Gendarmería ha indagado 39 incendios en cárceles después de tragedia en San Miguel

El pasado 2 de agosto se encendieron las alarmas en Gendarmería, producto del principio de incendio que afectó a la cárcel de Los Andes, en la Quinta Región. Aunque el humo que salía del módulo 2 del penal no era demasiado y los 46 internos de esa sección ya habían sido evacuados, el recuerdo de lo ocurrido el 8 de diciembre de 2010, en San Miguel, donde fallecieron 81 reclusos producto de las llamas, se mantiene presente.

Lo ocurrido en Los Andes, que según los peritajes preliminares se debió a un cortocircuito, forma parte de uno de los cuatro sumarios instruidos este año por Gendarmería, relativos a siniestros o desórdenes en los cuales se generó un foco de fuego. A través de una solicitud de Transparencia, esta institución informó que, después del incidente de San Miguel, se han efectuado 175 sumarios internos "producto de desmanes, motines, incendios y otros eventos irregulares ocurridos en los penales de todo Chile". De estas investigaciones, de las cuales 101 siguen en curso, 39 correspondieron a incendios, 105 a fugas e intentos de fuga y 20 a evasiones de internos en recintos médicos. Las otras 11 son por diferentes motivos.

Los siniestros son de magnitud diversa. Algunos han causado conmoción, como el ocurrido el 13 de agosto en el penal de Quillota, Quinta Región, donde 11 reos terminaron heridos tras una riña que acabó en incendio. Otros, en cambio, sólo han implicado la quema de elementos menores, por ejemplo, un par de colchones, como sucedió el 1 de febrero de 2012 en el penal de mujeres de San Joaquín, aparentemente producto de una falla eléctrica. Frente a estos eventos, Gendarmería informó que, en 2011, como respuesta inmediata a lo ocurrido en San Miguel, "se invirtieron $ 3.028 millones asociados a equipos contra incendio". En 2012 y 2013, respectivamente, se añadieron $ 97 millones y $ 126 millones al mismo ítem.

Cilindros de gas

La institución subraya que una de las principales medidas fue el retiro de los cilindros de gas de casi la totalidad de los 88 recintos penitenciarios de Chile, combustible que antes era de uso libre por parte de los internos. "En la actualidad, sólo cuatro penales cuentan con cilindros al interior de ellos: CP Arica, CCP Iquique, CPF Santiago y CP Valparaíso. Pero sólo en secciones específicas, por ejemplo, las zonas materno-infantiles, juveniles, para adultos mayores y enfermos crónicos", destaca el coronel Christian Alveal, jefe de gabinete del director nacional de Gendarmería.

Agrega que "también se aumentó el valor de la ración alimenticia por interno, para disminuir el ingreso de comida fría a las cárceles; se estableció un programa de instalación de redes contra incendios, se capacitó al personal para actuar en estos escenarios y se han ejecutado simulacros de eventos críticos con la participación de organismos de emergencia, como la Onemi y bomberos".

El diputado Felipe Harboe, miembro de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara, es crítico respecto de la situación actual: "Faltan modificaciones estructurales a los penales, que siguen hacinados y bajo riesgo real de que ocurran incidentes serios de violencia".

El también diputado Gustavo Hasbún dice que "las mejoras en infraestructura y recursos son evidentes y las cifras de sumarios revelan una evolución positiva". Asimismo, el sacerdote Nicolás Vial, presidente de la Fundación Paternitas y capellán juvenil de los penales, expresa que "una de las cosas positivas que dejó la tragedia de San Miguel es un cambio de mentalidad. La gente ha entendido mejor que los internos merecen seguridad y un lugar digno, que posea medidas de emergencia". Agrega que "entre los reclusos jóvenes también he notado un mayor cuidado y responsabilidad con lo que el fuego puede causar, incluso en momentos de crisis".