Fiscalía pedirá entre cinco y siete años de cárcel para Rafael Garay

Un total de 389 días estuvo en prisión el ingeniero comercial Rafael Garay Pita. Su reclusión comenzó el 18 de noviembre del año pasado, cuando fue detenido en Rumania tras un requerimiento del fiscal Centro Norte José Morales, quien lo está investigando por una presunta estafa cercana a los $ 1.800 millones. Su cautiverio terminó ayer, luego de que el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago determinara modificar la medida cautelar que había en su contra -la prisión preventiva- y ordenara sustituirla por arresto domiciliario total.

Con esta resolución, el caso de Rafael Garay ya entra en la recta final. Se espera que en las próximas semanas el Ministerio Público presente acusación, en que se solicitará un rango de pena que va entre los cinco años y un día y siete años de cárcel. Esto, por el delito de estafa reiterada. Fuentes del caso indicaron que la fiscalía no pedirá el tope de pena que establece la ley, es decir, 10 años de presidio, ya que se le reconocerá la atenuante de irreprochable conducta anterior.

Según ha establecido la investigación realizada por el fiscal José Morales y la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, Garay contactó a diversos clientes para que invirtieran en su empresa Think & Co, con la promesa de un 18% de rentabilidad anual. Sin embargo, los dineros que recibió los habría gastado en pagar supuestas utilidades de los mismos clientes y en sus gastos personales, sin que se evidenciara inversiones en instrumentos bursátiles. Por esto es que el Ministerio Público plantea que el presunto fraude protagonizado por Garay entraría dentro de la categoría de estafa piramidal. El ingeniero, de acuerdo a la indagatoria, aprovechaba su figuración mediática para generar confianza en las víctimas.

Audiencia

En horas de la mañana de ayer, el fiscal José Morales y el abogado defensor Daniel Celis debatieron por la libertad de Garay en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago. El persecutor se negó, argumentando que no habían cambiado los argumentos que, en primer lugar, lo enviaron a prisión. Esto es el peligro de fuga.

Morales recordó que el ingeniero huyó del país con destino a Rumania, tras indicar a cercanos y clientes que viajaría a París para tratarse un supuesto tumor cerebral terminal.

Sin embargo, el tribunal estimó que Garay ya había pasado suficiente tiempo en prisión y, además, apuntó a que existían informes sicológicos que avalaban la libertad del imputado. Eso sí, junto con dictar el arresto domiciliario total para el ingeniero, también determinó que deberá someterse a un tratamiento para tratar su alcoholismo.

De esta forma, poco antes del mediodía, Garay salió desde la cárcel Capitán Yáber con una bolsa negra entre manos, la que en su interior contenía parte de sus pertenencias. Luego, abordó el vehículo que lo llevaría a su nuevo lugar de reclusión: el departamento de la madre de su hijo, ubicado en la comuna de Santiago.

Su abogado, Daniel Celis, indicó que Garay "es una persona bastante distinta a la que ingresó y que realizó los fraudes. Hoy, gracias al trabajo que ha realizado Gendarmería con él y al tratamiento psiquiátrico que ha recibido, se ha logrado estabilizar y este periodo de abstinencia lo ha ayudado demasiado". Agregó que "ha retomado su relación con la madre de su hijo, tiene una motivación distinta al momento en que él ingresó a prisión preventiva".

En tanto, el fiscal José Morales señaló que "el señor Garay ya se fugó en una oportunidad anterior, por lo tanto, obviamente, es una posibilidad cierta y tenemos antecedentes concretos en ese sentido".

Otro tema que se discutió en la jornada fue sobre la persona que ofreció darle trabajo a Garay: un imputado que se encuentra formalizado por casinos ilegales. Al respecto, Celis aseguró que "no tiene mucha trascendencia esa persona, que supuestamente está formalizada, no está condenada por ningún delito. Actualmente, las medidas cautelares respecto de ese imputado se alzaron, así que no veo cuál es el problema o el conflicto que pueda tener el Ministerio Público respecto de la persona que le está ofreciendo trabajo".

Morales, en tanto, aseguró que "la persona que supuestamente va a emplear al señor Garay está formalizada por asociación ilícita y delitos tributarios".

Rodrigo Bravo, abogado querellante, indicó que estudia apelar a la resolución del tribunal. "El arresto domiciliario total es la medida más intensiva después de la prisión preventiva, y lo que nos preocupa, como querellantes, es que efectivamente las condiciones de este arresto se puedan cumplir y que Carabineros pueda contar con los recursos para mantener un punto fijo en el domicilio durante todo el tiempo que resta hasta que él enfrente el juicio oral".

En tanto, el también querellante Jorge Valdivieso señaló que "me parece una muy mala señal que el tribunal tome en cuenta circunstancias que, a nuestro juicio, no concurren. Por una parte, el juez estimó como reparación del mal causado el depósito de $ 5 millones en una estafa que bordea los $ 2 mil millones. Este razonamiento nos parece poco apegado a las máximas de la experiencia que debió tener a la vista el tribunal".