Fiscal pide 75 años de prisión para ex dictador guatemalteco Ríos Montt por genocidio

El Ministerio Público (MP) pidió una condena de 75 años de prisión contra el ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt y su ex jefe de inteligencia, el también general retirado José Mauricio Rodríguez, en el juicio por genocidio que entró hoy en su fase de conclusiones. 

"En conclusión y con base a las pruebas presentadas y a las normas jurídicas contenidas en el artículo 65 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público pide una sentencia condenatoria en contra de los dos acusados por actos de genocidio y delitos de deberes de la humanidad, con agravio contra la población maya ixil", dijo, luego de más de dos horas de exposición, el fiscal a cargo del caso, Orlando López. 

López pidió 30 años de prisión por cada uno de los actos juzgados, aumentados en cuarta parte por agravantes citados durante la exposición.

"En total, el Ministerio Público solicita se imponga 75 años de prisión por ambos delitos y el agravante anteriormente indicado", señaló. 

También solicitó que como penas accesorias se les inhabilite en sus derechos civiles, que la sentencia sea publicada en un periódico de los de mayor circulación y se revoque el arresto domiciliario que actualmente favorece a Ríos Montt y se le confirme la prisión preventiva, por existir peligro de fuga.

El fiscal dijo que el peligro de fuga surge ante la pena que se espera como resultado de la sentencia que dicte el Tribunal.

López señaló que Ríos Montt "es responsable conforme a la ley constitutiva del ejército, por estar en la cadena de mando al más alto nivel".

Destacó que "sus batallones ejecutaron, pero todos estaban subordinados a José Efraín Ríos Montt por la cadena de mando".

Entre las evidencias mostradas, el fiscal presentó al Tribunal un video en el que Ríos Montt aparece cuando fungía como jefe de Estado de facto y en el que afirma que "si no puedo controlar al ejército ¿qué estoy haciendo aquí?". "Él dice que controla al ejército", recalcó López.

Recordó que durante su mandato de facto, Ríos Montt ejerció la presidencia de Guatemala, pero al mismo tiempo fue comandante general del Ejército y ministro de la Defensa, en tanto que Rodríguez fue el responsable de elaborar los planes "Victoria 82" que incluyeron las acciones militares contra la población maya ixil, en el norte del país.

Por lo tanto, dijo que los dos acusados "son autores responsables, de conformidad con el Código Penal, en virtud de que cooperaron a la realización del delito, pues participaron en la preparación o ejecución, sin lo cual el acto no se hubiera cometido".

Afirmó que desde el alto mando castrense, "se indujo a elaborar los planes operativos, contra la población maya ixil y cuya ejecución, es un delito consumado". Argumentó que "se dieron los presupuestos indicados, tanto en el Código Penal como en el Convenio de Ginebra" para la comisión de los delitos.

La exposición de las conclusiones por parte del MP fue el cierre de una fuerte jornada marcada por nuevas recusaciones planteadas por la defensa en contra del Tribunal A de Mayor Riesgo, en un intento por retardar o provocar la suspensión del debate.

El Tribunal, sin embargo, rechazó las acciones legales y decidió prescindir de los testigos propuestos por la defensa, por considerar que ésta tuvo el tiempo suficiente para presentarlos. Acto seguido, definió la forma para la presentación de las conclusiones por ambas partes.

La presidenta del Tribunal, Jazmín Barrios, estableció que el orden de presentación de conclusiones se iniciaría con el Ministerio Público para continuar con los dos querellantes adhesivos y posteriormente corresponderá el turno a la defensa de los dos ex militares.

Por la hora avanzada del día, la jueza definió que este miércoles sólo se cumpliría con la presentación del MP, a cargo del fiscal a cargo del caso, Orlando López, y que mañana se continuaría con las demás partes procesales.

Ríos Montt y Rodríguez son acusados por la muerte de 1.771 indígenas de la etnia ixil, de los cuales, según la Fiscalía, el 38 por ciento eran menores de edad. Los hechos ocurrieron en el departamento montañoso de Quiché en los años 1982 y 1983 cuando Ríos Montt fue jefe de Estado de facto.