Garzón afirma que sus actos buscaban evitar el olvido de las víctimas franquistas

"Tomé las decisiones que entendí ajustadas a Derecho para investigar perseguir y sancionar crímenes masivos de desapariciones que aún permanencen para que no se produzca el olvido y la falta de memoria", señaló el juez español Baltasar Garzón, quien está siendo juzgado por abrir una causa penal contra las violaciones de los derechos humanos cometidos durante el franquismo y la guerra civil española, declarandose competente en el 2008 para investigar los crimenes.

El  magistrado Luciano Varela, quién lleva el caso, consideró que el juez prevaricó en su investigación y sólo defendió los argumentos de la acusación en el proceso.

El juicio quedó hoy visto para sentencia en el Tribunal Supremo español, en una sesión en la que el juez dijo que estaba tranquilo y que actuó para evitar el desamparo y el "olvido" de las víctimas. "El tribunal del hombre es su conciencia", dijo Garzón, citando al filósofo alemán Emmanuel Kant, para después añadir que creía "ajustadas a derecho" las decisiones que tomó para investigar los crímenes masivos, desapariciones forzadas y detenciones ilegales.

Previamente, la acusación  ejercida por el sindicato ultraderechista Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad, habían mantenido su petición de 20 años de inhabilitación para el magistrado por el delito de prevaricación, mientras que la Defensa y la Fiscalía solicitaron su absolución.

En su informe final, el abogado de Manos Limpias, Joaquín Ruiz Infante, acusó a Garzón de abrir una causa general para enjuiciar "un movimiento, una época".

Ruiz Infante subrayó que Garzón actuó con un criterio distinto cuando rechazó una querella por la matanza de Paracuellos, que afectó a prisioneros opuestos al bando republicano al comienzo de la guerra civil española (1936-1939). El abogado centró su informe en el hecho de que Garzón archivara en 1998, "en solo 24 horas",  la querella presentada por las familias de las víctimas de Paracuellos y diez años después abriera una causa "por crímenes semejantes cometidos desde el otro lado".

"¿Se quiere sostener que los hechos ocurridos en Paracuellos no son desapariciones forzosas y sí los del bando contrario? ¿Que los enterrados en unas fosas pueden acogerse al derecho internacional y los de las otras no?", señaló Ruiz Infante.

Tanto la Defensa de Garzón como el fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, confirmaron su petición de absolución.

Gonzalo Martínez-Fresneda, abogado de Garzón, consideró que las decisiones que tomó el juez son "tan defendibles y razonables" como las contrarias, y replicó al sindicato, Manos Limpias, que la matanza de Paracuellos ya fue juzgada por el propio régimen franquista. El profesional añadió que las víctimas del franquismo estaban en situación "de total abandono".

Martínez-Fresneda recordó que, tras admitir a trámite las denuncias y antes de pronunciarse sobre su competencia, Garzón trató de determinar el número exacto de desaparecidos y se encontró con que ni la Administración ni los tribunales ni los Ayuntamientos ni los cementerios tenían ese dato. El abogado también dijo que Garzón no vulneró la Ley de Amnistía de 1977, porque el delito político no "estaba definido", y consideró que el Tribunal Supremo debería decidir si todos los "crímenes, odios y venganzas" merecían quedar bajo "el paraguas de la "intencionalidad política".

Por último, la Fiscalía mostró sus dudas sobre las verdaderas intenciones de Manos Limpias al querellarse contra Garzón al cuestionar el hecho si la acusación hubiera seguido su curso si otro juez hubiera generado la denuncia.

ONU LAMENTA CONDENA A GARZÓN
La relatora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Gabriela Knaul, y otros cinco expertos independientes dijeron que "es lamentable que el juez Garzón pueda ser castigado por la apertura de una investigación que está en línea con la obligación de España de investigar violaciones de los derechos humanos de acuerdo con los principios del derecho internacional", según señaló la agencia EFE.

Los cinco expertos forman parte del Grupo de Trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas o involuntarias, quienes expresaron su preocupación por el impacto que pueda tener en la independencia judicial el juicio contra Garzón, acusado de prevaricación por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.

"Mantener el imperio de la ley requiere un compromiso incondicional con la Justicia y los derechos humanos", manifestó Knaul, quien argumentó que "los supuestos errores en las decisiones judiciales no deberían ser una razón para la expulsión de un juez y, mucho menos, para la puesta en marcha de un proceso penal".

Gabriela Knaul, jueza brasileña con una larga experiencia en la administración de los sistemas judiciales, indicó que "la autonomía en la interpretación de la ley es un elemento fundamental en el rol de un juez y en el progreso de los derechos humanos". En este sentido, Knaul consideró que "ningún juez debería tener miedo a ser independiente en sus funciones" y recordó que, aunque tienen que responder de lo que hacen en el ejercicio de sus funciones, todas las medidas sancionadoras deben cumplir con los principios básicos de la independencia del poder judicial.

El Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias recordó que "las desapariciones forzadas son un crimen que no prescribe y una violación continua de los derechos humanos mientras el destino o el paradero de la víctima siga sin esclarecerse".