Fiscalía de Arica pide 221 años de presidio para imputados por caso de corrupción pública

Penas que en total suman 221 años y 541 días de presidio solicitó la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota en la acusación presentada contra los 17 imputados del caso corrupción pública, por diversos delitos vinculados a la ejecución de varios proyectos de la Ilustre Municipalidad de Arica, y que alcanzan los poco más de 3.600 millones de pesos.

El libelo acusatorio fue presentado ante el Juzgado de Garantía por la Fiscal Regional Javiera López y el Fiscal Jefe de Arica Carlos Eltit. Las penas más altas solicitadas por el Ministerio Público corresponden a los imputados Jorge Frías Esquivel (51 años de presidio), formalizado por ocho delitos –asociación ilícita para comisión de delitos de corrupción, lavado de activos, dos fraude al fisco, cohecho activo, tenencia de arma de fuego y adquisición de munición, entre otros-; y Waldo Sankán Martínez (36 años de presidio), como autor de delitos de asociación ilícita para comisión de delitos de corrupción, lavado de activos, fraude al fisco, tres de cohecho activo, nombramiento ilegal y exacción ilegal. Además se solicita para ambos multas e inhabilitación para oficio o cargo público.

Asimismo, el órgano persecutor presentó acusación contra la persona jurídica Asevertrans Limitada por el delito de cohecho activo reiterado, solicitando su disolución.

La Fiscal Regional Javiera López explicó que "se presentó acusación respecto de 17 imputados por los cuales nosotros deducimos esta imputación. Las penas varían de acuerdo a la participación de cada imputado y los hechos por los cuales fueron formalizados".

Los otros acusados son Javier Araya Cortés (13 años por delitos de cohecho, fraude al fisco y asociación ilícita); Arnaldo Salas Valladares (6 años por negociación incompatible y asociación ilícita y otros 541 días por fraude al fisco); Fernando Vargas Villarroel (13 años por dos fraude al fisco y asociación ilícita); Rodolfo Hernández Morales (6 años por fraude al fisco y asociación ilícita); Rodrigo Ortiz Arenas (16 años por lavado de activos, asociación ilícita y fraude al fisco); Marcela Palza Cordero (8 años por cohecho pasivo y fraude al fisco); María Becerra Jelvez (8 años por cohecho pasivo y fraude al fisco); Eloy Zapata Espinoza (8 años por cohecho pasivo y fraude al fisco); Patricia Fernández Araya (8 años por cohecho pasivo y fraude al fisco); Enrique Orellana Muñoz (7 años por fraude al fisco y nombramiento ilegal); Héctor Arancibia Rodríguez (11 años por fraude al fisco, asociación ilícita y cohecho); Gerardo Gajardo Castro (10 años por lavado de activos); Ruperto Ojeda Vildoso (10 años por cohecho y uso malicioso de instrumento privado falso); Sergio Navarro Navarro (7 años por fraude al fisco); y Manuel Terraza Vásquez (3 años por fraude al fisco).

En el marco de esta investigación, la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota ofreció distintas evidencias. Entre ellas se cuentan más de mil documentos, entre pericias contables y otros informes, además de testigos y peritos, medios de prueba con los cuales pretende acreditar cada uno de los ilícitos.

"Tenemos la tranquilidad que se ha hecho un trabajo bastante riguroso y serio, y que también eso va a permitir a las defensas poder acceder a los antecedentes de mejor manera y poder ejercer los derechos que les corresponden. Hay que considerar que se trata de 101 tomos de investigación y eso se traduce en numerosa prueba", agregó la autoridad regional de la Fiscalía.

La investigación de la Fiscalía abarca delitos cometidos en el marco de tres propuestas públicas licitadas por la Municipalidad de Arica. En este sentido, se estableció que se cometieron diversos ilícitos en la ampliación del contrato del vertedero que suscribió la empresa Asevertrans con la municipalidad. La indagatoria determinó que su representante legal Jorge Frías ofreció beneficios económicos a los entonces concejales para que votaran a favor de la renovación del contrato del vertedero, lo que finalmente sucedió el 3 de febrero de 2012, extendiéndose por dos años el convenio y por el cual la empresa recibiría la suma de $657.576.000 pesos. Asimismo, se estableció que el entonces alcalde Waldo Sankán también realizó, a cambio de dinero, acciones destinadas a obtener los votos para la ampliación a favor del empresario.

Otra de las propuestas investigadas se refiere a la limpieza de los contenedores de basura, adjudicada a la empresa Sovinca, de propiedad del acusado Rodrigo Ortiz, mediante la cual se estableció que la municipalidad pagó millonarias sumas de dinero a la firma por trabajos incompletos y que no se ajustaban a las bases. Dichas irregularidades se ejecutaron con la connivencia de varios inspectores municipales que también se encuentran en calidad de acusados en esta indagatoria.

A ello se suma la investigación por la propuesta de mantención de áreas verdes, la que determinó que el empresario Ruperto Ojeda pagó la suma de 24 millones de pesos al ex alcalde Sankán para adjudicarse dicha licitación.

El pasado 16 de agosto, los también imputados por este caso Elena Díaz Hevia, Lilian Pérez Roque y Nixon Hip Urzúa se acogieron a la salida alternativa de Suspensión Condicional del Procedimiento que les ofreció la Fiscalía, en base a que las penas asignados a los delitos por los cuales fueron formalizados no exceden los tres años de privación de libertad y  no registran antecedentes penales. Estas tres personas quedaron con la condición de firmar de manera bimensual en el Ministerio Público y fijación de su domicilio. En el caso de Nixon Hip, además deberá cancelar al Fisco la suma de 300 mil pesos.

A partir de ahora, el Juzgado de Garantía deberá fijar día y hora para la realización de la audiencia de preparación de juicio oral.