Fiscalía analiza pedir que ex ejecutivo brasileño declare por financiamiento de avión de ME-O

Un mensaje en Facebook escribió ayer Marco Enríquez-Ominami, contando una visita que realizó el sábado a un canal comunitario de TV en La Legua. "El conductor del programa (...) me dijo que no decayera, que siguiera adelante a pesar de los golpes. Hablamos de derrotar la pobreza y desigualdad, así como también de los temas con los que han querido deslegitimar nuestro proyecto político (...). Les faltará para derribar al PRO, el partido más transparente de Chile, según la Fundación Chile Transparente", comentó en esa red social.

Esa fue su única intervención pública ayer, en la que no aludió a los dichos de Augusto Uzeda, ex director internacional de la empresa constructora OAS, sobre el avión que utilizó durante su campaña, en 2013, por un período de tres meses. Y tampoco respondió a las consultas de La Tercera para conocer su versión. El ex ejecutivo admitió a Reportajes que esa aeronave fue facilitada por la compañía a ME-O como una "decisión institucional" y como una suerte de "donación por una amistad personal".

La fiscal Ximena Chong, jefa de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte, lleva adelante una investigación junto a la Brigada de Delitos Funcionarios (Bridef) de la PDI para establecer si hubo algún delito tributario o alguna infracción a la Ley Electoral o a la normativa sobre donaciones.

Así, quienes están al tanto de la indagatoria dicen que, tras los dichos de Uzeda, la fiscal analiza solicitar la declaración del ex ejecutivo.

Las mismas fuentes explican que el mecanismo que utilizaría es comunicarse con autoridades brasileñas a través de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradición (Uciex) del Ministerio Público para que la fiscalía de ese país le tome declaración, y que ese testimonio se envíe a Chile.

El domingo, Uzeda también aludió a la versión entregada por ME-O en marzo. "No sé por qué no habla con los periodistas de una manera clara y transparente sobre el arreglo que hubo con nosotros. Si OAS hizo una donación para Marco por una amistad personal, me parece un tema tan banal, tan menor, que no entiendo por qué no lo transparentó. Por qué no habló con la verdad", dijo.

El 17 de marzo, luego que se revelara que utilizó ese avión en su campaña, Enríquez-Ominami dijo en radio Agricultura que con el avión "no hay aportes extranjeros" y que "lo pagamos nosotros". Además, aseguró que su uso "se declaró por la vía publicitaria" y que había sido simplemente una "desprolijidad" no haber declarado ante el Servel el gasto específico sobre ese jet.

En la misma línea, días antes el vicepresidente del PRO, Camilo Lagos, señaló que "el avión fue parte del paquete que ofreció la agencia brasileña que vino a Chile". Esa vez, Lagos también añadió la siguiente explicación: "Legalmente, nosotros como campaña no podemos gastar en un servicio provisto por extranjeros (...). El mismo Servel nos sugería hacerlo a través de agencias chilenas, y lo hicimos por una agencia chilena que contrató a la agencia brasileña". Con eso apuntaba a la empresa Cono Sur Research, del periodista Cristián Warner, ex mando derecha de ME-O. La versión que por esos días dio el PRO fue que el pago del avión estaba incluido en una factura por $ 170 millones entregada por la empresa de Warner.

Así buscaban desestimar una posible vulneración de la Ley Electoral, que prohíbe aportes extranjeros para campañas (ver recuadro).

En esta línea, la cifra de $170 millones que -según el PRO- incluiría el uso del avión y servicios publicitarios dista bastante de los cálculos que maneja la fiscalía. En junio, el Ministerio Público le tomó declaración, en calidad de testigo, a Carlos Astudillo, dueño de la empresa Air Dispatch, que le realizó servicios en tierra al jet brasileño durante su permanencia en Chile. Y en ese interrogatorio, Astudillo entregó una estimación de lo que debería haber costado el uso de un jet privado durante tres meses: 5 millones de dólares.