Fuerzas federales de México aceleran la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos

Los centenares de policías y militares desplegados en la ciudad mexicana de Iguala (sur) pretenden este  martes acelerar la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos hace más de  diez días y dar alguna certeza sobre su suerte a las desesperadas familias. 

Los padres de los jóvenes siguen negándose a creer, como temen las autoridades, que algunos de los estudiantes estén entre los 28 cadáveres desenterrados de fosas clandestinas halladas en un área montañosa de Iguala y  que aún no han sido identificados.

En medio de la indignación nacional que ha generado este caso, el presidente Enrique Peña Nieto ordenó el lunes el envío de fuerzas federales e  investigadores para asumir el control de Iguala, cuya policía municipal es sospechosa de haber colaborado con narcotraficantes en los tiroteos contra los  estudiantes que precedieron a las desapariciones. 

Después de desarmar a todos los agentes municipales y de trasladarlos a una base militar lejana para ser evaluados, el flamante nuevo cuerpo policial de  Gendarmería quedó encargado de la seguridad de esta ciudad de 140.000 habitantes en la empobrecida y convulsa región de Guerrero.

Vamos a estar "el tiempo necesario para el restablecimiento de la  tranquilidad y hasta que se aclaren todos los hechos", aseguró la noche del  lunes a la prensa el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, al  mando de unos 400 agentes.

Las autoridades no precisaron la cifra de policías locales desarmados, pero  la fiscalía estatal interrogó la semana pasada a

143 agentes y detuvo a 22 de  ellos, acusados de trabajar al servicio del cártel local Guerreros Unidos.

Ojalá que el despliegue de fuerzas federales "no fuera nada más que cuando  hay problemas (...) porque nosotros, como ciudadanos, en muchas ocasiones nos  sentimos desprotegidos", dijo a la AFP Ilario Villalobos, vecino de Iguala.

Peña Nieto prometió que su gobierno castigará a los responsables de este  crimen que ha sido calificado por Naciones Unidas como uno de "los sucesos más  terribles de los tiempos recientes" en México.

MILICIAS ANUNCIAN COLABORACIÓN 

Entretanto, miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero, una organización indígena que desde hace 17 años se armó para proteger a sus comunidades, anunciaron que se unirán sin sus armas a las labores de búsqueda de los jóvenes.

En un breve mensaje a medios locales, los milicianos precisaron que lo  harán porque entre ellos también hay padres de los estudiantes.

Los jóvenes están desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre cuando  policías y narcotraficantes dispararon -por motivos desconocidos- contra varios  autobuses de los que se habían apoderado para regresar desde Iguala -donde  fueron a recaudar fondos- a su cercana escuela de magisterio de Ayotzinapa, un  centro rural conocido por su activismo de izquierda. 

En esos tiroteos murieron seis personas, incluidos tres estudiantes, y se  reportó la desaparición de los 43 alumnos, muchos de los cuales fueron vistos  por última vez en patrullas policiales.

Desde entonces, el combativo colegio de Ayotzinapa se ha convertido en  centro de reunión de familiares, que se resisten a creer que sus hijos estén  muertos y acusan a la policía local de su desaparición. 

"Queremos que nos los devuelvan, nos estamos muriendo", confesó uno de los  padres, un campesino de rostro curtido por el sol y sombrero ranchero.

La fiscalía regional asegura que dos sicarios de los Guerreros Unidos  detenidos confesaron haber asesinado a 17 de los estudiantes en el mismo cerro  de los alrededores de Iguala donde fueron halladas las fosas. 

Pero las autoridades insisten en que para confirmar la identidad de los  cadáveres hay que esperar al resultados de los exámenes forenses, que pueden  durar más de dos semanas.

CARTEL AMENAZANTE 

En medio de este clima de tensión, el gobernador de Guerrero, Ángel  Aguirre, dio cuenta el lunes de la aparición de un amenazante cartel en Iguala  con firma de los Guerreros Unidos, que le daba 24 horas para liberar a los  policías municipales detenidos.

"Ya empezó la guerra", rezaba esa manta que desafiaba, en caso de que no  haya liberaciones, con divulgar a partir del martes los nombres de los  funcionarios que habrían apoyado al cártel.

El director de Seguridad Pública y el alcalde de Iguala son buscados por  las autoridades desde los tiroteos.

El caso de Iguala es un nuevo ejemplo de la profunda infiltración del  narcotráfico en organismos policiales de México, donde se han registrado más de  80.000 muertos y 22.000 desaparecidos desde el arranque del combate militar al  narcotráfico en 2006.