definitiva lo que se está entregando es un informe copiado que está disponible en internet evidentemente eso puede dar lugar a configurar un delito de fraude al Fisco".

En este sentido dijo que la motivación del Ministerio Público es verificar si existen "informes que no son tales y que el documento que se entrega para justificar el pago sea principalmente una fachada que enmascara un pago que no tiene causa". También determinar "si además esos fondos no están destinados al propio beneficio de quien hizo el informe sino que están desviados con otros fines, eso también es otro poderoso indicio de hechos constitutivos de delitos", agregó.

Consultado por el mismo tema, el secretario de la Cámara, Miguel Landeros, descartó en T13 una colusión entre parlamentarios y asesores para desviar recursos públicos.

Entre los parlamentarios individualizados en el reportaje de Ciper figuran los DC Gabriel Silber y Roberto León, los UDI Claudia Nogueira y Gustavo Hasbún, la diputada PC Camila Vallejo, el PS Osvaldo Andrade y el radical Carlos Abel Jarpa. Todos ellos son mencionados como los legisladores que han recibido más documentos copiados de fuentes sin citar.

A modo de ejemplo, se señala que el diputado Ricardo Rincón (DC) recibió en febrero de 2016 un documento "de siete páginas -incluida la portada-, donde toda la información está plagiada de monografías.com, una página web que utilizan los escolares para hacer tareas". La asesora que realizó el informe recibió, según, el reportaje un total de $ 2,2 millones.

Respecto a la metodología usada por Ciper para verificar los informes encargados por los diputados, se explicó que se procedió a revisar los documentos elaborados por los asesores externos de los miembros de la Cámara entre 2014 y 2016, extrayéndose una muestra aleatoria de cerca de mil informes. En esa muestra, se señala en el reportaje, se detectaron 107 informes con algún grado de plagio, 18 de ellos con plagio total, afectando a un total de 40 diputados.

"La muestra revisada para esta investigación periodística indica que la corporación desembolsó $169,6 millones en informes que presentan contenidos plagiados", se agrega en el artículo de Ciper.

Entre los legisladores que figuran recibiendo la mayor cantidad de informes plagiados figuran las diputadas Camila Vallejo y Claudia Nogueira, ambas con ocho documentos de estas características cada una.

Sobre la legisladora comunista, el reportaje señala que los ocho informes que presentan copias sin citar a las fuentes fueron elaborados en 2016 por ICAL, centro de estudios ligado al PC.

Según el artículo de Ciper, Vallejo al ser contrastada con la información anunció que pondría fin a su relación con ICAL.

"Yo estoy dispuesta a devolver el dinero de mi dieta parlamentaria si es necesario, independiente de que fue una falta al contrato por parte de ellos (ICAL)", dijo.

Respecto de la legisladora gremialista se señala que los ocho textos en entredicho corresponden a distintos asesores, entre ellos Álvaro Lavín Aliaga, socio del esposo de la parlamentaria, el ex alcalde Gonzalo Cornejo, en el Centro de Estudios Sociales y Ciudadanos, una de las sociedades que emitió boletas que fueron rectificadas por Corpesca. "Eso es una asesoría, es conversar, es analizar, es revisar textos, tomar parte de los textos originales. No son informes en derecho, no hay robo de nada", dijo la parlamentaria en declaraciones recogidas por el reportaje.

Frente a las denuncias, la Cámara emitió ayer una declaración donde se indica que "el Comité de Auditoría se encuentra analizando los informes de asesorías realizados hasta la fecha" y que "cualquier observación se resolverá conforme al ordenamiento vigente".

Según se informó a este diario, la revisión del comité de auditoría corresponde a informes efectuados entre los años 2015 y 2016, y su resultado se conocería a fines de mes.

Frente a las acusaciones y la posible existencia de irregularidades, ayer en la Cámara algunos parlamentarios analizaban la conveniencia de poner término a la práctica de contratar asesorías externas. De igual manera, normar el valor de los informes solicitados a los institutos y centros de estudios vinculados a partidos políticos.