Fiscalía: pruebas de Carabineros en Operación Huracán fueron manipuladas

"(Las diligencias pendientes) dan cuenta de la desidia y desprolijidad en el trabajo investigativo por parte de la Unidad de Inteligencia Especializada de Carabineros". Esta es una de las frases que contiene el escrito que hoy ingresó la Fiscalía de La Araucanía al Juzgado de Garantía de Temuco, en que daba a conocer una decisión clave que marcará el futuro de la causa en contra de ocho personas por atentados en la zona, conocida como la Operación Huracán: no perseverarán en la investigación y cerrarán el caso.

Además, en el escrito la fiscalía plasmó los motivos de su decisión: "Al haberse aportado por parte de funcionarios de Carabineros información y antecedentes de cargo que presentan múltiples anomalías e irregularidades (...), condiciones que hacen dudar fundadamente de su veracidad y autenticidad, el Ministerio Público se ve impedido de continuar con la prosecución de esta indagatoria criminal".

La Operación Huracán generó, a fines de septiembre, el arresto de ocho personas que tendrían vinculación con los ataques incendiarios. Entre los detenidos estaban el vocero de la Coordinado Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, así como otros presuntos cabecillas del grupo Weichan Auka Mapu (WAM). Los otros imputados son Ernesto Llaitul, Jaime Huenchullán, Rodrigo Huenchullán, Fidel Tranamil, Martín Curiche, David Cid y Claudio Leiva.

Las pruebas que llevaron a las aprehensiones fueron obtenidas por Carabineros a través de la Ley de Inteligencia y el 20 de septiembre fueron liberadas para que estuvieran en conocimiento de la fiscalía. Esto derivó en el operativo.

Las principales evidencias entregadas por la policía uniformada eran conversaciones por los servicios de mensajería celular WhatsApp y Telegram, que daban cuenta de las supuestas coordinaciones entre los imputados para concretar los atentados. En uno de estos diálogos, por ejemplo, Llaitul señalaría a David Cid que esperaba que durante este año (2017) se quemara un total de 100 camiones. Todo eso fue dado a conocer por la fiscalía en la audiencia de formalización del 24 de septiembre, que terminó con los imputados en prisión preventiva. Esto cambió el 19 de octubre, cuando la Corte Suprema ordenó la libertad de todos porque la resolución que ordenó la prisión no estaba bien fundamentada. Sin embargo, a nivel investigativo, con el pasar de los días, la situación se comenzó a complicar. En un principio, los primeros peritajes a los teléfonos celulares de los imputados, realizados por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), entregaban coincidencias entre la información dada a conocer por la policía uniformada (mensajes detectados) y la hallada en los aparatos tras su incautación.

El problema se generó cuando llegó a manos de los fiscales el informe 861-2017. Ahí, "no se plasman hallazgos sobre conversaciones telefónicas respecto del teléfono de Martín Curiche (uno de los imputados), cuestión que sí se encuentra señalada en el preinforme con fecha 24 de septiembre de 2017", indica el escrito del Ministerio Público. Incluso, explican en ese documento que habían pedido 27 diligencias y que sólo se concretaron tres.

A raíz de esto, y para salir de las dudas, las evidencias rescatadas de los teléfonos celulares fueron enviadas a la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (Uideco) de la Fiscalía Nacional, para que este departamento realizara un análisis independiente. La respuesta llegó el 28 de diciembre, en que "se pudo constatar la existencia de algunos archivos que no guardarían relación con las formas en que se almacenan las mensajerías al interior de los dispositivos telefónicos (...), dando cuenta de la posible instalación de esa información por parte de terceros".

La Fiscalía Nacional, además, llegó a otra conclusión clave: de todos los teléfonos incautados, solo dos tenían instalado WhatsApp y uno Telegram. No es todo: una conversación que habría estado en el teléfono de Curiche "tiene fecha de registro en el equipo posterior a la fecha de incautación".

Las decisiones de la fiscalía no se quedaron solamente en cerrar la Operación Huracán. Además, el 28 de diciembre, el fiscal Cristian Paredes decidió abrir una causa penal por falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación contra todos quienes resultan responsables. Esta indagatoria, que sería trabajada con la PDI, apunta a los efectivos de Inteligencia de Carabineros que estuvieron tras la operación contra Llaitul. Hoy, durante la tarde, se reunió de emergencia el Alto Mando de la institución para analizar estas acusaciones del Ministerio Público.

Además, el Ministerio del Interior informó que "se requirió una investigación administrativa inmediata, destinada a esclarecer las denuncias. Esta estará a cargo del subdirector de Carabineros, general Julio Pineda"

Eso sí, el quiebre generado entre el Ministerio Público de la IX Región y la policía uniformada va más allá. El fiscal jefe de la Unidad de Alta Complejidad, Luis Arroyo, presentó una querella acusando que efectivos de realizar un montaje en su contra, que lo vincula a una supuesta filtración de información por parte de una funcionaria de la fiscalía a Llaitul. Esta mujer, según la denuncia que hizo la policía uniformada, le habría entregado al vocero de la CAM los nombres de las personas que serían detenidas . Y la forma en que la funcionaria habría conocido esta información sería por tener una relación sentimental con Arroyo. El fiscal expuso en su querella que estos antecedentes "al parecer persiguen crear un daño irreparable a mi imagen (...), quizás con la intención de hacerme a un lado de las investigaciones que dirijo y, a la vez, justificar el fracaso en sus operaciones investigativas".

El fiscal nacional, Jorge Abbott, indicó que esto "es un hecho inédito y gravísimo, puesto que significa alterar pruebas", por lo que se abrió una causa contra quienes "resulten responsables de haber manipulado" los antecedentes. Respecto a cómo se desarrolló este caso, el jefe del Ministerio Público explicó que "cuando la fiscalía solicita a Carabineros que se entregue la información básica sobre la cual se fundan los antecedentes, al no tener respuesta se hizo una pericia a los teléfonos incautados durante la detención y se ha podido determinar, a través de un peritaje hecha por expertos de la fiscalía, como por un perito externo, que se habrían incorporado con posterioridad a la incautación de esos dispositivos".

En la misma línea, el fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, dijo que "se han reunido una serie de antecedentes periciales que dan cuenta que hubo manipulación de la evidencia incautada".

La defensora de Llaitul, Patricia Cuevas, señaló que "esto algo muy serio, ha sido establecido que existen circunstancias en que carabineros están involucrados de instalar pruebas dentro de aparatos celulares".

Además, se pedirá el sobreseimiento definitivo de todos los involucrados. En tanto, uno de los imputados, Jaime Huenchullán, manifestó que "esto obedecía a un montaje político judicial (...) nos estamos reuniendo para definir las acciones legales en contra del Estado".

Durante esta noche trascendió que este viernes podrían realizarse diligencias en el marco de la causa por obstrucción a la investigación, tales como allanamientos e incautación de documentos en recintos policiales.