Fiscalía investiga estafa en Ciudad Deportiva tras querella de Zamorano

Para diciembre, el jefe de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía Oriente, Roberto Contreras, tiene previsto tomarle declaración como testigo a Iván Zamorano.

El ex deportista, quien reside desde agosto de 2016 en Miami, Estados Unidos, y se desempeña como comentarista de la cadena Univisión, será interrogado en el marco de la investigación que tuvo su origen en una querella que el ex seleccionado nacional presentó en mayo en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, a través de su empresa Del Inca Sociedad de Inversiones Limitada. Esta firma es la concesionaria del espacio físico donde está la Ciudad Deportiva. La acción legal fue por el delito de estafa y apropiación indebida.

En la querella, Zamorano acusa a "su hombre de confianza", el gerente general de Del Inca, Miguel Fernández Ainzua, y al dueño de la empresa RedSolución, José Miguel Guzmán Pérez, de haberlo defraudado con $ 85 millones que iban a invertirse en la Ciudad Deportiva.

Según detalla la presentación, este es un "centro que reúne diversas disciplinas, representadas cada una de ellas por destacados deportistas de excelencia (tales como Nicolás Massú y Tomás González, entre otros)".

El documento señala que en 2014, como consecuencia de una mala administración, el centro debió enfrentar diversas deudas tributarias. Así, para inyectar recursos al proyecto, se incorporó Alejandro Kock Schulz, quien adquirió un 30 % de la propiedad de Del Inca.

Fue en este contexto, indica el texto, que el gerente general de Ciudad Deportiva, Miguel Fernández, presentó a Zamorano y Kock con el dueño de RedSolución, José Miguel Guzmán. Este último les ofreció sus servicios para captar fuentes de financiamiento y "obtener recursos para el pago de la importante deuda tributaria, previsional y bancaria que a esa fecha mantenía Ciudad Deportiva".

Así, detalla la querella, Fernández Ainzua terminó -sin consultarles a sus socios- el contrato que la sociedad tenía con la empresa de auditorías contables Ernst & Young y le entregó las tareas de control tributario y contable a RedSolución. "Esto, en la práctica, permitió y facilitó la actuación ilícita de los querellados, al eliminar todo control real sobre lo que ambos hacían".

En noviembre de 2016, el recinto logró el financiamiento de una Sociedad de Garantía Recíproca (ente que facilita el acceso al crédito bancario a las micro, pequeñas y medianas empresas), de nombre comercial MultiAval.

Así, indica el texto, se pudo pagar la deuda tributaria y se inyectaron $ 165 millones destinados "a ser un capital de trabajo, para generar mantención y arreglos de la ciudad". La administración de los fondos quedó a cargo de Fernández.

En ese sentido, la querella destaca que el contrato con MultiAval se pactó fuera del ámbito establecido con RedSolución, "por lo que no le correspondía a dicha entidad pago alguno".

Sin embargo, explicó Mauricio Daza, abogado que representa a la Ciudad Deportiva Iván Zamorano, "al poco andar se volvieron a acumular deudas, lo que no era consistente con los aportes y flujos esperados de Ciudad Deportiva, descubriéndose graves irregularidades en la gestión efectuada por Miguel Fernández, quien era el gerente del proyecto, además de persona de confianza de Iván Zamorano".

De acuerdo a una auditoría interna, quedaron en evidencia movimientos de dinero sin respaldo, además de incumplimientos tributarios, falta de pago a proveedores, "detectándose partidas calificadas como 'fraude' (...) relativas a RedSolución, la cual obtuvo pagos por servicios no realizados".

En concreto, acusa Zamorano, Fernández pagó a Guzmán -a través de su empresa RedSolución- $ 85 millones por servicios inexistentes entre junio y julio de 2016. Los montos, dice la querella, fueron entregados a través del depósito de varios cheques y transferencias electrónicas de $ 5 millones. Luego, el 6 de diciembre, Guzmán depositó a Fernández un cheque de $ 6 millones. "Estos hechos ilícitos han causado gran daño patrimonial a la empresa, además de sus dueños, Kock y Zamorano", dice el escrito.

El fiscal Roberto Contreras dijo que "se envió una orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI". Así, la policía y fiscalía deberán tomar declaración como testigos a los dueños de Ciudad Deportiva, y como imputados al ex gerente general del mismo centro y al representante de RedSolución. Además, se requirieron los registros contables de ambas empresas, de 2014 a la fecha.

El abogado querellante dijo que se entregaron a la Bridec los movimientos contables de Ciudad Deportiva, "además de antecedentes acerca de millonarias compras al contado de vehículos y pagos inmobiliarios que realizó Fernández en el periodo en que estaba a cargo del proyecto".

Daza añadió que "Alejandro Kock ya declaró ante la PDI, y esperamos que Iván Zamorano declare como víctima en diciembre".

El abogado de Miguel Fernández, Pablo Figueroa, señaló que no se referiría al caso. Esto, debido a que su cliente va a ser interrogado por la PDI la próxima semana.